La orden de desalojo está programada a las 11:00 horas de este jueves.
Para poner en contexto a los lectores este tema, nos informamos que la propietaria de este sitio, Mónica Gabriela Ortiz Rosales, adquirió dicha parcela hace poco más de 10 años y la transacción la hizo directamente con el ejido Sayulita --cuya extensión abarca hasta San Francisco, conocido informalmente como San Pancho—pero de pronto apareció una señora de nombre Cornelia Ruiz, que dijo ser la verdadera dueña de las 10 hectáreas.
De acuerdo con los datos que se han obtenido de este caso, Mónica Ortiz compró de buena fe el predio al presidente del ejido Sayulita, Genaro Parra, y mucho tiempo después se originó un pleito jurídico entre Cornelia Ruiz y Genaro Parra, que concluyó en una presunta sentencia a favor de la señora Ruiz, y de ahí se derivó la orden de un juez para desalojar el terreno donde hoy está el Centro Cultural “Zubuya”.
Sin embargo, la orden de desalojo es contra el señor Genaro Parra, y no en contra de la actual propietaria y posesionaria, Mónica Ortiz, quien tiene en su poder la escritura pública número 656, elaborada ante la fe del notario público número 33 de Nuevo Vallarta, Jorge Armando Bañuelos Ahumada, para demostrar que ella compró el terreno y que es la dueña.
No obstante, el actuario del TUA –quizá persiguiendo un fin avieso--, insiste en ejecutar la orden de desalojo, sin tomar en cuenta los derechos de Mónica Ortiz y de su Centro Comunitario, del cual dependen varias familias, 10 residentes, 11 niños que están en el protectorado educativo infantil y 20 mujeres que trabajan ahí por el bien común de “Zubuya”, que actualmente tiene más de 30 miembros.
Este mismo actuario, Luis Enrique Ramírez Robles, ya intentó una vez desalojar estas tierras, y fue el 28 de abril del año pasado, cuando se presentó en el lugar y amenazó a la propietaria con sacarla con la fuerza pública, si en un periodo de 15 días no se salía de este sitio.
El magistrado que lleva este caso, Aldo Saúl Muñoz López, ha sido más mesurado y está en espera de que los terceros perjudicados se amparen o impidan el desalojo, por ser improcedente, aunque ha externado en lo corto, que él sólo “sigue la orden de un juez”.
De hecho, el Ministerio Público de Sayulita, ha enviado al archivo varias denuncias de este asunto, por improcedentes.
A su vez, el presidente del ejido, Genaro Parra, ganó supuestamente el juicio en primera instancia, pero un magistrado intervino y el pleito continuó, hasta que perdió el caso y, ahora, la tercera afectada es Mónica Ruiz y su Centro Cultural.
Consultada vía telefónica al respecto, Mónica Ruiz pide ayuda para que no se cometa este acto de corrupción –según sus propias palabras--, ya que es sabido que al actuario Ramírez Robles “le dieron una lana” para ejecutar el desalojo el año pasado y tiene un interés parcial para llevar a cabo el acto.
Mónica Ruiz tiene temor fundado de que la vayan a desalojar injustamente, toda vez que, sabe que este jueves 16 de febrero, a las 11:00 horas, está programada la visita del actuario, con las negras intenciones de ejecutar la orden de desalojo, por lo que pide apoyo de toda la comunidad para impedir esta acción, “pues a mí no me han citado, ni vencido en juicio alguno”.
Que la señora Cornelia Ruiz y Genaro Parra arreglen sus diferencias, para saber qué procede en su caso, comentó Mónica Ruiz.
Pide a la comunidad de Sayulita y San Pancho, defender el Centro Cultural y Comunitario.
