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Viernes, 30 Septiembre 2022 03:11

Abogados afirman que no había personas privadas de su libertad en el Centro de Rehabilitación “Gran Bethesda”

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Por Jorge Olmos Contreras

Una serie de irregularidades cometidas por agentes de la Fiscalía de Justicia de Jalisco para colgarse una medalla ficticia en torno al caso del Centro de Rehabilitación “Gran Bethesa” (CRGB) de Ixtapa, ha puesto al descubierto que en ese lugar nunca hubo personas privadas de su libertad y mucho menos en calidad de desaparecidas, aseguran abogados y empleados del establecimiento; sitio que, además, contaba con las licencias de operación otorgadas por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y el visto bueno de la Dirección de Protección Civil Municipal.

Con el propósito de dar a conocer la versión del propietario de este centro –detenido quizás injustamente, junto con dos de sus ayudantes--, nos dimos a la tarea de entrevistar a algunos empleados y abogados que ahora llevan este caso que se ha convertido en un show mediático.

De entrada, supimos que el artículo 34 del Código Penal señala que “incurre en el delito de desaparición cometida por particulares, quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima a su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa”.

Así las cosas, y tomando como referencia dicho artículo, se confirma que en el caso del Centro de Rehabilitación “Gran Bethesa, no se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como delito de “desaparición cometida por particulares”, como arbitrariamente pretende hacer creer la Fiscalía para colgarse medallas por su inactividad, al no dar el apoyo a los familiares que denunciaron dichos delitos, sostienen los abogados del CRGB.

LAS LICENCIAS DE OPERACIÓN

Y es que, si bien es cierto que los pasivos refieren que fueron privados de su libertad en contra de su voluntad por personal del centro de rehabilitación, también lo es que la Asociación Civil  denominada “Comunidad Terapéutica Gran Bethesda AC”, (contrario a lo que señala la Fiscalía) se encuentra debidamente legitimada, como se advierte de la licencia municipal número 44243, otorgada por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, así como la constancia de verificación DPCB/03/0667/2022, expedida por el Director de Protección Civil y Bomberos; ambos documentos correspondientes al año 2022.

Con estos documentos, se evidencia que dicho sitio sí tenía los permisos legales para actuar como un centro de rehabilitación para personas con adicciones, y que su trabajo era precisamente ayudar a las personas que tienen dependencia a las drogas y al alcohol.

En este sentido, y como ya se mencionó, si es verdad que a varias personas las ingresaron sin su consentimiento, la conducta que indebidamente imputa y señala la Fiscalía correspondería a una “desaparición cometida por particulares”, la cual encuadraría en el hecho que la ley señala como delito de “privación ilegal de libertad”, previsto en el artículo 193 del Código Penal para el Estado de Jalisco.

Hay que precisar que para que se acredite el delito de “desaparición cometido por particulares”, se debe de acreditar necesariamente que esa privación de libertad --de la que se quejan solo cinco personas, de las más de 80 que se encontraban combatiendo sus adicciones en dicho centro--, debería de haber sido con la finalidad de ocultar su paradero, lo que en este caso en particular no aconteció, puesto que como ya se mencionó, el lugar donde se encontraban estas cinco personas, era precisamente un centro de rehabilitación para individuos con adicciones legalmente constituido.

EL ORIGEN DE LA QUEJA

Incluso, varios parientes (de las supuestas víctimas) señalaron a la Fiscalía que sabían que sus familiares se encontraban en dicho centro; sin embargo, su queja era solamente porque no se les permitía hablar con ellos.

Bajo este escenario, VALLARTA UNO pudo hablar con uno de los encargados del Centro de Rehabilitación, quien informó que por indicaciones médicas y psicológicas de los que laboran ahí, no se les permite hablar con sus familiares hasta en tanto avance su proceso de abstinencia a sus adicciones; y esto, las personas que han tenido algún familiar interno en este tipo de lugares lo saben.

No solo eso, sino que otro empleado del Centro de Rehabilitación dijo al reportero que todos los familiares reconocen haber pedido el apoyo para que los pacientes se trataran de sus adicciones; que incluso muchos otros entran de manera voluntaria, y que de todos existen sus expedientes clínicos, donde firman una constancia que están en dicho centro bajo voluntad propia, situación que la Fiscalía tuvo conocimiento (de los expedientes).

Pero todavía más increíble –y que las autoridades judiciales ignoraron—es que familiares de dos de los denunciantes sabían que estos se encontraban en tratamiento contra sus adicciones, es decir, jamás se ocultó que no estuvieran recluidos.

POR SU PROPIA VOLUNTAD

Respecto a los otros tres (supuestos desaparecidos), estos jamás proporcionaron teléfonos para que el personal del centro avisara a sus familiares --contrario a lo que dice la fiscalía--. Y es que todos ellos, previo a ser internados, firmaron una carta donde accedían por su propia voluntad a estar recluidos, precisamente para tratar sus adicciones, subrayan los abogados.

Bajo esta tesitura, los abogados del Centro afirman que, en ningún momento, ninguno de los denunciantes señaló que hubieran sido ocultados de la vista de la sociedad o de las autoridades, dado que por su propia voluntad --en especial aquellos que sus familiares no tenían dinero para cubrir los gastos de sus tratamientos-- eran llevados al exterior del lugar, a la vista de todos, para cumplir con diversos trabajos, con la finalidad de cubrir los gastos de operación del centro.

Incluso, se sabe que el centro de rehabilitación tenía convenios con diversos negocios a lo que, como terapia, se llevaba a lo internos; y que esta actividad era voluntaria, es decir, si no querían ayudar en trabajos, no se les obligaba.

En este contexto, es claro que no se puede hablar de un ocultamiento de personas, ya que uno de los entrevistados señaló que nunca se utilizaron armas o violencia para vigilar a quienes, como voluntarios, aceptaban realizar trabajos en beneficio del centro.

Pero eso no es todo, pues parientes de algunos de los denunciantes aseguran que fueron notificados por el personal del centro --en el sentido de que sus familiares se encontraban en el interior--; tan es así, que el sábado pasado, al momento de presentarse las autoridades para hacerles saber que algunos de los que ahí estaban tenían denuncia por desaparición, el personal en todo momento apoyó a las autoridades para que verificaran si alguno de los que se encontraban internados eran de los que estaban buscando.

Fue así como, sin oponer resistencia, sin que existiera ocultamiento alguno, tres de las personas fueron entregadas a sus familiares y a las autoridades, pero jamás hubo privación, secuestro, “levantón” u otro delito como se ha difundido en varios medios.

FISCALÍA SE CUELGA MEDALLA FICTICIA

En resumen –puntualizan los abogados del centro--, para que se de este delito, primero se debe privar de su libertad a alguien, y hecho lo anterior, ocultar su paradero. Sin embargo, uno de los trabajadores de dicho centro dijo que, en ningún momento, la Fiscalía solicitó o remitió oficio correspondiente --previo a que ingresaran sin ninguna orden judicial, y colgándose una medalla para hacer creer a la sociedad que están trabajando--, en el que hubieran requerido al centro de rehabilitación para que proporcionara los nombres de las personas que estaban reportadas como desaparecidas y que estos se hubieran negado, es decir, que con el propósito de ocultarlos hubieran (mal) informado que las personas que buscaban no se encontraban ahí.

Por ello, es preciso preguntarse y cuestionar, el por qué la Fiscalía quiere y quiso perjudicar a personas --cuyo único fin es apoyar a los adictos a vencer sus adicciones-- y hacerlos ver como que se dedicaban a desaparecer personas, si nunca fue, ni ha sido, con el fin de ocultarlos con fines ilícitos.

Y es que, en todo caso, está bien documentado que los más de 80 individuos que se encontraban en el lugar, eran precisamente personas que estaban luchando contra sus adicciones, ya que en dicho centro se les trataba con psicólogos, médicos y hasta un pastor que les enseñaba la palabra de la Biblia.

No obstante, lo que parece bastante extraño, es que la Fiscalía, se cuelgue medallas que no le pertenecen, porque en ningún momento investigaron o han investigado en otros centros de rehabilitación si en sus instalaciones se encuentran personas con alguna denuncia por desaparición; pues como ya se señaló, el delito solo se pudiera acreditar si la Fiscalía hubiera mandado pedir informes sobre diversas personas con el propósito de verificar que se encontraban ahí, y que los encargados hubieran señalado hechos falsos, es decir, que las personas que buscaban no se encontraban como pacientes en el interior del centro… solo así se podría dar el delito de desaparición cometida por particulares… pero esto no sucedió.

Por eso, llama la atención la ligereza con la que –tanto personal ministerial que vino de Guadalajara como algunos comandantes que buscaron dinero fácil—insistan en incriminar a dueños y al propio centro de adicciones, que, según nuestra investigación periodística, está legalmente constituido.

Como corolario, hay que reiterar que, un centro de rehabilitación que está legalmente constituido, no puede ser señalado como que escondían personas con el propósito de desaparecerlas, dado que para que las autoridades hubieran dado el visto bueno para su funcionamiento, es precisamente porque cumplieron todos los requisitos de ley, de acuerdo con los defensores jurídicos.

Por cierto, el próximo domingo se llevará a cabo la audiencia inicial contra los tres detenidos, a quienes, además, pretenden achacarles injustamente el presunto delito de trata de personas, por lo que habrá de estar atentos a que no se cometa ninguna arbitrariedad, porque incluso existen trascendidos en el sentido de que personal de fiscalía destruyó evidencias o se llevó material (cámaras y equipos de videograbación) del establecimiento que ahora está en boca de todos.

 

 

 

 

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