Por Gerardo Sandoval Ortiz
Cuando Rodolfo González Macías asumió la presidencia municipal de Puerto Vallarta, uno de los primeros temas que tomó en sus manos fue construir la central de autobuses y sacar de la colonia Emiliano Zapata los camiones foráneos. De la mano de Rafael Rodríguez Aguilar negoció con los ejidatarios de Las Juntas y varios dueños de terrenos, a cuya cabeza estaba un miembro de la Familia Orendain. Fueron negociaciones de varios meses y al final concluyó con el ofrecimiento de varios permisos de taxis para los ejidatarios; hoy en día el ejido administra uno de esos taxis, otro quedó en manos del presidente del ejido en ese entonces, Rafael Montes Escopa.
La central camionera opera desde aquellos tiempos, casi cinco lustros. Sin embargo, un punto en concreto jamás se dilucidó y en la actualidad aun es motivo de conflictos.
Es el callejón saca cosechas, un camino doméstico de uso casi exclusivo para los pocos parceleros que aún siembran sus tierras en la franja que va de la colonia Villa de las Flores, Guadalupe Victoria, el centro de Convenciones y la avenida Paseo de Las Palmas y parte de la avenida México y carretera a Mojoneras.
EL DEDO DE SALVADOR COSÍO
El asunto hizo que Salvador Cosío Gaona resurgiera en temas públicos que atañen a Puerto Vallarta. Acusó al alcalde Ramón Guerrero Martínez y a la regidora Susana Carreño de haber ordenado derrumbar parte de la construcciones del expendio de gas en el ingreso a la central camionera, barda y piso de la terminal de los autobuses Vallarta Plus.
Se nota a leguas que a los personajes los motiva un interés de los que hasta ahora se ignoran detalles. Susana Carreño siempre ha sido defensora de un grupo de ladrilleros que tienen sus posas casi frente al centro de convenciones. De esos terrenos, hace tres años, Salvador González Reséndiz los desalojó no sin lujo de violencia. Luego se quejaron de que Susana Carreño los abandonó. La familia del ex alcalde tiene propiedades en esa franja.
El alcalde Ramón Guerrero, al margen de ser cierto el señalamiento que le finca Cosío Gaona se limitó a escuchar y a atender a un grupo de ejidatarios de Las Juntas, los mismos que desde las negociaciones con los Orendain, reclaman el callejón como una propiedad comunal. Apelan a las leyes agrarias como la madre legal para considerar suyo un paso doméstico de uso histórico para sacar sus cosechas. En la memoria aun guardan aquellas imágenes del primer plantón en defensa del callejón. Antonio Arreola Pérez, Fernando Mendoza, Ernesto Espinosa, Efrén Islas Venegas, Rafael Montes entre otros. Con González Macías se pactó siempre respetarles el callejón y sería años después cuando surgieron las nuevas construcciones entre el callejón y el ingreso a la central camionera, cuando resurgieron los líos legales.
Más allá de los intereses que llevan a Salvador Cosío a tomar como suya la defensa de los empresarios con interés de quedarse con el callejón y despojar a los ejidatarios, estos y sus aliados desde el gobierno municipal saben que su contraparte son poderosos empresarios, ligados a la oligarquía política que en la actualidad gobierna al país.
HASTA A LOS PINOS
Puede ser que los dueños del expendio de gas en la esquina de la carretera 200, frente a la zona militar, no preocupe a nadie. Aun así, es desdeñar al enemigo. Sin embargo, pasos adentro, atrás de los camiones Vallarta Plus, y en la nueva centra de autobuses, se depositan intereses de todo tipo, empresariales y políticos que llevan hasta Los Pinos. El dueño de la central Vallarta Plus, son la familia Alcántara, representados por Roberto, uno de los tres hijos de Jesús Alcántara Miranda, varias veces diputado federal, vecino de los padres de Enrique Peña Nieto y alcalde también de su municipio Acambay, contiguo a Atlacomulco. A los Alcántara les vendieron Banca Creser, lo quebraron y fue el rescate del Fobaproa más caro.
Los Alcántara también fungen como los accionistas mayores, en consecuencia dueños, de la nueva central camionera. Son dueños de las líneas ETN, las firmas Flecha Roja, Flecha Amarilla, Ómnibus de México, todas aglomeradas en la firma Autotransportes Mexicanos S.A. de C.V. (Iamsa). También son los dueños de Viva Aerobús, una aerolínea de bajo costo creada en años recientes. Incursionaron también en los mercados de la industria turística y en el ramo de la construcción, señalados en los últimos días de tener pactado ya con Peña Nieto parte en el negocio de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
Los Alcántara, por sus orígenes políticos, siempre han hecho negocios al amparo del poder político. La familia se quedó con el negocio del IAVE, el identificador automático de vehículos en la red de carreteras federales que terminó en un escándalo hace tres meses y obligó a posponer la entrada en vigor del nuevo sistema de cobro de peaje. Desde la fundación de Iamsa, a principios del sexenio salinista, los Alcántara son el proveedor oficial de vehículos, camiones, maquinarias y autobuses en todas sus modalidades, compras y rentas. En los negocios desde el poder toda la vida le compitieron al profesor Carlos Hank González.
De momento no estamos en condiciones de ofrecer hilos que unan a los Alcántara con la familia Cosío. Tampoco el interés que une a Chava Cosío con Antonio Orendain. Sin embargo, a ojos de la sociedad tapatía, son familias que no se desconocen.
LA AMENAZA DEL JUICIO POLITICO
Puede ser que en la amenaza de fincar la solicitud de juicio político contra el alcalde y la regidora se dispongan de elementos razonables para ir al Congreso del Estado con la carpeta en orden. Sin embargo, no va a proceder y, aquí como siempre, se impondrán razones que tienen más que ver con razones políticas, que razones legales. De eso está bien informado Chava Cosío.
Ahora, por lo demás, aquí todos saben que debe imponerse aquella máxima cervantina del que cuando el derecho y la justicia se contraponen, debe prevalecer la justicia. El callejón ejidal es eso, un paso doméstico, cuyo espacio fue cedido por los propios parceleros vecinos del mismo. Es decir, en espera de saberse si hubo alguna negociación en lo oscurito desde los tiempos de la venta de los terrenos para la central de autobuses, el camino es de los ejidatarios. Ellos abrieron esa franja para pasar ellos, sus burros y caballos, luego sus camionetas y tractores, para tener acceso y sacar sus cosechas.
Y sí, lo reiteramos, puede existir algún documento que demuestre que alguien vendió el callejón a los nuevos vecinos y demuestra razonablemente que son dueños del mismo. Pero, los ejidatarios tienen razones de sobra también para reclamar algo que saben, sienten y creen es suyo. Si en un juicio los vencen, eso ya será otra historia. Al fin y al cabo, perderán con el poder que representan familias conectadas con el poder estatal y federal, desde Casa Jalisco a Los Pinos. Familias priistas en toda la extensión de la palabra.
