Los integrantes del pleno coincidieron en que Mario Murgo Magaña no tuvo el cuidado de juzgar con perspectiva de género y dejó en libertad al presunto agresor de la señora Diana Lorena, que ahora se debate entre la vida y la muerte en el hospital Regional por las lesiones que le provocó el sujeto.
Al principio, trascendió que el juez responsabilizó al Agente del Ministerio Público, Pedro Córdoba Aréchiga por no informar al detenido la razón de su arresto y que por ese motivo tuvo que dejarlo en libertad con “arraigo domiciliario”.
Sin embargo, el pleno del Consejo de la Judicatura analizó ayer el caso y determinó que el Ministerio Público sí solicitó el acto de vinculación contra “El Talibán”, pero que el juez Murgo decidió ponerlo en libertad.
La semana pasada estuvo en Puerto Vallarta el presidente magistrado del del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinoza Licón, quien solicitó información de este asunto y trascendió que se había ordenado otra orden de aprehensión contra José Luis González Esparza y o Miguel Alanís Ruvalcaba, pero éste ya no está localizable; en otras palabras, se escondió o se fue de la ciudad.
Ayer por la mañana un reportero de Guadalajara entrevistó a Espinoza Licón sobre este tema y el magistrado adelantó que se analizaría el caso y que, de haber responsables, se actuaría en consecuencia.
Más tarde, se informó que el juez Murgo había sido suspendido del cargo.
En lugar de Murgo Magaña llega como juez de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal, Especializado en Violencia contra las Mujeres del VIII Distrito Judicial, Samatha Fierros, hija del magistrado Antonio Fierros.
En este juzgado ya van dos jueces que son suspendidos, el primero fue Jorge Luis Solís Arana el año pasado por el caso de una menor que fue hallada desnuda en un vehículo con un funcionario del Ayuntamiento, y ahora Mario Murgo Magaña, por el escándalo de haber liberado a un presunto violador.
Sin embargo, ni la fiscalía de justicia de Jalisco, ni el Ayuntamiento han informado a los ciudadanos de Puerto Vallarta sobre el actuar del Agente del Ministerio Público, Pedro Córdoba Aréchiga y de los policías municipales –como primeros respondientes—para deslindar responsabilidades al momento de la detención y posterior disposición del imputado ante el Ministerio Público y el juez.
Por otra parte, un grupo de mujeres está interesada en que se investigue más a “El Talibán”, ya que existe la presunción de que habría violado a una niña de su ex pareja sentimental, con la que vivía en la calle Francisco Márquez de la colonia Valentín Gómez Farías, a unos metros de la escuela ETI 3.
