El reportero fue sacado casi a rastras del vehículo automotor que manejaba y trepado a la patrulla PV-322 por policías municipales que en ese momento cumplían con su deber y lo trasladaban a los separos de Ixtapa.
Sin embargo, a la altura de la calle 31 de octubre alguien les llamó a los uniformados para darles órdenes precisas de que en lugar de llevar a la cárcel al reportero Rodrigo Aguilera y ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público, por el evidente estado etílico en que se encontraba y por el delito de daños en las cosas en detrimento del patrimonio municipal (al chocar una patrulla), lo llevaran a su casa y lo soltaran, es decir, lo dejaran libre.
LAS ORDENES DE CHELIS
Después se supo que el funcionario que ordenó a los policías que no llevaran a los separos a Rodrigo Aguilera y mucho menos ponerlo a disposición de una autoridad judicial, fue el encargado de las patrullas municipales de la Comisaría de Seguridad Pública, José Luis Alvarado Torres, mejor conocido en los círculos policiacos como “El Chelis”, quien para no variar se metió ya en problemas legales y de paso metió en líos judiciales a los oficiales; quienes, insistimos, sólo cumplían con su deber.
De entrada, a cualquier ciudadano común y corriente que haya estado en una situación de esta naturaleza, no solo lo hubieran enviado a la cárcel por estar en ese estado de ebriedad, sino quizá hasta lo hayan golpeado y exigirle dinero por el daño causado a la patrulla municipal.
Para no ir muy lejos, hace poco tiempo, pero en este año, un empleado que trabaja en la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento se vio involucrado en un accidente automovilístico cuando conducía su coche particular y fue golpeado por el conductor de una camioneta que manejaba en estado etílico.
Por este hecho, el trabajador del municipio, que no tuvo responsabilidad alguna en el percance –ya que el chofer del otro vehículo se pasó además el alto en las calles Etziquio Corona y 16 de septiembre en El Pitillal—fue detenido por policías municipales, lo llevaron a las nuevas celdas de Ixtapa y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de guardia.
Como era viernes, el muchacho sin deberla ni temerla, se aventó 48 horas en los separos municipales, mientras sus familiares iban y venían de la cárcel de Ixtapa a las oficinas de la fiscalía regional ubicadas en la avenida Las Palmas, por la central camionera, para que el MP resolviera su asunto.
No es el único caso, cualquier persona que por desgracia se ve implicada en un hecho de tránsito o es detenido en estado de ebriedad, de inmediato es puesta a disposición para que le apliquen estudios o exámenes y cuantificar el grado de alcohol trae en la sangre.
POLICÍAS EN PROBLEMAS
No obstante, en el caso de Rodrigo Aguilera –como años antes sucedió con el corresponsal de TV Azteca, Evaristo Tenorio—los policías fueron benévolos tan solo por ser periodista, no lo pusieron ante el juez municipal ni ante el Ministerio Público, por lo que se violaron varias disposiciones de tipo legal.
Los policías de la patrulla PV-322 estaban obligados a elaborar el Informe Policial Homologado (IPH) y ponerlo a disposición del Ministerio Público, para que fuera esta autoridad la que resolviera su situación jurídica dentro del término de 48 horas, como lo establece el protocolo.
Pero los policías, por órdenes del Chelis, no se apegaron al proceso, pese a que advirtieron el evidente estado de ebriedad en que se encontraba Rodrigo Aguilera. Tampoco les importó que el reportero había cometido otro delito en flagrancia, el de daños en las cosas.
LA IMPUNIDAD
El Código Penal para Jalisco indica en su artículo 122 que al conductor que maneje un vehículo y se le detecten más de 130 miligramos de alcohol por 100 milímetros de sangre o más de 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y cometa además otra infracción (el choque) a la normatividad en materia de tránsito, se le impondrán de 60 a 120 jornadas de trabajo a favor de la comunidad , multa de 150 a 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA) e inhabilitación de tres meses a dos años para manejar vehículos, independientemente de las sanciones que correspondan por la comisión de otros delitos.
Ahora bien, el artículo 65 dice que cuando por culpa se ocasionen daños en las cosas por cualquier valor, o bien se causen lesiones, el delito se perseguirá por querella de la parte ofendida; pero no aplicará de esta manera cuando el inculpado, en el momento de ocurrir el hecho, se encontrare en estado de ebriedad.
Como podrá verse, no se necesita querella de parte del Ayuntamiento por el daño que Rodrigo Aguilera causó a la patrulla municipal, porque estaba en evidente estado de ebriedad. Era obligación de los policías ponerlo a disposición y no lo hicieron.
Por el contrario, en ese estado de embriaguez como nunca se le había visto al sujeto, los policías lo llevaron resguardado, cobijado, arrullado y toda la cosa, a su domicilio tipo gallinero que tiene en Villas del Puerto, donde para luego fueron a visitarlo algunos otros de sus cómplices y amigos de ataques periodísticos para cuidarlo, no se les fuera a bronco aspirar por la borrachera que traía.
En otras palabras, la impunidad en su máxima expresión.
LOS PERIODISTAS, CIUDADANOS COMUNES
Nosotros hemos insistido en este espacio una y otra vez, los periodistas no somos especiales, influyentes ni tenemos por qué tener privilegios ni estar por encima de los demás ciudadanos. Somos igual que todos y tenemos los mismos derechos y obligaciones.
Si cometemos una falta, debemos pagar por ello. No tenemos por qué burlar leyes ni reglamentos, ni pedir ayuda para que nos solapen si incurrimos en malas acciones; mucho menos solicitar a las autoridades, del nivel que sea, que se conviertan en nuestros cómplices.
Este señor, que practica el periodismo más nefasto y ofensivo de Puerto Vallarta, ya fue detenido en flagrancia mientras robaba una camisa en la tienda Liverpool hace unos años. Esa vez lo salvó una llamada del entonces alcalde Javier Bravo, quien pidió a un conocido abogado que fuera a pedirle a los policías que bajaran al reportero de la patrulla y que no se lo llevaran a la cárcel.
Hoy lo salva un funcionario menor, El Chelis, que ninguna autoridad tiene para ordenarle a los policías que no lo trasladaran a los separos municipales. Que mejor lo llevaran a su casita para que se le bajara la embriaguez que traía.
Veremos qué dicen las autoridades municipales. Si Chelis actuó solo y metió en problemas legales a la comisaria de seguridad ciudadana; o si alguien más le pidió al encargado de las patrullas que le “brindara la atención” al columnista del Sol Siempre Libres.
Y desde luego, cabe la pregunta:
¿Están de acuerdo con el proceder del funcionario Chelis personas que tienen fama de honestas como el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Vallejo Corona? ¿o el mismísimo alcalde interino, Jorge Quintero?
