Hoy que las colonias colindantes al puente de “Portales” se inundaron –con mayor afectación a los vecinos de Jardines del Puerto--, sale a relucir otro de los contratos ilegales que Salvador González Reséndiz otorgó, utilizando indebidamente los recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).
CONTRATOS PLANCHADOS
Lo peor de todo, es que los contratos y asignaciones de obras se “planchaban” en privado y se aprobaban por la Comisión de Adjudicación, Asignación y Contratación de Obra Pública del Ayuntamiento, cuyos integrantes, incluidos regidores de la oposición, sólo firmaban las actas para darle el visto bueno a la constructora que antes había sido elegida por instrucciones del mismísimo presidente municipal, pero no participaban en las discusiones y procesos.
De esta manera, ediles como Miguel González Guerra, en representación del PAN y Carlos Efraín Yerena, del PRI, firmaron el acta respectiva, pero nunca cuestionaron el por qué se estaba adjudicando la obra a la empresa Opus Edificaciones SA de CV, cuyo representante legal era precisamente el entonces Director de Planeación, Jesús Monteón.
Tampoco dijeron nada regidores priistas como Hortensia Rodríguez, Juan Pablo García Castillón –hoy flamante adquisición del Movimiento Ciudadano--, Arelí Guerrero, ni mucho menos el entonces Representante de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Puerto Vallarta, Oscar Montiel Cervantes, quien ahora despacha como Director de Planeación Urbana del gobierno de Ramón Guerrero Martínez.
Imagine usted la escena, el mismo representante de los Arquitectos e Ingenieros Civiles prestándose a firmar un contrato a todas luces ilegal –por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos—para después ser premiado con el mismo puesto que antes tenía el contratista de marras en el caso del puente de Portales, Jesús Monteón Guzmán.
PERMISIVIDAD CRIMINAL
Y es que no sólo es la permisividad de un contrato ilegal, sino que el señor Oscar Montiel –panista de hueso azul naranja, porque transitó del PAN al Movimiento Ciudadano—también fue negligente, porque siendo representante de los Arquitectos e Ingenieros Civiles de Puerto Vallarta, nunca, jamás emitió un dictamen o hizo alguna observación de que el puente de Portales –así como otras obras para mitigar inundaciones—se estaban haciendo con las patas, que tenían serias irregularidades de construcción y planeación, además de su evidente sobre precio.
Porque debe usted saber estimado lector, que el puente de Portales en su contrato original tuvo un costo de siete millones 598 mil895.64 pesos, demasiado dinero para una obra que fue abandonada a finales de la administración de Salvador González Reséndiz, que se aplazó varias veces y que fue retomada por el actual alcalde Ramón Guerrero.
TODO POR EVITAR JUICIOS
Lo más grave del asunto, es que el presidente municipal del MC, Ramón Guerrero, al retomar el caso de esta y otras obras inconclusas en el periodo de Chavita, también permitió que contratos tan viciados, como el otorgado a Opus Edificaciones SA de CV, continuaran y que fuera la misma constructora la que terminara los trabajos que antes había dejado al garete.
Sabemos que Ramón Guerrero quiso evitar líos judiciales y no meterse en un asunto de juicios administrativos que luego tardan años en resolverse, por lo que no denunció a los representantes legales de Opus Edificaciones, ni tampoco a la empresa Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados SA de CV, contratada para la obra de drenaje fluvial en las calles de Arboledas y Jalisco de la colonia Bobadilla, por las evidentes fallas en dichas obras y por violar sistemáticamente el contrato firmado.
Desde luego, el Ayuntamiento tenía todas las facultades para hacer efectivas las fianzas que estas empresas constructoras depositaron en la tesorería –a menos que el dinero también se lo haya robado Chavita—como lo marca la ley, pero no lo hizo.
LA IRRESPONSABILIDAD
Tenía el gobierno de Ramón Guerrero la facultad intrínseca de rescindir el contrato, pero tampoco lo hizo; por el contrario, dejó en manos de una persona totalmente incompetente la supervisión e inspección del avance de estas importantes obras, es decir, en manos del hasta hace poco Director de Obras Públicas, Oscar Delgado Chávez, quien lejos de estar atento a estos trabajos, se la pasó haciendo negocios como la compra-venta de plantas de ornato, o como el pésimo e inservible sistema de riego de los camellones de la avenida Francisco Medina Ascencio, que tuvo un costo cercano a los 12 millones de pesos.
Hoy tanta negligencia y corrupción gubernamental saltan a la vista y se enseñorean con la gente más indefensa, con los vecinos de Jardines del Puerto, Portales, Arboledas, Villas del Puerto y otras que recibieron el impacto de la tormenta de la madrugada del miércoles en sus propias casas, donde perdieron decenas de muebles y se mojaron camas y colchones. Hasta el miércoles y jueves, muchos no tenían un catre o un colchón donde pasar la noche en medio de este calor infernal.
Ah, pero eso sí, muchos funcionarios del Mochilas llegaron bien planchaditos, recién bañados y frescos a la zona de la inundación para ver qué se le ofrecía a la gente, mientras que regidores como Susana Carreño y Humberto Gómez Arévalo, desde las 2:00 de la mañana, en plena tormenta, ya estaban con los vecinos, mojándose, con el agua hasta la cintura, apremiando a los de Protección Civil para que fueran ayudar a la gente.
Las cosas no pasaron a mayor porque Dios es grande, pero el tamaño de la inundación fue una amenaza directa a la vida de las personas, quienes corrieron el riesgo de morir ahogados o electrocutados, de ahí que ahora los mismos vecinos exijan, griten y hasta insulten a las autoridades para que de una vez les resuelvan el problema, ya no quieren inundarse más.
EL DESLINDE
Por ello, creemos que el mismo Mochilas debe tomar las medidas necesarias, por dolorosas que sean, para señalar a los culpables de las obras mal hechas, de responsabilizar al ex alcalde Salvador González Reséndiz, por más protegido que esté por el gobernador Jorge Aristóteles –primero está el pueblo, después el pueblo y al último el pueblo—por la negligencia en no terminar la obra del puente a tiempo y por habérsela adjudicado ilegalmente a su entonces Director de Planeación Urbana.
Asimismo, el alcalde debe llamar a cuentas a su ex director de Obras Públicas y despedir inmediatamente a todo aquél funcionario que, a sabiendas de que las cosas se estaban haciendo mal, lo permitieron sin importarles los ciudadanos que ahora padecen las consecuencias; entre otros, al mismísimo Director de Planeación Urbana, Oscar Montiel Cervantes.
El alcalde debe actuar rápido, no sólo se trata de deslindarse de la corrupción de Chavita, sino que debe denunciarlo.
No sólo debe pedir la declaratoria de desastre natural para acceder a los recursos federales, sino que también debe señalar con dedo flamígero a los inspectores de la Comisión Nacional del Agua (CNA) del gobierno federal, porque nunca advirtieron que las obras para mitigar las inundaciones estaban haciéndose mal y que ahora, lejos de mitigar dichas contingencias, parece que las aumentaron, pero eso sí, muchas personas se llenaron de dinero los bolsillos y entregaron malas obras.
Ramón Guerrero no escapa a la irresponsabilidad, pues él como alcalde que sabe saludar con sombrero ajeno, hizo suyas las obras de Portales y Arboledas, la gente estaba feliz porque “por fin”, un alcalde que no era del PRI había concluido las obras que dejó abandonadas Chavita y todos pensaron que, efectivamente, El Mochilas había hecho dichas obras, cuando todos sabemos se hicieron con recursos del Fondo de Prevención de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación.
LO QUE DICE LA LEY
Ramón Guerrero confundió a la gente, por pararse el cuello ahora le reclaman como si él fuera el responsable directo de la inundación por estas obras mal hechas, de ahí la urgencia de un deslinde serio y de las denuncias correspondientes cuanto antes, los ciudadanos queremos ver que rueden cabezas y se llame a cuentas a los funcionarios corruptos como Salvador González Reséndiz.
A continuación y aprovechando la coyuntura, transcribimos lo que dice la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el por qué, nunca se debió haber adjudicado la obra del puente de Portales a quien fuera el Director de Planeación Urbana, en su carácter de representante legal de la Constructora Opus Edificaciones.
Título V, responsabilidades administrativas
IX. Excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.
XXIV. Abstenerse en el ejercicio de su cargo o funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte sin la autorización previa y específica de quien de acuerdo a la ley deba hacerlo.
