Todo comenzó hace unos meses en Marina Vallarta, donde a partir del término de 20 años por la concesión del uso y usufructo de dicha infraestructura náutica, a favor de la empresa Impulsora Turística de Vallarta (ITV), tales derechos pasaron a la concesionaria del área federal total del recinto portuario, la Administración Portuaria Integral (API), una sociedad anónima de capital variable, que los ejerce desde 1994.
Hace menos de un año, el Gobierno Federal y la API renovaron la administración de los muelles de la Marina Vallarta, pero ahora bajo la forma de un “contrato de cesión parcial de derechos”, especie de “sub arrendamiento” a favor otra vez de ITV, pero esta empresa siendo ya parte del grupo Bay View Grand, que comanda Elías Sacal Cababie.
Los nuevos administradores, condicionados a invertir en la renovación de los muelles y su equipamiento, llegaron por el contrario aplicando nuevas tarifas para los usuarios de “slips”, y con la exigencia de un cobro por la renovación del contrato que tenían por sus muelles.
La promesa de que al término de la renovación tendrían preferencia para seguir pagando si no lo mismo, algo no muy “diferente” de sus cuotas, fue solamente una promesa, pues la nueva administradora incluso cortó los servicios de agua y electricidad a las embarcaciones, para acelerar su decisión de pagar lo exigido, o irse a otra marina.
No pocos extranjeros aceptaron esto último, ante las amenazas del personal de ITV; empero, varios usuarios de muelles siguen en pie de lucha, entre ellos algunos riquillos como Fernando González Corona, propietario de hoteles y un periódico local, quien hoy trata con desesperación evitar que Sacal, el hábil y poderoso judío dueño de fastuosos conjuntos comerciales en el Distrito Federal, le pase por encima
Los riquillos también lloran… mientras los empresarios restauranteros aledaños al paseo de la Marina Vallarta, los propietarios de casas y departamentos en Isla Iguana, y los trabajadores usuarios de los llamados “peines”, esperan su turno con resignado silencio.
No pusieron atención en la entrevista reciente que publicamos con Miguel Ángel García Beltrán González, director general de la API, quien ve un problema nimio, como “un pleito entre particulares”, lo que ocurre en la zona federal de Marina Vallarta.
No han sabido leer el entrelineado de la información en ésta entrevista y las anteriores denuncias; no han podido interpretar el extraño silencio oficial e informativo que rodea el caso… y advierte la tormenta que se avecina.
