Resulta que al estar de vacaciones la juez Sarahí Hernández, --en el periodo comprendido del 27 de enero al 10 de febrero-- le armaron todo un cuatro para incriminarla en un hecho que, aunque menor y sencillo, pretenden hacerlo ver como algo escandaloso y punible que ameritaba una investigación y el inicio de un proceso administrativo contra Hernández Rubio.
El caso comenzó cuando el cuatro de febrero pasado, acudieron a las oficinas de los juzgados municipales dos personas, una de ellas de nombre Tomás García Ramos, que traía una hoja de calificación con el folio 184807 para la devolución de un vehículo que había sido retenido en el operativo alcoholímetro. El documento estaba sellado y firmado presuntamente por la juez Sarahí Hernández Rubio.
DE LA DUDA A LA MAQUINACIÓN
Tomás García iba acompañado de un hombre llamado Rufino Rivera, quien, según el testimonio en ese momento de Tomás, fue el que le dio el papel firmado y sellado, por lo que de inmediato surgió la duda –o quizá desde ese momento comenzaron a maquinar cómo perjudicar a esta juez—en la Coordinación de Jueces, de que cómo era posible que alguien trajera una hoja de calificación sellada y firmada por Sarahí Hernández, si ella estaba de vacaciones.
Raudo y veloz, personal que está bajo las órdenes de la coordinadora –como Oscar Sánchez Guerra—procedieron a interrogar al portador de dicha hoja de calificación y de cómo Rufino la consiguió. De entrada, según lo que consignó Oscar Sánchez, esta persona dijo ser empleado de mantenimiento de la licenciada Sarahí Hernández Rubio.
Y ya en Las Juntas, al momento en que Rufino Rivera fue a recoger el carro detenido, el mismo Oscar Sánchez lo volvió a cuestionar, en el sentido de que quién le había dado la calificación. El portador volvió a decir que “la juez de Versalles”, por lo que el funcionario municipal le indicó que eso era imposible, puesto que la juez Sarahí estaba de vacaciones, que estaba fuera de la ciudad, al parecer en Estados Unidos. Pero que le volvió a insistir, que quién le había la hoja de calificación, y que según, Rufino Rivera contestó que un empleado de la clínica, “refiriéndose al negocio de la licenciada” (sic).
Que el señor Rufino se retiró y que dos horas más tarde regresó sólo el infractor, es decir, Tomás García para recoger el coche, pues ya habían pagado la multa, pero Oscar Sánchez le informó que no se lo daría, que tendría que ir el martes 07 de febrero a la UMA para entrevistarse con la coordinadora de jueces.
EL “ACTA CIRCUNSTANCIADA”
En este sentido, y según lo consignado en el “acta circunstanciada” que se levantó contra Sarahí Hernández (que en realidad es un acta administrativa, pero algún ignorante de los juzgados la hizo pasar como “acta circunstanciada”), el señor Tomás García Ramos, en su entrevista con la coordinadora de jueces, habría expresado lo siguiente:
“Le voy a decir la verdad ¡yo no firme esto! Le pedí ayuda a mi amigo Rufino Rivera, él trabaja con una juez en Versalles, mismo que me dijo que no me preocupara, que él hablaría con la juez, posteriormente él medio este papelito ya firmado y sellado, diciendo que con eso no habría ningún problema, yo desconocía que ella estaba de vacaciones, la verdad ni la conozco y no sé cómo mi amigo consiguió el papelito sellado, mi amigo es Rufino y trabaja en la clínica de la juez”.
Cómo se ve, este testimonio podría ser totalmente amañado, pues quizá sí interrogaron al señor Tomás García, pero es probable que sus palabras se hayan interpretado a modo y el texto arreglado para perjudicar a la juez Hernández Rubio.
Sin embargo, en la misma Coordinación le dijeron a Tomás García que, aunque ya había hecho dos pagos, le faltaba la multa por alcoholemia y se retiró, pero volvió a las 14:30 horas del mismo martes 07 de febrero.
MULTA POR ALCOHOLEMIA
En eso estaban, cuando –según se indica en el acta—la coordinadora recibió un mensaje de WhatsApp de Sarahí Hernández, que le pedía apoyo para determinar una multa por dos mil 500 pesos, y que precisamente era la de Tomás García por concepto de alcoholemia.
Al final, esta persona pagó cinco mil 661 pesos con 75 centavos por multas –según pruebas en poder de este medio--, no se le hizo ningún descuento, porque en la coordinación de jueces se negaron a hacerlo, pese a que se les informó que era una persona con escasos recursos económicos. De hecho, es normal que se les haga un descuento a los infractores que no tengan suficiente liquidez.
Sin embargo, esto fue suficiente para que se le iniciara un proceso administrativo a Sarahí Hernández, a quien ahora pretenden dar de baja, suspenderla y exhibirla para afectar su reputación, aunque ha sido de las jueces que no tienen ninguna mancha en su expediente.
¿Por dónde la quieren afectar?... Es claro que la quieren perjudicar por el hecho de que, estando ausente, alguien utilizó una hoja de calificación con su presunto sello y firma, para pagar una multa del operativo alcoholímetro. Y como el infractor es amigo de un empleado de mantenimiento de la clínica propiedad de Sarahí Hernández, por ahí la quieren exhibir y criminalizar.
No sólo eso, se preguntan en el “acta circunstanciada”, el por qué un tercero obtuvo y facilitó una hoja de calificación, si se supone que es material que debe estar resguardado dentro de las oficinas de los juzgados municipales.
LA RESPUESTA
Ahora bien, nosotros conseguimos información de la respuesta que dio a la Contraloría Municipal la juez Hernández Rubio sobre este caso, y por lo que según expresa, le están armando, en efecto, toda una treta para, quizá, deshacerse de ella ante el grado de corrupción que podría estar imperando en los juzgados municipales.
De entrada, Sarahí Hernández afirma que la firma estampada en la hoja de calificación no es la suya, que es probable que la hayan falsificado. En segundo, señala que van varias veces que, en su ausencia, le abren el locker de su oficina; por lo que aquí, hay gato encerrado.
En su respuesta a estas acusaciones, Sarahí Hernández indica lo siguiente:
“”Me permito objetar la copia del acuerdo supuestamente calificado por la suscrita, ya que como lo he referido, me encontraba de vacaciones y por lo tanto, nunca califiqué el folio a que hace referencia, ignorando de qué forma obtuvo esa copia la Coordinadora, pues son acuerdos que se encuentran en la computadora del juzgado y cualquier persona los puede imprimir, además de que me han abierto el locker donde usualmente guardo mis pertenencias de trabajo y bien pudieron haberlo sustraído de ahí; incluso dudo de la autenticidad de dicha firma, pues no es igual a las firmas que yo estampo, aunado a que no sería la primera vez que me falsifican mi rúbrica en este tipo de acuerdos, pues la cajera de nombre Edith Tapia Peña, ha detectado esas anomalías cuando se presentan a realizar los pagos de folios y así me lo han hecho saber”.
LA NEGATIVA, POR WHATSAPP
Reiteró que es falso que hubiera calificado dicho folio, “ya que efectivamente conozco al señor Rufino Rivera, es mi empleado y me comentó que a su compadre Tomás García, al que no conozco de manera personal, lo habían infraccionado en el alcoholímetro y le había detenido su vehículo, pero que era muy alta la multa que le cobraban y su compadre era de escasos recursos, por lo que se le había complicado pagar la totalidad”.
Fue por eso que le sugirió a Rufino Rivera que fuera a la UMA a buscar a la coordinadora, para solicitarle un descuento, que además ella trataría de contactarla, lo cual hizo por el WhatsApp, pero en la coordinación le negaron apoyarla, y no le quedó de otra que informarle a Rufino que tendría que pagar lo que le estaban cobrando, tal y como sucedió.
Es muy común, subraya Sarahí Hernández en su defensa, que se de apoyo a los infractores que acrediten el no contar con los recursos para poder cumplir con la obligación que se les requiere, “más aún, cuando ya se ha dado el caso que lo solicitan otros compañeros”.
En otras palabras, la mayoría de los jueces municipales han firmado folios con descuentos para infractores. Y no sólo eso, también algunos han entregado hojas de calificación selladas y firmadas, aun cuando están en sus días de descanso o en ausencia, por lo que es claro que sólo tratan de afectar la reputación de Sarahí Hernández, una mujer que no tiene necesidad para entrar en casos de corrupción, que viene de una familia vallartense bien acomodada y que, sin embargo, insisten en dañar su imagen.
EL DESENLACE
La Contraloría Municipal es la que lleva esta investigación, pero es notorio que un “acta circunstanciada” o “acta administrativa”, no puede ser levantada por una juez en contra de otra juez, ya que ante la ley y ante el Reglamento de Juzgados Municipales, tienen la misma jerarquía.
El único que puede levantar dicha acta, es el presidente municipal, como también es el único facultado para nombrar a los subordinados de los jueces municipales, jueces por ministerio de ley, pues de lo contrario, todos los actos firmados por quien ostente dicha jerarquía, serían nulos de pleno derecho.
En los próximos días veremos el desenlace de esta historia.
Aquí pueden pasar varias cosas:
1.- Que despidan a la juez Sarahí Hernández.
2- Que la castiguen con una suspensión de 15 o más días.
3.- Que se haga justicia y se ordene una investigación a fondo de lo que realmente está sucediendo en los juzgados municipales.
4.- Que el alcalde intervenga y tome medidas duras para sanear los juzgados municipales, caiga quien caiga.
