Desde el martes pasado, hombres no identificados cercaron el estacionamiento y colocaron una cuerda amarilla a lo largo del perímetro de la carretera estatal 544 y el espacio donde antes se estacionaban los vehículos que ya no alcanzaban a entrar al aparcamiento, quizá con el objetivo de que los conductores se vean obligados a ingresar y pagar sus respectivos 30 pesos.
Y como quieren obtener dinero fácil y rápido, los encargados del estacionamiento también pusieron cinta amarilla frente al reclusorio, es decir, en la acera contigua, sin importar tapar la propiedad de un particular, tal vez con la insana intención de que nadie se estacione ahí y no les quede otra opción más que entrar al lugar que cerraron, que no es otra cosa más que un terreno polvoriento.
En ambas aceras, también pusieron letreros de “no estacionarse”; y lo peor fue ver grúas apoyadas con oficiales de tránsito municipal (cuando la carretera es estatal) para llevarse los automóviles “mal estacionados” y pedir a otros que no se pusieran en “lugar prohibido”.
En otras palabras, agentes de tránsito se prestaron al negocio que alguien arbitrariamente está haciendo con el aparcamiento de los juzgados.
Existe un enorme malestar entre abogados litigantes que tienen que acudir todos los días a los juzgados. En un escrito difundido entre grupos de WhatsApp, señalan lo siguiente:
“La comunidad jurídica de Puerto Vallarta rechazamos de manera categórica la restricción de estacionamiento en vía pública en la nueva “ciudad judicial”, así como el cobro de estacionamiento de 30 pesos, cantidad que está siendo cobrada por parte de personas ajenas al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
Dicha medida afecta a los usuarios, abogados litigantes y a los mismos funcionarios”.
Consultado al respecto, el síndico del Ayuntamiento, Francisco Sánchez Peña, dijo desconocer el tema, pero que preguntaría al Departamento Jurídico.
El estacionamiento no cuenta con licencia del Ayuntamiento, no entrega recibos o tickets oficiales a los automovilistas y hasta ahora, ni el director del reclusorio, Miguel Ángel Ayón García, ni los administradores de los juzgados, han informado sobre esta irregularidad.
Sin embargo, abogados comentan que se trata de un jugoso negocio, ya que al día ingresan por lo menos 200 coches al lugar, que, multiplicados por 30 pesos, dan seis pesos diarios, 42 mil a la semana, y 168 mil pesos, libres de polvo y paja, al mes.
Piden la intervención del Consejo de la Judicatura para detener esta arbitrariedad.
