Sin partido político que lo respalde, Fernando y un grupo de amigos idearon la forma para poder manipular las decisiones más importantes del próximo gobierno municipal, a través de una “Contraloría Ciudadana” manejada por un Consejo que pretende autonombrarse “Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta”, constituido en una Asociación Civil.
Y con el cuento de que esta asociación está respaldada por más de 30 mil ciudadanos de Puerto Vallarta, pretenden obligar al próximo alcalde a que en la segunda sesión de Ayuntamiento se aprueben dos documentos, uno de ellos, el más importante, es precisamente el que suscribiría el presidente municipal, el síndico y el secretario general, con el denominado “Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta”, con el objetivo de que se cumplan nueve puntos.
VAN POR TODO
Entre esos nueve puntos, estos empresarios encabezados por Fernando González Corona, maniatan al próximo presidente municipal y lo pretenden obligar a que entregue a los regidores de oposición las comisiones más importantes al interior del cuerpo edilicio en el pleno del Ayuntamiento, como lo son la de Hacienda y la de Gobernación, pues en el documento –obligatorio para os que ya firmaron-- se puede leer lo siguiente:
“Ofrecemos pluralidad política y una apertura democrática en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta al asignar las presidencias de las comisiones edilicias de Hacienda y Gobernación a la primera y a la segunda minoría, respectivamente, representada por regidores de otros partidos, ya que con ello se garantiza la rendición de cuentas y la despolitización de los presupuestos, además de que se da mayor certeza de un manejo financiero transparente”.
También exigen que la llamada Contraloría Ciudadana intervenga en prácticamente todas las acciones de gobierno, incluso para que ellos desde el sector privado –aunque mañosamente le dicen “la ciudadanía”—aprueben o desaprueben las licencias de obras públicas, los permisos de giros restringidos, las licencias de construcción y la asignación de contratos de obras públicas y de prestación de servicios.
Incluso van más allá, y piden que se reforme el Reglamento de Adquisiciones del Ayuntamiento para modificar la Comisión de Adquisiciones y se permita la inclusión de esa llamada “Contraloría Ciudadana”, quizá para que sus integrantes desde la Iniciativa Privada, digan a quién sí, y a quién no, se le asignan contratos.
HASTA LA COCINA
Por si esto fuera poco, de entrada, estos empresarios exigen asimismo al próximo alcalde, que en los primeros 90 días de administración, se comprometa a presentar ante ellos, un diagnóstico con inventario que guardan unidades deportivas, canchas, parques, áreas verdes, camellones, calles pavimentadas, alumbrado y áreas públicas en general.
Se quieren meter hasta la cocina, ya que incluso quieren ser ellos, los de la Contraloría Ciudadana –que para efectos prácticos es Fernando González Corona y su club de amigos—los que supervisen a los policías municipales para ver si tienen las pruebas positiva de control de confianza y sino, depurar a la corporación policiaca.
Estos empresarios están pasando por alto el marco legal, quieren meter la mano en las decisiones exclusivas del ejecutivo municipal con el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas y pretenden violentar leyes y reglamentos para incidir, recomendar y exigir que el alcalde en turno –bajo documento firmado y pasado por acuerdo de Cabildo—haga lo que ellos le dicten en todas las áreas de la administración pública municipal.
EL CHANTAJE COMO TRANSPARENCIA
Ellos, Fernando y sus amigos, quieren todo el pastel del gobierno municipal sin haber trabajado, sin constituirse en partido político y sin participar en el proceso electoral con algún candidato independiente. Pretenden ser gobierno sin haber sido electos, utilizando el chantaje de la transparencia.
Lo peor de todo es que tanto Fernando González Corona, como gran parte de su equipo, ya formaron parte de un gobierno municipal en 1995 cuando ingresaron al Ayuntamiento a través del Partido Acción Nacional (PAN), y ahora quieren ser parte decisiva de la nueva administración por conducto de una “Contraloría Ciudadana” que ate de manos al jefe del ejecutivo municipal, que en este caso sería el presidente.
Ilusos aquellos candidatos que firmaron el mentado Acuerdo por un Gobierno Abierto y Transparente –algunos por ignorancia y otros obligados por las circunstancias políticas--, ya que de llegar a ganar los comicios del próximo domingo siete de junio, se encontrarán con un grave problema, un conflicto mayúsculo que no es para menos, pues si no lo cumplen serán exhibidos por estos empresarios que hasta medios de comunicación controlan; y si lo cumplen al pie de la letra, van a incurrir en responsabilidades jurídico administrativas y de paso se van a dejar ver como unos peleles a la orden del sector empresarial disfrazado de “ciudadanía”.
UN BOTON, LA ADEPROTUR
Un claro ejemplo de cómo se manejan estos empresarios y de cómo quieren meter mano en todo y controlar hasta la administración pública, lo representa la Asociación de Desarrolladores y promotores Turísticos de Tiempos Compartidos (Adeprotur), un organismo que aglutinó a las empresas más grandes en la materia y que es totalmente controlada por Fernando González Corona, el empresario ladrón de calles, Daniel Chávez Morán de los hoteles Mayan Palace del grupo Vidanta y los hermanos Juan y Eduardo Vela y que han empoderado en la gerencia por más de 15 años, al ex delegado de la Sectur en Vallarta, Luis Ángel Cantú Treviño.
Esta asociación es tan cerrada y poderosa –ahí no conocen la transparencia ni la rendición de cuentas—que se han atrevido a regalarle varios vehículos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta desde hace ya varias administraciones, para que les permitan tener sus propios inspectores que, a nombre del gobierno municipal, vigilan todas las áreas públicas como playas, supermercados o calles de la zona turística, para sancionar y meter a la cárcel a todo aquél vendedor de tiempo compartido “pirata”. Para ellos el término “pirata” es todo aquél vendedor que no está integrado a algunas de las empresas de la Adeprotur, violando flagrantemente las garantías individuales de ciudadanos que tienen un modo honesto de vivir, como lo es vender tiempos vacacionales.
Lo más indignante, es que la Policía Municipal y el propio Ayuntamiento, se prestan para encarcelar sin motivo algunos a los vendedores de tiempos compartidos que son señalados por los inspectores (o más bien, por la policía privada) de la Adeprotur.
Así las cosas… ¿se imagina usted a la llamada “Contraloría Ciudadana” actuando con un séquito de informantes e inspectores que actúen como policías privados para exigirle al próximo presidente municipal, que le niegue o le autorice una licencia, un permiso, una asignación de obra o un contrato de prestación de servicios, a tal o cual persona física o moral?
Insistimos, la idea es muy buena, pero no se han cuidado las formas ni el fondo, ni tampoco se ha tenido atención especial al pasado lejano y reciente del hombre que es el principal impulsor de este Acuerdo y quien es el que seguramente sufraga los gastos más fuertes de este grupo, que ya ha gastado mucho dinero en conferencias magistrales, programas de radio, ruedas de prensa, folletos, páginas web y probablemente salarios a personas que antes trabajaron con él en el Ayuntamiento.
EL HISTORIAL
Pero bueno, basta echarse un clavado a los archivos de Fernando González Corona para que se dé uno cuenta de que no es el hombre idóneo para promover, impulsar o apalancar una Asociación Civil como el mentado Consejo que dio pie al llamado “Acuerdo por un Gobierno Abierto y Transparente”.
De entrada, les vamos a contar una anécdota que nos tocó vivir en el tiempo en que Fernando González Corona era presidente municipal de Puerto Vallarta: En una rueda de prensa, este escriba le preguntó que por qué no hacía pública su declaración patrimonial, tal y como lo contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de inmediato nos contestó en tono molesto: “¿Para servir a los intereses de quién?”, “No, no la voy a hacer”.
Unos años antes, cuando Fernando se disponía a incursionar en el área de los medios de comunicación con el periódico “Tribuna de la Bahía”, ocurrió un asesinato en una residencia de Marina Vallarta que marcaría a Fernando para siempre: Un presunto sicario arribó al domicilio de un socio de Fernando y le disparó varias veces hasta matarlo.
El ejecutado era el gringo Marck Puerner, el socio principal de Fernando en los proyectos de tiempos compartidos. Uno de los primeros periodistas que obtuvo las fotos de este crimen fue el entonces dueño del periódico “El Sol Siempre Libres”, Héctor García Lugo. Por la noche, recibió la visita inesperada de Fernando González Corona, quien le habría dado un puño de billetes –se habla de mucho dinero—para que Héctor no publicara las fotografías del norteamericano.
LA RECOMPENSA SIMULADA
Con los días, Fernando aparentaba mucho pesar por la muerte de Puerner, al grado tal que hizo publicar un anuncio en “Tribuna de la Bahía” donde ofrecía una jugosa recompensa para quien diera información que pudiera ayudar a resolver este crimen; y en la parte inferior de la publicación, en letras chiquitas, puso la siguiente leyenda: “Este anuncio se publicará todos los días hasta que se resuelva el crimen de Marck Puerner”.
Con el paso del tiempo, Fernando no sólo no cumplió con publicar el anuncio hasta resolver el crimen de su ex socio, sino que hasta quitó la recompensa y ya no volvió a aparecer la publicación, incluso la viuda de Puerner, una señora que se llama Ana María Flores (homónima de la Ana María Flores que todos conocemos en Vallarta de Ciudades Hermanas) tuvo que dejar el país por el ambiente en que su marido murió y el olvido en que la dejó Fernando.
Ya sentado en la silla presidencial de la alcaldía, en una comida de la libertad de expresión en el restaurante “Balam” que se ubicaba justo enfrente en donde estaban las oficinas de “Tribuna de la Bahía” por la calle Basilio Badillo, le preguntamos a Fernando el por qué había quitado el anuncio de la recompensa de su socio ejecutado; y no supo qué decir, sólo se limitó a comentar: “Qué buena pregunta”. Entrado en tragos de wiski fino, ese día Fernando amenazó a quien esto escribe, nos dijo cosas como “ya no quiero aparecer en tu prensa mierda” “que sea la última vez”, “qué quieres”, y otras linduras.
Ese día, del año 1996, Fernando se llevó a los reporteros de la fuente al table dance de moda, el desaparecido “Juniors” y les pagó a los periodistas todo lo que quisieron.
Les contamos esto para que vean que Fernando debería renunciar a este Consejo para la Seguridad, la Transparencia y el Buen Gobierno”, porque su pasado no le permite exigir rendición de cuentas a nadie.
NEGOCIOS, HUESPEDES Y DINERO
Su vida está llena de misterios, no se sabe cómo en dos años, luego de ser un taxista en Mazatlán, apareció con una cuenta de más de un millón de dólares en el Wells Fargo Bank de California, ni por qué los sicarios de los narcotraficantes del Cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, se hospedaron en el hotel de Fernando, Villas del Mar, para después participar en la feroz balacera de la discoteque Christine.
Tampoco ha sido transparente como empresario, ya que a la fecha se ignora cómo es que le compró una amplia propiedad al cuñado del ex presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, Rubén Zuno Arce en la montaña de Juanacatlán, donde construyó el majestuoso desarrollo “Sierra Lago”.
Hay que recordar que Rubén Zuno estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos, y por ser presuntamente cómplice en el asesinato del ex agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.
Rubén Zuno se hizo de muchas tierras ejidales y de pequeños propietarios en toda la sierra de Mascota, Talpa, Ameca, San Sebastián del Oeste y Vallarta, y fue quien le vendió a Fernando el terreno de “Sierra Lago”; en ese entonces, a Fernando no le importó el pasado criminal de Rubén Zuno.
Pero Fernando es Fernando, para algunos es un Dios, pero para otros no, es un empresario mortal que tiene un pasado nada claro y que se ha visto envuelto en muchos escándalos, como cuando se reveló quién era el dueño de uno de los barcos de su propiedad, como La Marigalante, que habría comprado a un militar implicado en el equipo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, preso por presuntos nexos con el Señor de los Cielos, el desaparecido narcotraficante de nombre Amado Carrillo Fuentes.
No dudamos que en el Consejo para la Transparencia haya gente bien intencionada, como Juanita Delgado, y algunos comunicólogos que crean que este es un buen paso para que los gobiernos sean más responsables al momento de ejercer el gasto público, pero no es el señor González Corona el mejor indicado para promoverlo, ni mucho menos para impulsarlo o patrocinarlo.
¿O no me diga usted que estaba bien que Fernando González Corona se congraciara con políticos como el entonces secretario de gobernación, Santiago Creel Miranda o con el primer gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez –para ascender él y su esposa Eva Contreras en la política--, a quienes seducía en sus yates, aviones privados y en mega fiestas donde amenizaba su cantante favorito: “El Coyote y su Banda Tierra Santa”?
Hoy que se va a transmitir en tres estaciones de radio la formalización del Acuerdo, al menos en el sector privado, los invitamos a la reflexión y no permitamos que el tiempo borre la memoria colectiva.
