Por Jorge Olmos Contreras

Los policías Alberto Figueroa y Gerónimo Castro de la Patrulla 242 no quisieron hacer nada, ni siquiera un reporte completo, de la agresión que sufrió un ciudadano en el fraccionamiento Los Sauces la semana pasada, cuando el abogado Sergio René Tovar Romero sacó de su casa un cuchillo para apuñalar a la mascota del vecino, sólo porque se había peleado con su perro.

Los gendarmes ni siquiera le dieron importancia al hecho, pues se trataba de un perro muerto que había sido asesinado por el abogado en mención, por lo que sólo tomaron los datos de la persona que reportó la agresión al 060 y se retiraron del lugar.

Los hechos ocurrieron en Los Sauces, donde hubo una pelea entre dos canes, pero Tovar Romero, con lujo de prepotencia, sacó un arma blanca para dar muerte a la mascota del vecino y luego se fue a ocultar a su casa al ver que había matado al perro.

Al momento en que llegó la patrulla, el abogado, muy cobarde, quiso remediar las cosas, le decía al propietario del perro, de nombre Pablo, que le daba en ese momento cinco mil pesos para que ya no hubiera problemas, pero Pablo no aceptó el dinero, le dijo que lo que había hecho no estaba bien, pero los policías, en vez de cumplir con su labor y llevarse detenido al agresor, lo dejaron ir y se marcharon como si nada hubiera pasado.

Sergio René Tovar se hizo ojo de hormiga, ya ni salía de su casa, pero después los vecinos supieron que presuntamente los había denunciado –a los dueños de la mascota muerta—en la Fiscalía Regional porque pensaba que lo querían matar, lo cual sólo es un argumento leguleyo para asustar a los propietarios del can asesinado y que no procedan en su contra.

Por ahora el abogado la libró, pero va a quedar asentado ante la opinión pública se fama de “mata perros” y su prepotencia aprovechando que es abogado y que tiene relaciones en los juzgados locales.

Hay que recordar que ya hay una iniciativa en el Congreso del Estado para incluir una penalización por maltrato animal y que contempla prisión de tres meses a tres años y multas de 50 a 200 días de salario mínimo a quien ponga en riesgo la vida animal.

Si ya estuviera reformado el Código Penal, el abogado tendría que ser llamado a cuentas por el Ministerio Público, aunque se sabe que el vecino afectado pondría una denuncia por estos hechos.