Por Jorge Olmos Contreras
Durante una encerrona de más de cinco horas, que tuvo lugar en la Unidad Municipal Administrativa (UMA) el pasado viernes 31 de octubre, y en la que participaron el titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Rogelio Hernández de la Mata, el subdirector de tránsito, Jesús Rodríguez Campoy, el asesor de presidencia, Santiago Centeno; el regidor que preside la comisión de seguridad pública, Otoniel Barragán y el jefe de la Academia de Policía, Porfirio Villa Olalde, se “palomeó” la lista de los 54 policías y agentes de tránsito que supuestamente no pasaron el examen de control de confianza y los dieron de baja de la Corporación sin siquiera notificarles por escrito ni mostrarles los resultados oficiales.
Esto provocó un malestar generalizado entre los policías y tránsitos que consideran que hubo favoritismo de parte del mayor Rogelio Hernández de la Mata para proteger a un grupo de 100 oficiales que tampoco habrían aprobado el examen de confianza, pero a quienes les darán la oportunidad de repetirlo para que se queden en la Corporación. Entre estos últimos, destacan casi todos los comandantes que ya una vez trataron de jubilarlos en la administración del ex alcalde Salvador González Reséndiz, y que por intereses particulares del mismo Director de Seguridad Ciudadana, se van a quedar dentro de la dependencia policiaca, no obstante de considerarse como personal de “alto riesgo”.
Sin embargo, a otros agentes policiacos, que están en la primera lista y que fueron dados de baja, no se les notificó por oficio, sólo los citaron en la UMA para avisarles verbalmente que estaban dados de baja y que tenían que firmar su retiro voluntario con fecha del 30 de octubre, pese a que fueron citados entre el viernes 31 de octubre y el sábado primero de noviembre.
El trato que le dieron a los elementos fue indigno y no se apegó a derecho –comentaron los inconformes al ser entrevistados el domingo por la mañana en el estacionamiento de la tienda Costco, donde se reunieron para defenderse de lo que consideran una injusticia y una arbitrariedad por parte del mayor Rogelio Hernández y los funcionarios que participaron en la manipulación de la lista--, ya que al no ser notificados por escrito, es como si no se hubieran dado por enterados, por lo que ya buscan un recurso legal para ampararse y que un juez de distrito les autorice la suspensión provisional de esta medida y vuelvan a su trabajo.
LIQUIDACIONES OFENSIVAS
Y es que el gobierno municipal que encabeza Ramón Demetrio Guerrero Martínez, pretende que ellos firmen su retiro voluntario sin pagarles su liquidación de ley, ya que hay oficiales que tienen más de 13 años en la Corporación y sólo les están ofreciendo una indemnización de 26 mil pesos, mientras que a otros les ponen en la mesa 18 mil pesos en efectivo, mientras que a los que reclaman y se ponen más duros, les dan un ultimátum para que acepten –si quieren—39 mil pesos.
Los elementos que están en esta situación de baja, exigen que sesione la Comisión de Seguridad Pública Municipal en el pleno del Ayuntamiento, para que se trate su asunto de una manera oficial y decorosa, toda vez que se están violando sus derechos y los están echando a la calle sin mostrarles la información documentada de que ellos, en efecto, reprobaron el examen de confianza.
En la reunión que sostuvieron con Rogelio Hernández de la Mata, Campoy y otros, el mayor les hizo saber que la información sobre las personas que estaban siendo dadas de baja era confidencial y por lo tanto, considerada como reservada por la ley. Pero los agentes policiacos tienen sus dudas, exigen que les muestren con oficios y en documentos que en realidad están dados de baja por no aprobar el examen, ya que entre los policías ha trascendido que también el mismísimo Director de Seguridad Ciudadana reprobó dicho examen y, sin embargo, él no se dio de baja, cuando la ley es muy clara y tendría que dejar su puesto.
SE AMPARAN
Por lo pronto, el lunes 03 de noviembre los policías y agentes de tránsito estaban esperando noticias de sus abogados para ver si un tribunal de distrito con sede en Guadalajara les aceptó el amparo y les concedió la suspensión provisional, por considerar que se estaban violando derechos y garantías individuales de estos policías que no han sido oídos ni vencidos en juicio, sólo les dijeron verbalmente que estaban dados de baja y que se fueran a sus casas.
Recordaron que el mismo mayor Rogelio Hernández de la Mata no estaba certificado por las leyes del Estado y que él ni siquiera había presentado un examen como lo exige la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que violó varias disposiciones legales al continuar al frente de la Dirección de Seguridad Ciudadana, por lo que ahora no tiene calidad moral para tratar de esta manera a los elementos.
Al mayor parece preocuparle más el caso del grupo de los 100 policías que también habrían reprobado y a quienes se les dará otra oportunidad para que por segunda vez se sometan al examen de control de confianza y puedan continuar en la dependencia de seguridad pública, sobre todo los comandantes más conocidos –pues ninguno aparece en la lista de los 54 oficiales dados de baja--, que por el tiempo que tienen en sus cargos han generado una serie de intereses de todo tipo y podrían ser considerados de “alto riesgo”.
EN LA CUERDA FLOJA
Como se recordará, la administración anterior que presidió Salvador González Reséndiz, jubiló anticipadamente al Comisario y a nueve supervisores de la Policía Municipal pues con las nuevas reglas del programa Subsemun, ya no podían seguir trabajando en sus cargos, por lo que se les buscaba dar un “retiro digno”.
Cuando González Reséndiz anunció esta medida, en la Dirección de Seguridad Pública se armó una revolución y hubo presiones muy fuertes hacía el entonces alcalde –sobre todo de carácter externas—para que citara a una sesión de Cabildo y dejara en sus puestos a los comandantes más viejos de la Corporación “por así convenir a los intereses del Ayuntamiento”.
De esta manera, se quedaron en sus cargos los siguientes comandantes, según informó en ese momento la periodista Carolina Gómez Aguinaga:
1.- Felipe mejía Bracamontes, ingresó 1990, 22 años antigüedad, jubilación con el 80% del sueldo.
2.- Carlos Alfonso Barajas Arreola, ingresó 2003, 9 años antigüedad, 50% salario
3.- Francisco Javier Padilla Vargas, ingresó 1994, 18 años antiguedad, 75% sueldo
4.- Jaime Torres Cedano, ingresó 1995, 16 años antigüedad, 70% sueldo
5.- Raymundo Leonel Villaseñor Barragán, ingresó 1996, 16 años antigüedad, 80% sueldo
6.- Felipe Camacho Guzmán, ingresó 1995, 16 años antigüedad, 75% sueldo
7.- Olegario Jackson Manjarrez, ingresó 1992, 20 años antigüedad, 75% sueldo
8.- Francisco Rodríguez Salazar, ingresó 1996, 16 años antigüedad, 70% sueldo
9.- José Manuel Mora Lugones, ingresó 1995, 16 años antigüedad, 70% sueldo
En ese entonces, al interior del Ayuntamiento de Salvador González, regidores como Héctor Gallegos criticaron que no se les estaba dando un retiro digno como estipula el programa, por lo que pidió que aquellos que rebasaran los 15 años de antigüedad, se les diera el 100% de sueldo, pero no se autorizó.
Al final, los comandantes ganaron, no fueron jubilados, sino que se quedaron en la Dirección de Seguridad Pública, y el tema ya no se había vuelto a tocar, sino hasta ahora, en que se presume que algunos forman parte del segundo grupo que está en la lista de los reprobados.
