Por Jorge Olmos Contreras
Si en Nayarit la búsqueda de justicia fue terrible para cientos de personas en la época en que el fiscal era el ahora preso Edgar Veytia, en Jalisco se vive algo similar o peor con Gerardo Octavio Solís Gómez al frente de la Fiscalía General, donde lo mismo detienen expedientes, desacatan órdenes de jueces o paralizan por completo el sistema de procuración de justicia en perjuicio de quienes pretenden alcanzar un acuerdo justo al denunciar hechos constitutivos de delitos.
Viene a colación el caso de un edificio en Marina Vallarta que se disputan la división fiduciaria de Banco Azteca y el particular Rubén Figueroa, toda vez que el inmueble continúa asegurado por la fiscalía de Jalisco y el fiscal regional Horacio Torres Jaime que lleva el caso, se ha visto incompetente e indolente para desasegurarlo en favor de alguna de las partes.
Como se manejó en este espacio, primero se cometieron una y mil irregularidades desde el Ministerio Público al permitir que el edificio en obra negra fuera reclamado por un tercero que dijo tener un contrato de compraventa sobre el terreno y que tuvo la posesión por unos días.
Después, la misma fiscalía dio la razón a Banco Azteca sobre la posesión del bien inmueble, pero antes procedió a asegurar el mismo argumentando que se buscaba cuidar los intereses de las partes en disputa.
Más reciente, un juez de control, ordenó al Ministerio Público --o a la fiscalía que es lo mismo--que se entregara el edificio a su legítimo propietario, es decir a la división fiduciaria de Banco Azteca, pero el MP Oscar Soltero se negó a desasegurarlo con el pretexto de que había cinco amparos tramitados por la contraparte, pero que no fueron señalados, informados o tratados en la audiencia de control judicial de este caso que se realizó el 19 de agosto pasado.
Los abogados de Banco Azteca han combatido esta irregularidad y han solicitado una vez más al juez de control su intervención porque si no hay actos de investigación novedosos que realizar dentro de este mismo inmueble por parte del el Ministerio Público, debe entonces desasegurarse.
Tanto los abogados de Rubén Figueroa como los del Banco Azteca, están extrañados por el actuar omiso y sospechoso de la fiscalía en este asunto, toda vez que no le dan ni para atrás, ni para adelante.
En este contexto, por ejemplo, los del Banco Azteca sostienen que el Ministerio Público, al momento de emitir su resolución en este asunto, tiene que establecer de manera fundada y motivada qué actos de investigación tiene pendientes por realizar y si ellos tienen una relación directa con este inmueble y si se considera necesario que el aseguramiento siga vigente.
Asimismo, que el MP debe establecer entonces esa vigencia de tiempo, porque si no se establece temporalidad, sí se estaría violentando un derecho fundamental, en este caso de la víctima, de ahí que pidan al MP que emita una nueva resolución en la que funde y motive debidamente la solicitud en cuanto a levantamiento del aseguramiento.
Y es que en caso de que no haya actos de investigación pendientes, el MP tendría que conducirse conforme a las reglas que establece el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, devolver el inmueble a la persona que estaba detentando el mismo al momento en que se llevó a cabo el aseguramiento.
