En ocasiones, personas físicas y morales han tenido que desembolsar hasta 50 mil pesos o más –todo depende del tamaño de la obra—a estos colegios para poder obtener el sello estampado en sus solicitudes de construcción.
Se trata de una práctica insana, una mala costumbre que apesta a lo más podrido la que realizan los cuatro colegios de ingenieros y los dos de arquitectos constituidos en Puerto Vallarta, toda vez que ellos mismos imponen las cuotas de “aportaciones voluntarias”, sin que nadie les ponga un alto, ni siquiera la Dirección de Profesiones del Estado que está obligada a supervisarlos.
EL SINVERGÜENZA
De esta manera, una de estas asociaciones civiles, la que lleva el nombre de “Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos Asociados del Occidente de Jalisco”, y cuyo presidente es Luis Enrique Rangel Flores, recientemente cambió de sello para subir dichas cuotas por su uso y hasta el muy sinvergüenza se dio tiempo para “informar” de esta modificación a la actual Directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, Adriana Guzmán Jiménez, a quien le dijo, en un escrito firmado el pasado 20 de mayo, que era para “llevar un mejor control interno, por lo que el anterior sello queda anulado”.
Lo que no le dijo Rangel Flores a la arquitecta Adriana Guzmán, es que el martes 02 de mayo envió un correo a todos los integrantes de este colegio de ingenieros, en donde les informa cuáles serán las nuevas cuotas que se van a cobrar por el uso del sello oficial modificado.
En este sentido, este colegio de ingenieros –cuya voracidad no tiene límites—ya está aplicando esas tarifas de “aportaciones voluntarias” a todos los desarrollos urbanos que se vayan a construir en el presente y en el futuro, desde una casa habitación, un edificio horizontal o vertical, fraccionamientos y hasta los grandes complejos turísticos y hoteleros.
APORTACIONES “VOLUNTARIAS” DE $ 50 MIL
Así las cosas, si usted va a construir en un área de 15 mil metros cuadrados, le exigen dos mil 812 pesos; en una de 150 mil metros, la “aportación voluntaria” es de 24 mil 750 pesos; para un área a desarrollar de 250 mil metros cuadrados, la cuota es de 31 mil 875 pesos y para una más grande, de 450 mil metros cuadrados, por ejemplo, el desembolso tiene que ser de 50 mil 625 pesos.
Si usted observa los nuevos desarrollos que se han levantado en Puerto Vallarta en los últimos seis años, por decir algo, se puede dar cuenta de la enorme cantidad de dinero que han cobrado estos colegios de ingenieros y arquitectos solo por poner su sello en los documentos de los solicitantes de una construcción, pues si no lleva dicha marca, el Ayuntamiento no les facilita el permiso o licencia respectiva.
Lo normal es que, si usted va a realizar algún tipo de obra urbana, ya sea una casa, condominio, fraccionamiento, hotel etc., contrate un perito como lo exige, ahí sí, la ley; y desde luego, tendrá que pagarle sus honorarios, pero de ninguna manera está obligado a pagar ni un peso al colegio de ingenieros o arquitectos para que le sellen su solicitud.
En la tabla que este “Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos Asociados del Occidente de Jalisco” entregó a sus colegiados, también vienen señaladas las cantidades que deben cobrar sus peritos en los cuatro ejemplos señalados. Así, en una obra urbana de 15 mil metros cuadrados, el honorario es de 187 mil 750 pesos; en otra de 150 mil metros, 165 mil pesos; en una de 250 mil metros, 212 mil 500 pesos y una de 450 mil metros cuadrados, 337 mil 500 pesos.
Y además de lo que usted le tiene que pagar al perito, también tiene que dar su “aportación voluntaria” al colegio por el uso del sello, lo cual es una completa ilegalidad, al menos en lo que respecta al sello.
EXPULSAN A QUIEN LOS DENUNCIA
Ingenieros que de forma interna han expresad su rechazo a que se siga con esta práctica ilegal, han sido expulsados por el club de Tobi que, a través del consejo directivo, maneja los hilos de la corrupción en este colegio.
Eso fue lo que le pasó al ingeniero Jahaziel Méndez García –un profesionista que además es muy conocido en el Centro Universitario de la Costa--, quien fue expulsado por la mesa directiva del colegio el pasado seis de mayo, por haber enviado un escrito al director de Profesiones del Estado (el 09 de diciembre del 2021) en donde denuncia que el colegio ha estado operando fuera de la ley y de los estatutos propios de la asociación.
Los corruptos del consejo directivo para el periodo 2022-2023, que son el presidente, Luis Enrique Rangel Flores; el vicepresidente, Pedro de Jesús Rodríguez Rosales; el secretario, Isidro Javier Torres Gómez; el tesorero (espurio, por cierto) Eraclio Galván Mendoza y los cinco vocales, Jorge Alberto Balderas Betancourt, Branco Javier Musich Quiñones, Francisco Javier Rojas Gómez, Oscar Fernando Castellón Rodríguez y José Nicolás Rizo Fonseca; se sintieron ofendidos porque el ingeniero Jahaziel Méndez los exhibió por sus corruptelas ante la dirección de Profesiones del Estado… “pues pretendió el desprestigio del colegio”, le dicen en la carta de expulsión.
Al ingeniero Jahaziel Méndez no le dieron oportunidad de defenderse, tampoco le informaron quién se había quejado de su “mala conducta” –como dicen los estatutos del colegio--; simple y sencillamente lo corrieron, sin tomar en cuenta que una asociación civil se rige por el Código Civil del Estado y tienen que respetar los derechos de todos sus colegiados.
VAN CONTRA OTRO INGENIERO
Pero como ellos mismos dicen… “nos vale, y tope en lo que tope”, ahora la agarraron contra otro ingeniero, contra Antonio Escobedo Pulido, a quien “sancionaron” porque también envió una carta al director de profesiones del Estado, donde denuncia las prácticas del consejo directivo al cobrar cuotas ilegales a los particulares por el uso del sello.
Lejos de modificar lo que haya que cambiar, el Ayuntamiento se presta y condiciona las licencias de construcción si no llevan el sello de los colegios; y lo que es peor, se agachan y permiten que este colegio en particular les ordene “suspender” al ingeniero Escobedo Pulido, lo cual ha hecho la arquitecta Adriana Guzmán, titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quien tiene suspendido a Antonio Escobedo como director responsable de obra, con todo y los agravios morales y económicos que esto le provoca al no poder trabajar.
DIRECTOR DE PROFESIONES… COMO PILATOS
Por si esto fuera poco, la dependencia que se encarga de supervisar el funcionamiento de los colegios de profesionistas, federaciones y asociaciones, como lo es la Dirección de Profesiones del Estado, ha hecho caso omiso a las quejas y denuncias de lo que ocurre en Puerto Vallarta; porque esto del cobro como “aportación voluntaria” por el uso del sello, solo se da en esta ciudad, em ninguna otra del interior de Jalisco.
El director de profesiones en Jalisco, José Martín Orozco Almadez, solo se lava las manos al comentar que “no se va a meter en la vida de los colegios”
Sin embargo, el artículo 104 de la Ley de Profesiones señala claramente que se amonestará a los colegios de profesionistas que incurran en alguna de las conductas siguientes:
1.- Llevar a cabo actividades ajenas a su objeto social
2.- No cumplir con las obligaciones establecidas en la presente ley
3.- No cumplir, en perjuicio de alguno de sus colegiados, con alguna de las disposiciones contenidas en sus estatutos.
Como podrá verse, el llamado “Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos Asociados del Occidente de Jalisco”, lleva a cabo actividades ajenas a su objeto social, pues su objeto no es cobrar cuotas por el uso de sello disfrazadas de “aportaciones voluntarias”, cobro, por cierto, que ahora han trasladado a los peritos, para que sean estos quienes “vacunen” a los particulares.
En otro artículo, vamos a explicar cómo el actual consejo directivo de dicho colegio tiene por lo menos dos miembros espurios que, no cumplieron con los requisitos que indican sus estatutos para poder competir en una planilla y ser electos; entre otros, el mismísimo tesorero, Eraclio Galván Mendoza; sí, el que maneja los miles de pesos que entran al colegiado por el cobro arbitrario del uso del sello oficial, y cuyo destino ignoran la mayoría de sus asociados.
