En estas horas en las que Puerto Vallarta está sumida en un caos vial, ha trascendido una llamada que le hizo el presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez al secretario general de gobierno de Jalisco, Juan Enrique Ibarra Pedroza para ver la procedencia de clausurar el verificentro y la respuesta del funcionario estatal fue tajante, que no, que no se podía hacer eso porque no había los argumentos jurídicos, toda vez que la empresa que tiene a cargo la tarea de supervisar los automóviles es particular, una compañía alemana que es la concesionaria.
Sin embargo, el gobierno del estado tampoco actuó, no envió policías estatales para disolver la manifestación y todo Puerto Vallarta y Bahía de Banderas pagaron los platos rotos de la incompetencia del gobernador Enrique Alfaro, quien dejó en manos del municipio un problema que ellos crearon al aprobar esta verificación que a todas luces es recaudatoria.
Por ello, en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta se apresuraron y tampoco hicieron valer su autoridad para solicitar detener a ciudadanos por ataques a las vías generales de comunicación y afectación a estas, por lo que buscaron una salida simple que les puede costar más cara, ya que mandaron a inspectores de reglamentos a clausurar el verificentro, pero sin un argumento jurídico claro, es decir, no hay explicación viable –todavía-- en términos legales que justifiquen imponer un acta de clausura.
No obstante, estamos a la espera de que el gobierno municipal informe con certeza si el acta cumple con toda la legalidad, o fue una medida desesperada para acabar con la protesta y el caos vial que a esta hora de la tarde todavía tiene a cientos de automovilistas varados, sobre todos lo que ingresan a Puerto Vallarta, pero también los que intentan desplazarse hacia el norte.
