Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril, cuando agentes de la policía investigadora se trasladaron a Cabo Corrientes para, con engaños, sacar de sus viviendas al señor, mayor de edad (tiene 68 años y apenas puede caminar), Samuel Mendoza Medina y a su joven hija, madre soltera ella, para llevarlos al penal de Ixtapa por un supuesto delito que nunca cometieron, ya que los están acusando de un despojo inexistente, ya que ellos son los legítimos dueños de estas tierras y no pueden despojarse asimismo.
Sin embargo, se los llevaron esposados y tuvieron que pagar una fianza de 15 mil pesos –consiguieron el dinero como pudieron, pidiendo prestado a los amigos y familiares—para salir libres.
En el proceso, el juez Tomás Vargas dictó el auto de formal prisión, pero un abogado apeló esta determinación y fue así como les fijaron una fianza. Pero antes, del expediente, personal del Juzgado Segundo extravió algunas hojas con el avieso objetivo de que no procediera la apelación, según denunciaron los afectados.
En este caso, como en muchos otros, que están poniendo en entredicho al nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio y deja en ridículo a los famosos juicios orales, y por supuesto, a la Fiscalía del Estado, no se siguió el debido proceso a los imputados, simplemente se les giró una orden de aprehensión por un delito, insisto, que no cometieron. No se les citó de ninguna manera, sólo los capturaron como si fueran vulgares delincuentes.
En el fondo de este asunto, aparece la Inmobiliaria denominada “Desarrolladora Naranjitos” y el terrateniente de Guadalajara, Francisco Javier Barba Franco, quien en 2007, en un proceso amañado y en una asamblea espuria, el comisariado ejidal en ese entonces, Juan Manuel Méndez Castillo, vendió tierras de supuesto uso común mediante un contrato en donde les prometieron pagar a 45 ejidatarios cantidades millonarias en diferentes fechas, cosa que no se ha cumplido a cabalidad.
En la supuesta venta, se habrían incluido dolosamente las tierras de don Samuel Mendoza Medina, pero en un juicio agrario que se ratificó el 27 de abril del 2012 y también en el 2014, el Tribunal Unitario Agrario emitió una resolución donde sostiene que el señor Mendoza Medina es el legítimo propietario de esas casi dos hectáreas.
Sin embargo, el Juez Segundo de lo Penal, Tomás Vargas Suárez, ignoró esta resolución y giró la orden de aprehensión contra estas humildes personas.
Lo peor de todo, es que este mismo juez venal, pues no se le puede decir de otra manera, junto con su secretario, Grisel Carolina de la Cruz Gómez, emitieron un acuerdo el pasado 03 de junio para que este viernes 12 de junio a las 10:00 de la mañana, con el uso de la fuerza pública (piden por lo menos que estén presentes cuatro policías de la Fuerza Única) para desalojar a las familias del señor Mendoza Medina de sus propias tierras.
Una vez más, ignoran la resolución del Tribunal Agrario, y sin importar que ahí vivan niños, mujeres, personas de la tercera edad y madres solteras, pretenden llevar a cabo esta arbitrariedad.
Hacemos esta denuncia, porque un abogado del señor Mendoza Medina, logró conseguir un amparo para evitar esta ejecución, es el juicio de amparo 810/2015-IV, y en el documento se puede leer claramente que La Juez Sexta de Distrito de Amparo en Materia Penal, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, indica que en caso de que la parte quejosa aún se encuentre en posesión material de la parcela –como es el caso—no sea desposeída de la misma.
Este caso hay que seguirlo de cerca, debido a que más en el fondo, aparece el cantante Alejandro Fernández, como quien habría comprado una amplia franja del ejido Naranjitos a esta Inmobiliaria de Barba Franco, dizque para construir ahí un hotel ecológico.
Está bien que Alejandro tenga inquietudes ecológicas para construir un hotel, pero que no sea atropellando los derechos de los ejidatarios, ni mucho menos desalojando y encarcelando a campesinos humildes y desprotegidos.
Algo huele mal, muy mal en el Juzgado Segundo de lo Penal.
