Lo que señalan las afectadas, es apenas la punta de un gran iceberg que pronto va a salir a flote y que nos habla de un grado de corrupción nunca antes visto en Bahía de Banderas, donde funcionarios de Desarrollo Urbano piden “moches” millonarios a desarrolladores y constructores de bienes inmuebles a lo largo de Bahía de Banderas.
El “moche” más reciente, fue el que le exigieron a un particular para darle el visto bueno de una licencia de construcción en Bucerías, quien tuvo que entregar en efectivo tres millones de pesos y otros tres millones de manera oficial en la tesorería municipal.
En la Dirección de Desarrollo Urbano manda el tal Pantoja, quien a su vez recibe el “visto bueno” de personas ajenas al Ayuntamiento, se habla de delincuentes, quienes deciden a quién sí y a quién no le otorgan permisos para desarrollar complejos habitaciones, turísticos o inmobiliarios.
Quizá por ello Héctor Santana ha dado la orden para “limpiar” la Dirección de Desarrollo Urbano, dar de baja a los empleados honestos y colocar en su lugar a personajes improvisados, deshonestos, que pretenden seguir enriqueciéndose a costa de los permisos de construcción.
Los trabajadores honestos ya no soportaron más y ayer enviaron la siguiente misiva a los medios:
“Trabajadores de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. XII Ayuntamiento de Bahía de Banderas hacemos del conocimiento público que, con fecha 7 de agosto de 2025 a las 13:01 horas, fue entregado y recibido formalmente ante la Sindicatura Municipal un documento colectivo en el que se exponen hechos graves de hostigamiento laboral, injerencias políticas, presiones institucionales y riesgo técnico-administrativo dentro de la Dirección.
En el escrito se señala, con respaldo documental:
La existencia de una estrategia para remover a personal técnico capacitado y sustituirlo por perfiles sin experiencia, manipulables y políticamente convenientes.
La intervención directa de actores externos a la dependencia, incluyendo al yerno del presidente municipal (Pantoja), en decisiones administrativas de la Dirección.
La presión sistemática ejercida por el subdirector David Dávalos, actualmente con carpeta de investigación activa en la Fiscalía, que ha provocado renuncias, traslados forzados y solicitudes de baja por ambiente hostil.
La permanencia activa en funciones de las CC. Grecia Alejandra González Ornelas y Nidia Ortiz Ramírez, a pesar de contar con bajas debidamente firmadas y autorizadas, lo que vulnera la operatividad del área y compromete la credibilidad institucional.
La participación del servidor público Diego Hernández, quien forma parte activa del esquema de boicot técnico e institucional que mantiene paralizadas funciones clave dentro de la Dirección. Hernández ha sido denunciado por múltiples trabajadoras por hostigamiento y acoso sexual, contando actualmente con carpeta de investigación abierta, y continúa operando desde su puesto con total impunidad, generando un clima de miedo, intimidación y revictimización, especialmente hacia las mujeres del equipo.
El uso de estructuras internas para intimidar y bloquear a quienes denuncian o cuestionan, a través de vigilancia institucional, represalias, desinformación y presiones jerárquicas.
Asimismo, denunciamos públicamente que, tras intentar entregar el documento el día miércoles 06 de agosto en Oficialía de Partes, su recepción fue negada. Minutos más tarde, una de las personas que participó en la entrega recibió una llamada directa del Secretario del Ayuntamiento, sin que él tuviera autorización ni conocimiento previo de su identidad ni número personal, lo que evidencia una filtración interna grave, exposición indebida y vigilancia institucional sobre trabajadores.
Contamos con evidencia audiovisual, capturas de pantalla y documentos oficiales con acuse de recibido, que respaldan cada afirmación contenida en esta denuncia.
EXIGIMOS:
Garantías inmediatas de no represalia para quienes participaron en esta denuncia colectiva.
La intervención de organismos de derechos humanos ante el ambiente de persecución institucional.
La investigación urgente de las injerencias externas y actos de presión señalados.
La ejecución inmediata de las bajas autorizadas de Grecia Alejandra González Ornelas y Nidia Ortiz Ramírez.
La suspensión y deslinde de responsabilidades de Diego Hernández y David Dávalos, hasta que se resuelvan las investigaciones en su contra.
La protección de la función pública técnica por encima de intereses políticos.
No se trata de un conflicto interno. Se trata de proteger la integridad del servicio público, la legalidad institucional y los derechos laborales de quienes aún creemos en la función pública digna y transparente.
Solicitamos a los medios de comunicación, periodistas, activistas y ciudadanía mantenerse atentos, visibilizar esta situación y respaldar el derecho a denunciar sin miedo”.
La carta está firmada por trabajadores de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. XII Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Hasta ahí el escrito de los empleados de Desarrollo Urbano, quienes tienen información sumamente delicada del grado de corrupción que existe en Bahía de Banderas, y donde el presidente municipal está metido hasta el cuello.
El gobierno del deshonesto Héctor Santana comienza a derrumbarse y amenaza con llevarse entre los escombros al mismísimo gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
