Lo anterior será durante una sesión extraordinaria de Cabildo que originalmente estaba programada para celebrarse ayer miércoles y que fue reagendada para mañana viernes a las 18:00 horas, lo que ha despertado una serie de suspicacias por el ambiente que se generó ante la posibilidad de que el presidente municipal, Jaime Cuevas, regidores y funcionarios como el secretario y el tesorero sean separados de sus cargos por desacato a la orden de un juzgado de distrito.
Ayer por la tarde, el alcalde Jaime Cuevas –en un boletín-- fue enfático al afirmar que defendería a los ciudadanos, “de quienes, desde la corrupción, desde la indolencia y la irresponsabilidad, pretenden despojarlos de sus obras públicas, seguridad, salud y bienestar social”.
Respecto a este tema, también remarcó: “defenderé a nuestro pueblo, tope en lo que tope”.
LOS RESPONSABLES
Luego, por la noche, la Dirección de Comunicación Social emitió un segundo boletín donde se especifican algunas de las irregularidades que se cometieron desde la administración de Rafael Cervantes Padilla en la asignación de un contrato de prestación de servicios para la construcción y administración de la presidencia municipal.
También se señala la irresponsabilidad de otro ex alcalde, José Gómez Pérez, quien deliberadamente dejó pasar meses sin pagar rentas al Grupo Minero Imex ni entregar físicamente las instalaciones a este contratista, lo cual generó una bola de nieve que ahora le explota al gobierno de Jaime Cuevas.
Posteriormente, se supo que la sesión de cabildo se recorrería para el viernes 13 de septiembre, con el único objetivo de someter a votación el único punto de acuerdo, que es para contratar deuda y poder pagar a Grupo Imex.
LAS DUDAS
Y es en este punto donde surgen dudas sobre la actuación de las autoridades de Bahía de Banderas con respecto al tema de la presidencia de cartón, ya que si el X Ayuntamiento hizo una denuncia penal (como afirma se hizo a través de la Dirección Jurídica) contra quienes resulten responsables de estas acciones lesivas contra el patrimonio municipal por los múltiples vicios en los contratos; y además inició un procedimiento de nulidad de juicio (admitido en mayo de este año 2019), precisamente contra el juicio instaurado por Luis Cohen Fis -- un empresario ligado al Grupo Minero Imex y que arrastra demandas muy fuertes de carácter mercantil por otras personas, como el que interpuso el señor Roberto Goldberg Grossman, expediente 1084/2015-- en contra del municipio por incumplimiento de pago, no vemos el por qué se tenga que endeudar al municipio para pagar contratos leoninos y cuyos contratistas violaron una y otra vez al realizar una obra de mala calidad y no construir el centro comercial estipulado en este.
La sesión extraordinaria de Cabildo debería suspenderse para esperar a que el poder judicial reconsidere y eventualmente declare la nulidad de los actos reclamados, pues como dice el mismo Ayuntamiento en su comunicado oficial… “se advierte que el poder judicial, en la esfera de sus competencias no ha analizado la complejidad jurídica del caso”.
El gobierno de Jaime Cuevas externa en dicho boletín que “estamos en una etapa diferente en el estado y en el país. Bahía de banderas desde el inicio de la presente administración, se ha esforzado por combatir la opacidad y la corrupción; invitamos al poder judicial a que no deje ni una sola duda de su compromiso con la misma causa”.
CONTRATAR DEUDA NO ES EL CAMINO
Pero bueno, como ya se citó oficialmente a los regidores a sesión extraordinaria de Cabildo, vamos a ver de qué están hechos los ediles del X Ayuntamiento, toda vez que aprobar la contratación de deuda a largo plazo significaría endeudar a muchas generaciones de ciudadanos de Bahía de Banderas para pagar más de 139 millones de pesos a un grupo que como Imex –filial de Grupo México de Germán Larrea—no ha explicado cómo es que obtuvo el contrato que originalmente se asignó a la firma “Administración de Recursos Empresariales SC”, cuyo socio principal era el constructor José Antonio Ugalde, un antiguo amigo del ex alcalde José Gómez, que se vio involucrado en la escena de un homicidio ocurrido en la Ciudad de México en el año 2008, el asesinato del conocido abogado vallartense Moisés Andrade, crimen por cierto aún no esclarecido.
Lo más lamentable de todo esto es que, pese a que hay evidencias de corrupción a gran escala con el tema de la presidencia de cartón, no hay un solo detenido ni procesado por delito alguno.
EL EX TESORERO SÁNCHEZ… ¿SERÁ EL PRIMER PROCESADO?
El primer objetivo podría Oscar Sánchez Martínez –quien fungió como tesorero durante la administración del finado Rafael Cervantes Padilla--, ya que fue este personaje el que de manera unilateral rescindió el contrato con la empresa “Administración de Recursos Empresariales SC” para entregárselo a otra firma, es decir al “Grupo Minero Imex SAPI de CV”.
En el contrato final, el Ayuntamiento de BB se obligaba a pagar una renta mensual por un periodo de 25 años por un millón 385 mil 500 pesos, además de 85 mil pesos mensuales por concepto de “mantenimiento del inmueble”; y que al término de este tiempo el gobierno municipal se convertiría en dueño absoluto del inmueble.
El contrato se celebró el 30 de abril del 2014, por lo que el Grupo Minero Imex SAPI de CV”, comenzó a construir la nueva Presidencia Municipal, pero después surgieron una serie de irregularidades, sobre todo en la calidad de los materiales empleados, al grado de que la misma Secretaría de Energía tuvo que intervenir por lo mal hecho del tendido eléctrico.
El contrato también contemplaba que Imex construiría un mega-centro comercial y un estacionamiento público, pero no lo hizo.
PAGARON EL PRIMER MES… CON CHEQUE Y SIN FACTURA
Aún así, el 14 de julio del 2014, el Ayuntamiento pagó el primer mes de renta a “Grupo Minero Imex SAPI de CV”, por la cantidad estipulada en el contrato, es decir un millón 385 mil 500 pesos, por lo que esta firma hizo entrega al municipio de la Unidad Administrativa, todo bajo notario público y acta levantada con escritura pública.
Sin embargo, después se supo que el pago se hizo mediante un cheque y no con transferencia bancaria, lo cual constituyó una irregularidad más. Incluso no existe la factura física de esta erogación por el Ayuntamiento, no al menos en los archivos del municipio.
Pero para empeorar las cosas, llegó a la presidencia municipal José Gómez Pérez, y de inmediato puso trabas para no pagar las rentas mensuales del contrato a Imex, ya que él quería que se respetara el primer contrato, el de la firma “Administración de Recursos Empresariales SC”, donde, como ya vimos, estaba su amigo, socio y casi compadre, Antonio Ugalde.
JOSÉ GÓMEZ PEDÍA 50 MILLONES
En este contexto, en VALLARTA UNO escribimos la versión de uno de los representantes de Imex, Alejandro Orozco Hermosillo, quien había deslizado que José Gómez quería comprar el edificio siendo presidente municipal; que les ofrecía 50 millones de pesos, y que, si no aceptaban, les iba a rescindir el contrato.
Y como los de Imex no aceptaron la indecorosa propuesta de José Gómez, éste último se hizo concha y ya nunca más pagó las rentas estipuladas en el ventajoso contrato, por lo que el Ayuntamiento fue demandado en el Juzgado Tercero de lo Civil en Puerto Vallarta, donde salió una resolución que ordenaba al municipio a pagar, en ese entonces, rentas vencidas por 13 millones de pesos.
Así las cosas, la justicia no ha alcanzado a sujetos como el ex tesorero Oscar Sánchez Martínez, ni al ex alcalde José Gómez, ni a la bola de abogados que traía y que fueron indolentes e incapaces para pelear jurídicamente bien este asunto y no dejarlo crecer a las dimensiones que ha crecido; pues cualquier negociación de pago, cualquier arreglo que se haga (abierto o en lo oscurito) o si los regidores deciden votar a favor de contratar deuda de largo plazo, será en perjuicio del pueblo de Bahía de Banderas.
GRUPO MEXICO Y SU MALA IMAGEN
Por lo demás, tan solo hay que recordar quien es Germán Larrea Mota y su Grupo México, pues esa mala imagen que tiene y que fue señalada por el alcalde Jaime Cuevas, es precisamente por varios acontecimientos de muerte y contaminación en diferentes partes del país.
Como olvidar que a Grupo México se le ha responsabilizado de algunos de los desastres industriales más grandes de México, como el colapso de una mina en Pasta de Conchos en 2006, que cobró la vida de 65 mineros; del desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014, así como del derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés en este año 2019.
Estos son los que quieren saquear las arcas de Bahía de Banderas, ni más, ni menos.
