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Jorge Olmos

Jorge Olmos

Como Director General del diario Vallarta Uno, Jorge Olmos toma parte en la revolución informativa que avanza a pasos agigantados en Internet.

En total desobediencia a una sentencia definitiva para que desalojen un predio de más de cuatro hectáreas ubicado en “Las Trompetas” en el ejido Las Juntas, María Guerra Jiménez y su hijo, Epifanio Ramos Arquieta, continúan perturbando las tierras que son propiedad de Sabás Espinoza Mendoza y ahora de su viuda e hijos, con la intención de despojarlos y quedarse con algo que no les pertenece.

En ningún gobierno municipal emanado del Partido del Movimiento Ciudadano tiene la mano tan metida el ex diputado panista, Abraham González Uyeda, como en el de Puerto Vallarta, donde el primer equipo del alcalde Ramón Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas, está conformado por ex colaboradores del también ex subsecretario de gobernación y actual dueño de la lechera “Sello Rojo” de Jalisco, al grado tal que se dice en este centro turístico que quien realmente gobierna la ciudad es González Uyeda.

A diez meses de haber iniciado la administración Mochilista, la promesa  y  expectativa  del cambio verdadero  ha desaparecido.     La indecisión, la arbitrariedad  e  ilegalidad han caracterizado  el gobierno del alcalde del Movimiento Ciudadano en su primer año; y en su alocado intento por maquillar estos actos, ha pretendido confundir  y manipular la conciencia social, mediáticamente  a  través de la prensa palera que le cuesta  a los vallartenses arriba de los dos millones de pesos mensuales.

Por la muerte de dos mujeres vecinas de la colonia Jardines Universidad, un par de sujetos fueron consignados ante un juez por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, acusados de parricidio, homicidio calificado y robo calificado, luego de que les fue levantado el arraigo.

A pesar de que días pasados el líder moral del Movimiento Ciudadano en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sugirió que se convocara a una rueda de prensa inmediata para poner fin a las hostilidades entre el síndico municipal, Roberto Ascencio Castillo y el presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez, ésta no se dio con la rapidez que hubiera querido El Mochilas, sino tres días después en que se convocó a los medios de comunicación para dar a conocer posturas que simplemente rayaron en la falsedad y la hipocresía.

Una vez más, el presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas,  miente y engaña a los vallartenses al afirmar que “se cuidaron los intereses del municipio” en la concesión del alumbrado público a la empresa Citelum de México S.A de C.V., toda vez que le va a pagar por adelantado a dicha compañía –con dinero del Ayuntamiento desde luego-- , la friolera cantidad de dos millones 582 mil 804 pesos mensuales a partir del 23 de julio, lo que hará un total de 309 millones 936 mil 480 pesos durante los 10 años que dure la concesión, sin que la filial francesa de Citelum tenga que invertir prácticamente ningún peso, pues el gobierno local le estaría financiando con dinero líquido su gasto para prestar el servicio.

La salida del coronel Silvestre Chávez de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es inminente, toda vez que no habría pasado el examen de confianza –un requisito indispensable para seguir en el puesto policiaco según los criterios de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño del Estado de Jalisco y sus Municipios--, según trascendió ayer entre mandos policiacos y cuya versión corrió como reguero de pólvora entre decenas de policías que están inconformes con el actuar del militar y su escolta Jorge Aguilera.

El grupo de colaboradores que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez importó de Zapopan y Guadalajara está a punto de colapsarse en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por su participación, activa o pasiva, en graves actos de corrupción que se cometieron en el gobierno municipal de la ex villa maicera, cuando su titular era el panista Juan Sánchez Aldana.

Si algo le faltaba al coronel Silvestre Chávez para darle la puntilla al frente de Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, es verse involucrado en un delito en materia de Información Pública contemplado en el Código Penal de Jalisco, que sanciona con prisión de uno a cinco años y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada.

La lucha con marchas, plantones y protestas que han emprendido los vecinos de Villas Universidad desde octubre del año pasado para que no se instale una gasolinera cerca de sus casas, pretende ser borrada de un plumazo por el procurador social del Ayuntamiento vallartense, Juan Hernández, al ofrecerles mejoras a su colonia, a cambio de que firmen el consentimiento para que entre en operación la estación de servicio de combustible, cuyo permiso fue otorgado por el ex alcalde Salvador González Reséndiz a tan sólo tres días de que concluyera su administración, es decir, el 28 de septiembre del 2012.

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