Por ello, el representante legal del dueño del predio donde hoy se ubica el colegio oficial “Pierre Faure” –temporalmente dado de baja—y la escuela no reconocida oficialmente por la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) “Pierre Faure People”, acudió el 10 de junio pasado al Jurídico del Ayuntamiento para pedir la revocación de la licencia municipal que le fue otorgada a Mónica García Chávez y que salió a nombre de la persona moral “Pierre Faure People”.
Desde luego, el Departamento Jurídico le dio entrada a esta solicitud de revocación de licencia municipal.
Y es que el 22 de mayo de este año, la señora Mónica García, en su desesperación por seguir operando un colegio que no tiene permisos educativos para impartir clases de prescolar, primaria y secundaria, habría falsificado un contrato de arrendamiento para que el Ayuntamiento le extendiera una licencia oficial y no correr el riesgo de que la autoridad clausurara el presunto plantel educativo en cualquier momento.
El legítimo dueño del terreno donde está el colegio “Pierre Faure People” es el señor Ricardo Loeza González, y él asegura que nunca le rentó el predio a Mónica García Chávez; pero, aun así, ella elaboró un contrato de arrendamiento con una firma burda, apócrifa de Ricardo Loeza, y la Dirección de Padrón y Licencias le otorgó la licencia de operación correspondiente, sin corroborar que el documento fuera auténtico.
FIRMA FALSA
De hecho, en documentos que obran en poder del reportero, se puede observar copia de la credencial de elector de Ricardo Loeza y su firma ahí plasmada no tiene el menor parecido con la que aparece en el contrato de renta.
En este sentido, el señor Víctor Manuel Chávez González –dueño del colegio Pierre Faure y representante legal de propietario del terreno, Ricardo Loeza—fue a la Dirección Jurídica del Ayuntamiento para solicitar la revocación de la licencia de funcionamiento que se dio en favor de Mónica García y o “Pierre Faure People”, y en su caso, la clausura.
Para ello, presentó pruebas para que dicho Departamento Jurídico estudie el caso y proceda en consecuencia, toda vez que “en dicho predio ni el titular del inmueble, ni el apoderado otorgaron su permiso, rentaron, dieron en comodato o prestaron o firmaron documento alguno para la tramitación de Autorización por medio del cual el Estado permite a los Particulares, previa y expresamente, a impartir educación básica en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria”.
Para lograr su propósito, Mónica García, mediante el supuesto engaño, dolo, mala fe y mintiendo a la Dirección de Padrón y Licencias, también presentó una supuesta subdivisión del predio donde están los dos colegios –el oficial y el no autorizado—para obtener ilegalmente un número de domicilio distinto y así poder obtener la licencia de funcionamiento.
DOMICILIO INEXISTENTE
Resulta que el domicilio del “Pierre Faure” es calle Boca de Tomates 180, y como ya hay una licencia municipal con ese número, solo les agregaron una letra a estos tres dígitos para quedar como Camino a Boca de Tomates 180-A, y así poder engañar a Padrón y Licencias.
Sin embargo, en una búsqueda que Víctor González hizo sobre este numeral en la Dirección de Catastro Municipal, no existe tal domicilio, pero aún así, la Dirección de Padrón y Licencias extendió el permiso.
De esta manera, Mónica García nunca presentó un documento que certificara que efectivamente existe una subdivisión de la Fracción B del terreno que le pudiera avalar el número oficial 180-A ante la Dirección de Catastro Municipal, hecho corroborado además en la subdirección de catastro que dirige Guillermo Manzano Quintero.
Pero para complicar aun más las cosas, Mónica García utilizó un Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, del 29 de mayo del año 2002 (de hace 17 años) –que está a nombre de Nicolás Urrutia Gordián, aquél ex funcionario municipal que se presentó en estado de ebriedad en el operativo alcoholímetro para rescatar a unos sobrinos—y así obtener el supuesto número oficial de Camino a Boca de Tomates 180-A.
El poder lo entregó también el dueño del terreno a Nicolás Urrutia.
Sin embargo, dicho poder es ineficiente y no faculta a Nicolás Urrutia Gordián a realizar los trámites que llevó a cabo en dicho inmueble, según se desprende en diferentes criterios jurisprudenciales, comenta Víctor González.
CON LA SOGA AL CUELLO
Ahora bien, en una carta que Mónica García envió al presidente municipal, Arturo Dávalos Peña el pasado 19 de julio, reconoce que, efectivamente, no tiene permisos de la Secretaría de Educación Jalisco para otorgar clases de preescolar, primaria y secundaria (es decir, siempre les mintió a los padres de familia), ya que en la misiva se puede leer lo siguiente:
“Es menester que mi representada, Pierre Faure People, por primera vez (sic) se encuentra solicitando el Registro de Validez Oficial de Educación ante la Secretaría de Educación del estado de Jalisco para impartir la prestación de servicios educativos a nivel preescolar, primaria y secundaria”.
En otros documentos, García Chávez afirma que sí tiene todo en regla, que cuenta con claves de incorporación, que no ha engañado a los padres de familia, ni que esté cometiendo fraude alguno al operar sin permisos oficiales, pero en esta carta, ella misma se contradice y afirma que “por primera vez están solicitando el registro de Validez Oficial”.
Ella sola se echa la soga al cuello.
Luego, en otro párrafo de la carta enviada al alcalde, manifiesta que no le deben revocar la licencia municipal, porque no le han dictado sentencia por el delito de fraude, fraude por simulación, doloso, o consumado y “que hasta el momento no se me ha notificado por ningún medio, actuación alguna que señale a mi representada o a mi persona como probables responsables de algún delito”.
EL CHANTAJE
De su conducta desesperada por no perder el negocio redondo que significa operar un colegio sin validez oficial y que tiene alrededor de 150 alumnos, Mónica García siempre ha puesto de escudo –a manera de chantaje—a los estudiantes y sus derechos consagrados en la Constitución y leyes internacionales, al eludir responder el por qué engañó al Tribunal Administrativo para obtener las claves de incorporación de un colegio (el Pierre Faure), para usarlas en otra razón social distinta, es decir, para el “Pierre Faure People”.
En su escrito a Dávalos la señora Chávez comenta que “un Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Jalisco, en uso de sus facultades jurisdiccionales y a fin de salvaguardar la educación de los menores educandos, ha otorgado a la suscrita como persona física y socia activa de otra razón social distinta (sic) a Pierre Faure People PV AC; así como a los padres de familia de un renombrado centro escolar de esta ciudad, la posibilidad de certificar los estudios cursados en ese Centro Escolar”.
En la tercera parte de esta historia vamos a documentar los oficios que las autoridades de la SEJ y la DRSE enviaron –desde el 2018—a Mónica García y a los padres de familia del presunto colegio “Pierre Faure People”, donde les advertían que esta escuela no tenía, ni tiene, Registro de Validez Oficial para impartir clases y que ellos, las autoridades, no se hacían responsables en un momento determinado de reconocer o validar estudios o certificados que hubiera otorgado ese plantel mientras no tuviera los permisos correspondientes.
