Estos abogados señalan que no se debe olvidar que el señor Valencia defraudó a más de 140 personas que compraron departamentos, de cuyos casos se consignaron solamente 26, porque los hechos se dieron cuando todavía operaba el sistema penal tradicional, pero todavía faltan de consignar más de 120.
Las cartas que envió a este medio en días pasados, y en entrevistas que ha otorgado a otros portales de noticias, Eduardo Valencia dice una serie de inconsistencias y aberraciones jurídicas, ya que interpreta los amparos, basado en lo que lee y no con una interpretación jurídica: “Porque si bien es cierto que en algunos casos lo amparan, en primera no hay ninguna resolución firme y en segunda, cuando se le ampara, es para efectos. Habría que leer los efectos, en muchos de estos efectos se establece que ya está acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad (del fraude) y solamente se ampara para efecto de que se establezca su grado de participación”, puntualizan.
Asimismo, los defensores de las víctimas de Valencia sostienen que por lo que hace a los asuntos civiles, hay dos demandas de Rodrigo Hicks Macías Valadez, una en contra de él como persona física y otra contra la persona moral “Flamingos Acqua SDR L de CV” … “por lo que hace a la demanda contra la empresa, ya se ganó todo y la resolución está firme, donde Eduardo Valencia pierde absolutamente todos sus bienes por deudor y defraudador”.
“Por lo que hace al otro juicio civil –indican los abogados--, donde lo demandan de forma personal por el volumen de partes sociales, si bien es cierto le concedieron el amparo, también es cierto que este fue concedido de forma errónea, porque al admitir una pericial, el juzgado de amparo se convirtió en un juzgado de procesos y no apreció el acto reclamado, tal como lo apreció el juzgado de origen. Lo que debió de hacerse es haber iniciado una nulidad de juicio concluido por procedimiento fraudulento, lo cual no hizo y lo cual ya no lo puede hacer, porque está fuera de tiempo”.
Ahora bien, “si le concedieran el Amparo en la revisión en contra de las partes sociales, el único efecto sería que se anulara la primera asamblea donde le adjudican los bienes a otra persona; pero tendría ahora que demandar todas las subsecuentes, sin olvidar que además hay juicios donde se llegó un acuerdo de transacción y estos son considerados como cosa juzgada, por lo tanto, están protegidos (las víctimas) y va a resultar para él no solamente infructuoso, sino imposible, recuperar cualquier bien”.
Por esta y otras razones en las que Eduardo Valencia quiere mostrarse ante los medios y la opinión pública como víctima y solo ha dado su versión de los hechos, los abogados de los defraudados han buscado su derecho de réplica en noticieros nacionales como “ADN 40” que conducen Bibiana Belsasso y Jorge Fernández Menéndez y otros, pero les han negado una y otra vez exponer la verdad del monumental fraude que cometió el señor Valencia.
Estos portales de noticias, que se supone son serios, no solo no han querido recoger la versión de los defraudados, sino que además no han difundido las amenazas que el desarrollador hizo en contra del personal del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit el pasado 06 de mayo, donde advirtió que pondría una bomba en las oficinas de este, por lo que se cree que como medios están actuando de forma parcial.
Ese día, Valencia se presentó en dicho juzgado para exigir revisar físicamente el expediente del juicio 1017/2024-I… Pero como no obtuvo lo que quería, de pronto se dirigió a la empleada --oficial judicial ella-- Patricia Guadalupe N para intimidarla, ya que le puso su cara contra la de ella para soltarle amenazas verbales.
En un escrito que fue elaborado por el secretario del juzgado, Efraín Flores López, se consignó la amenaza de Eduardo Valencia, que, entre otras cosas, le dijo a la oficial que “él apreciaba muchas inconsistencias” (en el juicio), que ya habían pasado casi dos años desde que se le concedió una suspensión por diverso juzgado, pero que “todas las autoridades le negaban justicia”. Asimismo, que “todos en este juzgado tercero estaban coludidos con las autoridades estatales de gobierno, que, si seguíamos así, iba a poner una bomba en el juzgado y en todo Tepic, Nayarit; además de ponerle unos “putazos” (sic) al secretario o a cualquier persona que se le pusiera enfrente”.
La amenaza se hizo del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito para su información y efectos legales, es decir, para que fuera tomado en cuenta oportunamente. Por igual, se hizo saber el hecho, por escrito, a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, ambas del Consejo de la Judicatura Federal.
Sin embargo, por increíble que parezca, la certificación del documento donde quedó registrada la amenaza de Eduardo Valencia Castellanos, no ha sido publicada, por lo que se ignora si los encargados del juzgado donde sucedieron los hechos certificaron los mismos para que tengan validez jurídica.
Las víctimas de Eduardo Valencia exigen que las autoridades procedan legalmente en este y otros casos en que está involucrado el presunto defraudador.
Desde luego, piden que se publique la certificación en donde quedó plasmada la amenaza de bomba al juzgado aquí citado.
