El asunto no es para menos, ya que pese a que en el ejercicio presupuestal de este año 2014 se autorizó una partida de 80 millones de pesos para finiquitar los juicios laborales que ya perdió el Ayuntamiento, el gobierno municipal no ha ejercido este dinero y por lo tanto no ha pagado lo que en tribunales ya se ordenó, y lo que es más grave, se ignora si este dinero se ejerció en gasto corriente.
El tema, como lo señalamos, está a punto de hacer crisis debido a que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, lo que antes era la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado, ha estado emitiendo actas circunstanciadas en las que notifica a los regidores del Ayuntamiento, que deben pagar multas que van de los tres mil 136 pesos, a los seis mil 794 pesos, por omisión en el pago de estos laudos.
Las multas se han estado acumulando y en el caso de un solo regidor, por ejemplo, de Humberto Gómez Arévalo, el monto a pagar es de 64 mil 282 pesos, aunque otros ya deben más de 100 mil pesos, sin contar con la suerte principal del juicio, cuyas condenas van de los 225 mil 082 pesos, hasta un millón 081 mil pesos.
También hay multas y condenas por juicios civiles y administrativos. Tan sólo en el caso de la persona física Josefina Morquecho Cázares, se le deben nueve millones 707 mil pesos o como el que está pendiente de pago a la personal moral Cabo Vallarta SA de CV, por más de 13 millones de pesos.
Y bueno, el hilo se está rompiendo por lo más delgado, debido a que algunos regidores, que son la mayoría del Movimiento Ciudadano, se acaban de enterar que el presidente municipal, el síndico y su director jurídico, están amparados contra cualquier multa, cobro o embargo que pudiera ordenar el Tribunal de Escalafón y Arbitraje o la Secretaría de Finanzas.
Esto provocó el enojo, la rabia e impotencia de regidores como Javier Pelayo, Candelaria Villanueva, Lupita Anaya, Otoniel Barragán, Doris Ponce y Oscar Avalos, porque los están dejando desprotegidos y sin un juicio de amparo, tendrán que pagar –tarde o temprano-- con dinero líquido o con prenda las multas que ya les notificaron por omisos.
Más listos, todos los regidores de oposición, menos Agustín Álvarez Valdivia, ni Jesús Anaya Vizcaíno, también se ampararon, así como el edil independiente, Humberto Gómez Arévalo, pero el resto, está en la cuerda floja y lo peor que les podría pasar, es que en uno de los juicios, como de hecho ya está en proceso, y que es el de la persona física José Antonio Meza Uribe por 610 mil pesos, la Litis pase de lo administrativo, a lo penal y puedan ser privados de su libertad en un proceso de desafuero o bien cuando ya no sean regidores, por la inejecución de sentencia.
Por qué decimos que es una crisis, una auténtica papa caliente que está por reventarle al presidente municipal, bueno pues porque al dejar descobijados a sus regidores, el alcalde podría generar un grupo de ediles que ya no obedezcan a sus designios, que se le salgan de control y que cuando los necesite para que le aprueben una licencia para irse en busca de una diputación, se la nieguen.
Y por si esto fuera poco, el actual Director Jurídico del Ayuntamiento, Nicolás Urrutia le echa más gasolina al fuego, pues en su oficina, una abogada de nombre Dalia Flores Fletes, recibió y firmó de enterada, todas las notificaciones de multas contra los regidores del municipio, lo que ha provocado molestia e indignación entre los ediles, quienes tuvieron que enviarle una carta al Director Jurídico, para que esta licenciada, se abstenga de recibir dichas notificaciones.
El miércoles, hubo una encerrona entre los regidores, el síndico y el Director Jurídico para acordar los pasos a seguir y pagar al menos 30 millones de pesos de 20 juicios laborales, y qué creen, no se llegó a nada, no hubo acuerdo y la situación empeora.
Nicolás Urrutia, ese funcionario que llegó en estado de ebriedad para rescatar a un sobrino no menos borracho al operativo “salvando vidas” mejor conocido como alcoholímetro, se puso intransigente con los regidores en la junta del miércoles a puerta cerrada en el salón de Cabildos, les gritó, los quiso humillar y se comportó con prepotencia y soberbia, hasta que el síndico, Roberto Ascencio, le recordó que ellos eran ediles, representantes populares y que él era un simple funcionario, por lo que exigió que se disculpara con los ediles, tal como lo hizo.
