Se trata del acuerdo edilicio número 0450/2015, emitido en sesión de Ayuntamiento de fecha 02 dos de febrero del 2015, en el cual se aprobó lo siguiente:
“La suscripción de uno o más convenios con empresas u organizaciones de carácter público privado que cuenten con las acreditaciones suficientes para suministrar la instalación de todo tipo de dispositivos que faciliten la transmisión de mensajes y la publicación de los señalamientos, prevenciones y notificaciones que las autoridades municipales deban hacer del conocimiento de la población”.
Fue un acuerdo que prácticamente pasó de noche a muchos (y a otros quizá los compraron), pero que fue aprobado por la mayoría de los regidores del MC que estaban debidamente controlados por el Mochilas y que representó un atentado no sólo contra las finanzas del Ayuntamiento, sino contra la imagen visual de Puerto Vallarta, en caso de llevarse a cabo la firma de este tipo de “convenios de colaboración”.
AMBICION DESMEDIDA
Lo más grave, es que en su ambición desmedida, Ramón Guerrero quería que estos “convenios de colaboración” tuvieran una vigencia de 20 años –con opción a prórroga por otros 20 años (no sé por qué me acordé otra vez de la película La Ley de Herodes) — y que no se les cobrara licencia municipal a los particulares u organizaciones que colocaran este tipo de dispositivos con anuncios dirigidos a la población.
Pretendía asimismo, que le autorizaran –como le autorizaron, porque el acuerdo todavía está vigente, hasta que sea abrogado en la próxima sesión del pleno—facultades exclusivas al presidente municipal para otorgar este tipo de permisos y firmarlos a nombre de la Comuna, sólo con el visto bueno de la Dirección de Ecología y Movimiento Territorial, que sólo emitiría un dictamen a modo.
Los convenios –según la ley del Mochilas—podrían ser suscritos con empresas u organizaciones públicas o privadas “para suministrar la instalación de todo tipo de dispositivos que faciliten la transmisión de mensajes y la publicación de los señalamientos, prevenciones y notificaciones que las autoridades municipales deban hacer del conocimiento de la población”.
Los anuncios se colocarían en módulos de información turística, tableros de información vial, pendones, carteleras de avisos fijas o itinerantes, así como dispositivos móviles para el despliegue de información gráfica y audible.
NEGOCIO DE PARTICULARES
Pero no sólo eso, sino que los particulares también podrían “explotar comercialmente su utilización para fines publicitarios, de manera exclusiva y a través de los medios legales que estimen conveniente. El convenio de colaboración especificará las restricciones y modalidades de la comercialización, en el entendido de que la difusión de mensajes publicitarios no podrá rebasar el ochenta por ciento del espacio o de los tiempos de exposición de mensajes, ya sea de manera individual para cada dispositivo, o mediante un cálculo que considere varios dispositivos de forma conjunta.”
En otras palabras, si una empresa—de esas gandallas y oportunistas como la de los Mendiola (recuerden cuando la radiodifusora “La Explosiva” puso su pantalla electrónica por la avenida Francisco Medina Ascencio a las afueras de la tienda SAMS—se ve favorecida por uno de estos acuerdos, bien podría meter no una, sino varias pantallas y dispositivos electrónicos en toda la franja turística para explotarlas con anuncios de publicidad (que cobrarían carísimos), sólo que no rebasaran el 80 por ciento del espacio, pero sí con un envidiable 20 por ciento.
Por dónde se le vea, esto es un negocio, a todas luces, que hizo a título personal el Mochilas, pero utilizando a los estultos regidores del MC. Lo peor de todo es que no se sabe todavía si antes de irse firmó o prometió uno de estos “convenios de colaboración” con algún empresario local o fuereño, lo cierto es que en el punto cuarto del acuerdo, se puede leer esta descarada determinación: “Y no se requerirá licencia para sus explotación comercial en virtud del fin público (sic) al que están afectos”.
Esto es una afrenta, un golpe a la inteligencia de los vallartenses, pues si les van a permitir explotar el 20 por ciento del espacio para fines publicitarios mediante contratos con empresas privadas, y el 80 por ciento para anuncios y mensajes oficiales, dígame usted en dónde carajos está el “fin público”.
UN DESCARADO BLINDAJE
Pero aún hay más (dijera el desaparecido Raúl Velasco), ya que el Mochilas quiso dejar blindados a sus favorecidos con estos convenios, pues en el apartado sexto, se señala que “la administración municipal se compromete a garantizar la permanencia y utilización de los dispositivos y módulos de información aquí referidos y fijará el compromiso del municipio de indemnizar al colaborador en caso de que uno o más de los implementos habilitados sea removido o inutilizado por decisión de las autoridades municipales”.
Insisto, no sabemos todavía si el Mochilas firmó alguno de estos convenios con personas físicas o morales, pero en caso de haberlo hecho, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la contraparte o arriesgarse a ser demandado ante el Tribunal Administrativo del Estado.
Es tan lesivo este acuerdo de Cabildo, que faculta al alcalde, al secretario general, al tesorero, al Director de Ecología, al síndico (y ojo aquí) “o a alguno de los apoderados especiales del Ayuntamiento” para que de manera conjunta o separada (sic) suscriban toda la documentación y realicen los actos jurídicos o administrativos necesarios y convenientes para el cabal cumplimiento del presente acuerdo”.
Hay que recordar que el Mochilas dejó fuera –ilegalmente—de todo tipo de acuerdos y firmas a quien fuera su síndico municipal, Roberto Ascencio Castillo, por eso introdujo la frase “o cualquiera de los apoderados especiales del Ayuntamiento”, pues si Ascencio se negaba a suscribir alguno de estos convenios, lo podría hacer alguno de los apoderados.
LAS AGALLAS DE UNA REGIDORA
En este contexto, llama mucho la atención que sea la regidora Susana Rodríguez Mejía la que haya elaborado esta iniciativa para abrogar el acuerdo del Mochilas –ya que ella trabajó con Ramón Guerrero--, pues se percibe ya un distanciamiento serio y decidido del MC a todo lo que huela al Mochilas, ya que están saliendo casos verdaderamente escandalosos de corrupción como este acuerdo ventajoso de dar concesiones a 20 años a empresas publicitarias sin la posibilidad de que ingrese un solo peso a las arcas municipales.
Sabemos que el sector privado, en voz del Consejo Coordinador, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y la Asociación Civil aglutinada en el llamado “Consejo por un Gobierno Abierto y Transparente”, publicó un desplegado la semana pasada en un diario local, donde pide al alcalde Arturo Dávalos y a los integrantes del Ayuntamiento 2015-2018, la revocación, y dejar sin efecto el acuerdo edilicio 0450/2015 del dos de febrero de este año, que es al que nos hemos venido refiriendo.
Después de este desplegado, la regidora Susana Rodríguez tomó esta petición y de inmediato elaboró una iniciativa que presentará en la próxima sesión del pleno, en donde introduce tres puntos de acuerdo.
Según lo que ha trascendido, son:
1.- Que el Ayuntamiento autoriza se abrogue el acuerdo edilicio número 0450/2015, emitido el 02 de febrero del 2015, incluyendo todos y cada uno de los Puntos resolutivos.
2.- Que se instruye al Síndico, para que en el caso de que se hayan emitido autorizaciones, permisos o licencias a terceras personas, inicie y lleve ante la autoridad o tribunal competente el juicio de lesividad respectivo.
3.- Que el Secretario General notifique a las dependencias de Inspección y Vigilancia, Ordenamiento Territorial, Padrón y Licencias, Tesorería y Jueces Municipales, respecto la abrogación del acuerdo 0450/2015 para los efectos legales correspondientes.
Bien por la regidora Susana Rodríguez Mejía, pero sobre todo, bien por el alcalde Arturo Dávalos que no ha puesto ninguna objeción para echar abajo este acuerdo lesivo para los intereses de la comuna.
Esto apenas empieza, si le rascan van a destapar una auténtica caja de pandora y se van a topar con más acuerdos de cabildo, permisos y licencias, que fueron aprobados por órdenes de Ramón Guerrero y que representaron no sólo daños al patrimonio de Puerto Vallarta, sino verdaderos negocios –muchos de ellos fuera de todo marco legal—personales.
Arturo Dávalos Peña tiene la palabra… y la decisión de tomar el toro por los cuernos, pues es casi seguro que Ramón Guerrero va a ir con Enrique Alfaro y los dirigentes del MC, a quejarse de que le están sacando sus trapitos al sol y que “eso no le conviene al partido”.
