Por Jorge Olmos Contreras
La sobredosis de ex colaboradores de Abraham González Uyeda en las arterias del Ayuntamiento de Puerto Vallarta ya hizo crisis en el gobierno del Movimiento Ciudadano que dirige Ramón Guerrero, ya que en días pasados la administración estuvo a punto de colapsar por un pleito casado entre el síndico municipal, el vallartense Roberto Ascencio Castillo y el mismo alcalde motejado por todos como El Mochilas.
El punto de quiebre fue la negativa del síndico para firmar contratos que se consideran lesivos para Puerto Vallarta y que buscan beneficiar económicamente a los asesores que El Mochilas trajo de Guadalajara, como al fugaz Director de Seguridad Pública, Roberto Rodríguez Preciado –ahuyentado por grupos criminales a granadazos--, a quien le consiguió una iguala de 70 mil pesos mensuales por atender 10 juicios del municipio; o como poner en manos de otro asesor, Eugenio González Márquez (hermano del ex gobernador Emilio) un Fideicomiso que pretende burlar al fisco mexicano y manejar la nómina de los trabajadores burócratas.
Como represalia, el alcalde Guerrero Martínez despidió al Director Jurídico del Ayuntamiento, Salvador López Aréchiga y lo acusó públicamente de actos de corrupción sin llegar a comprobarle nada. Como en los viejos tiempos, el presidente municipal ordenó tomar por asalto las oficinas de la Dirección Jurídica, cambiar las chapas y sustraer documentos e información de las computadoras.
EL GOLPETEO
En la transición, el síndico fue hostigado al ponerle vigilancia policiaca afuera de su domicilio y el regidor, Humberto Arévalo, que pertenece al Movimiento Ciudadano, fue agredido físicamente por dos policías municipales que “lo confundieron” con un ladrón un día domingo a plena luz. Horas antes, el edil había externado su preocupación por las represalias que El Mochilas había tomado contra la gente cercana al síndico municipal.
Roberto Ascencio no se quedó con las manos cruzadas y de inmediato presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional contra quien resulte responsable de haber allanado las oficinas de la Dirección Jurídica y abuso de autoridad. “Lo hice en contra del Mochilas”, declaró a la prensa local.
Asimismo, el síndico denunció ante medios de comunicación que el pleito con El Mochilas fue porque él, Roberto Ascencio, no se prestó a los negocios de Ramón Guerrero. Todavía más firme, sostuvo que Ramón Guerrero ha formado un grupo mafioso, integrado por el Secretario General, Antonio Pinto Rodríguez y por el Procurador Social, Juan Hernández, “cuyo propósito es llevarse todo lo que puedan de Puerto Vallarta”.
El pleito interno del gobierno vallartense trascendió, y políticos como el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Miguel Castro, pidieron que se investigara lo que estaba sucediendo en este puerto y que se indagaran las acusaciones ventiladas por el síndico municipal.
LAS INDISCRECIONES
Preocupado por el tono del conflicto, el dueño de la franquicia del Movimiento Ciudadano en la entidad, Enrique Alfaro Ramírez citó al Mochilas y a Roberto Ascencio a una reunión urgente el jueves 23 de mayo con la intención de leerles la cartilla y pedir calma y mesura ante el escándalo que estaban provocando.
La junta se efectuó en una lujosa suite del condominio “Shangrilá” de Marina Vallarta, pero no surtió el efecto deseado, debido a que momentos después se hicieron presentes los regidores Susana Carreño y Humberto Gómez Arévalo para externar todo su apoyo al síndico municipal.
Antes, según confió Roberto Ascencio, Enrique Alfaro estaba en una postura autoritaria, pedía que se respetara al alcalde Ramón Guerrero y que se acataran sus órdenes y decisiones, incluso los urgió a terminar el pleito, pero siempre dirigiéndose al síndico, no al presidente.
“Fue claro que Enrique Alfaro estaba del lado del Mochilas, pues nunca aceptó que reinstalaran al Director Jurídico, Salvador López”, comentó al reportero el propio síndico.
Agobiado, el presidente municipal pidió que se citara a una rueda de prensa en ese momento para aclarar que no había ningún pleito, lo mismo pedía Enrique Alfaro; pero los regidores y el propio síndico los pararon en seco, les dijeron que no había ninguna prisa y la conferencia con los medios se dio cuatro días después.
Enrique Alfaro se fue de Vallarta como vino, sin lograr ningún acuerdo tácito, y el pleito siguió, al grado de que El Mochilas se ha negado, hasta la fecha, a reinstalar a la gente que corrió de la Dirección Jurídica, pese a que un juez de distrito ordenó la suspensión del acto en favor de Salvador López Aréchiga.
En su lugar, El Mochilas se trajo a un abogado fuereño, importado de Los Cabos, Baja California, José Santiago Leal Amador, con el agregado de que los medios publicaron una fotografía del nuevo Director Jurídico al ser boletinado por la Policía Estatal de ese estado por haber participado, apenas un mes antes, en una agresión física contra una mujer.
EL APAGAFUEGOS
Pero no pasaron ni 15 días del conflicto, cuando Enrique Alfaro envió como delegado especial del Movimiento Ciudadano a Puerto Vallarta a Juan Enrique Ibarra Pedroza, un político experimentado a quien ven como el “apagafuegos” que viene a poner orden en la desordenada administración de Ramón Guerrero.
Enrique Ibarra ya está trabajando en recomponer la imagen del Movimiento Ciudadano en este puerto. Se ha reunido con líderes empresariales y sociales, con actores políticos y con dirigentes sindicales, quiere sondear a todos los sectores, y esto también incluye sentarse con los medios de comunicación.
Sin embargo, Enrique Ibarra se ha encontrado con una barrera infranqueable al interior del Ayuntamiento y cada vez es más su asombro al descubrir que en todos lados, en las dependencias más importantes y en el primer equipo, aparecen los ex colaboradores de Abraham González Uyeda, quienes son realmente los que manejan los destinos del municipio y es González Uyeda quien mueve los hilos, la mano que mece la cuna del gobierno de El Mochilas.
LOS ALIADOS
Entre los más allegados a González Uyeda, están el secretario general, Antonio Pinto Rodríguez, quien fue regidor de la comisión de justicia en la administración de Juan Sánchez Aldana en Zapopan y después fue Coordinador del Órgano Técnico de Turismo del Congreso del Estado. Trabajó con González Uyeda en el órgano legislativo.
Ricardo Anguiano Apodaca, asesor jurídico del Mochilas; antes fue síndico en el Ayuntamiento de Zapopan con Juan Sánchez Aldana y luego encontró cobijo en el Instituto de Investigación y Estudios Legislativos de la LIX Legislatura del Congreso Estatal.
Ricardo Anguiano enfrenta un juicio –Averiguación Previa 6082/2010 radicada en la Agencia Dos del Ministerio Público de la Federación— por falsedad de declaraciones y forma parte de una investigación que hace el actual Congreso del Estado contra ex alcalde zapopano Juan Sánchez Aldana por la no comprobación del uso de recursos por más de mil 500 millones de pesos.
Anguiano, siendo síndico de Zapopan, autorizó a constructoras decenas de obras pública sin haber de por medio un contrato jurídico que contuviera las firmas de las partes, sólo hizo “órdenes de trabajo”.
Roberto Rodríguez Preciado, quien fue Director del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos del Congreso y quien fue el primer Director de Seguridad Pública de Ramón Guerrero y ahora funge como asesor jurídico externo.
Juan Hernández, actual Procurador Social, ligado al grupo Zapopan de Juan Sánchez Aldana y muy cercano a González Uyeda. Un hermano de Juan Hernández es el representante del Yunke en Brasil, según algunos panistas. Juan fue candidato a diputado federal.
Diego Franco Jiménez, actual Sub Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento de PV, fue delegado de la Secretaría de Gobernación en Jalisco cuando González Uyeda era el subsecretario, en ese entonces, vivió en el Distrito Federal.
Samuel Octavio Pelayo Paz, funge como tesorero del municipio, pero antes fue uno de los “basificados” del Congreso del Estado cuando Ramón Guerrero Martínez era diputado en la pasada legislatura.
Carlos Félix, uno de sus secretarios particulares, también es gente de González Uyeda.
LOS ALFARISTAS
De hecho, Enrique Alfaro no recomendó prácticamente a nadie para entrar al Ayuntamiento de Vallarta, sólo relacionan a tres personas con él. A saber, a Susana Rodríguez, quien fue la primer Directora de Relaciones Públicas y después disminuida a una simple empleada de la secretaría general, pues en su lugar pusieron a una cuñada de Eduardo Rosales Castellanos, Jaqueline Villarreal; Gustavo Fong Patiño, un vallartense amigo de Alfaro que no tiene ningún puesto de importancia, pues sólo le ayuda en algunas cosas al secretario general, Antonio Pinto, como si fuera su mandadero.
Leonel Silva, coordinador de jueces municipales, quien también es amigo de Enrique Alfaro per que siempre ha vivido en Puerto Vallarta.
Otra gente cercana a Alfaro es Teresa Fuentes, una empleada de segunda que labora en la Dirección de Seguridad Pública en el área de Recursos Humanos y Leticia Vaca, quien es la mujer que representaba al Movimiento Ciudadano antes de que Enrique Alfaro invitara al Mochilas como candidato a la alcaldía, y que hoy está en un puesto segundón en Relaciones Públicas.
EL GRUPO VALLARTA
El otro grupo que gobierna con El Mochilas, pero que ve con recelo la inclusión de los allegados de Abraham González Uyeda, son los panistas vallartenses que traicionaron a su partido para jugar de lado de Ramón Guerrero en el Movimiento Ciudadano y que ahora ocupan desde asesorías, hasta algunas direcciones.
En primer lugar está Santiago Centeno Ullín, el asesor del alcalde en temas de la presidencia municipal, al igual que Agustín Ortiz; le siguen Arturo Dávalos en la Dirección de Desarrollo Social y Ricardo René Rodríguez en la Dirección de Catastro, así como el Director de Servicios Públicos, Guillermo Salcedo.
Otro panista que se pasó a las filas de El Mochilas y que ocupa un importante puesto, es el ex diputado Ignacio Guzmán García, quien es el actual Oficial Mayor Administrativo de la comuna vallartense.
También está la profesora Ana Karina Cibrián, quien labora como asesora. Ella fue regidora panista en la anterior administración y es esposa del profesor Carlos Murguía, un panista ligado a González Uyeda.
Al interior del pleno del Ayuntamiento, todos los regidores del Movimiento Ciudadano obedecen ciegamente al Mochilas; todos menos dos, Susana Carreño y Humberto Gómez Arévalo que dicen estar decepcionados de Ramón Guerrero Martínez.
LAS FILTRACIONES
Los desacuerdos, pleitos, escándalos y demás, han dado pauta para que informaciones delicadas que se tenían como “top secret” entre los regidores comiencen a filtrarse a los medios, como la versión de la primer junta privada que sostuvieron los ediles del Movimiento Ciudadano con el alcalde Ramón Guerrero y un invitado especial, Abraham González Uyeda, en los días que siguieron al día de los comicios.
Por filtraciones de los propios regidores y del síndico, se sabe que la reunión fue en el hotel Marriott Casa Magna, donde un muy serio Abraham González Uyeda les leyó la cartilla a los ediles electos y les dijo que se necesitaban 15 millones de pesos para defender el triunfo del Movimiento Ciudadano, entonces impugnado por el PAN y por el PRI.
Asistentes a esa junta, comentan que los regidores le dijeron a González Uyeda que ellos no tenían tal cantidad de recursos y que Abraham les comentó que no había problema, que por el dinero no se preocuparan.
A la vuelta de los meses, algunos creen entender los compromisos de El Mochilas con González Uyeda a raíz de presuntamente meter dinero a la defensa de la elección y a la campaña misma.
Los compromisos comenzaron a ser pagados, desde la recomendación para que Roberto Rodríguez Preciado fuera Director de Seguridad Pública, hasta los mejores puestos para la gente de González Uyeda y todavía algo más, un millonario contrato de concesión del alumbrado público, donde se dice que está la mano del mismísimo Abraham González.
Para algunos observadores y analistas políticos, no hay lugar a dudas, el que gobierna Puerto Vallarta no es Ramón Guerrero, ni siquiera Enrique Alfaro, sino Abraham González Uyeda, el verdadero jefe de jefes.
Pero si hay un co-gobierno en Puerto Vallarta, El Mochilas trabaja y depende de un indiciado, el mismo Abraham González Uyeda, quien trae a cuestas una orden de aprehensión que le dictó el Juzgado Séptimo de Distrito en materia penal en la Ciudad de México en el año 2010 tras una denuncia por haber otorgado permisos irregulares para la operación de casinos.
En efecto, el siete de octubre del 2010 se notificó al Ministerio Público Federal la orden de aprehensión en contra de Roberto Correa Méndez, Director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación; Felipe de Jesús Delgado Hernández, Jefe de la Unida de Gobierno y Abraham González Uyeda, subsecretario de gobernación.
Sin embargo, la orden de aprehensión no se hizo efectiva porque González Uyeda se amparó y entonces lo protegía el fuero de ser diputado local.
La denuncia fue interpuesta por Alfonso Pérez Lizaúr, presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, que por tratarse de juego ilegal pero protegido, lo denunció ante la autoridad federal.
El caso fue atendido por la juez séptima penal federal, María del Carmen Patricia Mora Brito.
Se ignora si Abraham González Uyeda vive con un amparo bajo el brazo o si arregló la orden de aprehensión en su contra.
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