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Domingo, 04 Agosto 2013 16:01

La PGR busca a Ricardo Anguiano para que comparezca

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Por Jorge Olmos Contreras

El grupo de colaboradores que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez importó de Zapopan y Guadalajara está a punto de colapsarse en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta

por su participación, activa o pasiva, en graves actos de corrupción que se cometieron en el gobierno municipal de la ex villa maicera, cuando su titular era el panista Juan Sánchez Aldana.

A Ricardo Anguiano –actual asesor jurídico de El Mochilas y mancuerna del secretario general, Antonio Pinto--, por ejemplo, ya lo buscan notificadores de la Procuraduría General de la República (PGR) para que declare en torno a una Averiguación Previa 6082/2010 radicada en la Agencia Dos del Ministerio Público de la Federación con sede en la capital del Estado, por falsedad de declaraciones en un juicio que se derivó de un despido injustificado cuando fungía como síndico del Ayuntamiento zapopano.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso el columnista, Ricardo Alberto Anguiano Apodaca, siendo Síndico de Zapopan, por órdenes del Presidente Municipal Juan Sánchez  Aldana inició un procedimiento de responsabilidad administrativa de destitución a un servidor público, con pretextos fabricados, ya que realmente era para quitar a dicho servidor público de Zapopan porque les estorbaba en sus negocios de corrupción en el Municipio por 250 millones de pesos. 

Y es que el señor Anguiano, quien en Puerto Vallarta se ha presentado como un auténtico engaña bobos –pues fue él quien habría elaborado aquél polémico Reglamento Orgánico Municipal que le otorga facultades meta constitucionales al Mochilas y que fue impugnado por los regidores de oposición--, fue partícipe en el manejo y asignación de contratos de obras irregulares por más de dos mil millones de pesos en Zapopan.

Por cierto, aquí en Vallarta a Anguiano le pagan 63 mil 896 pesos mensuales por concepto de “honorarios por servicios profesionales”, ni más ni menos.

BAJO LA LUPA

Hay que recordar que producto de estas anomalías, el Congreso del Estado anda investigando al ex alcalde panista Juan Sánchez Aldana, entre otras cosas, porque no justificó observaciones por más de mil 500 millones de pesos en su paso por la alcaldía zapopana, donde el síndico fue precisamente Ricardo Anguiano, una gente muy allegada al ex subsecretario de gobernación y promotor de casinos, Abraham González Uyeda.

El punto es que, en el caso que nos ocupa, Ricardo Anguiano cometió fechorías propias de delincuentes de cuello blanco, al armar todo un cuatro para despedir a un servidor público que le resultaba incómodo allá en Zapopan; pero en las prisas por hacer la destitución, su asistente personal, Josué Ortega Gómez, habría elaborado o inventado un acta falsa de notificación al funcionario indeseable, el 25 de abril de 2008, sin que éste estuviera presente. 

Así las cosas, el servidor público destituido interpuso una demanda de amparo, y Ricardo Anguiano habría hecho valer esa acta falsa como argumento de supuesta legalidad en la destitución. (Cualquier parecido con lo que le sucedió a Salvador López Aréchiga en la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Vallarta, es mera coincidencia).

Sin embargo, el Juez de Distrito en el amparo, pidió informes a Ricardo Anguiano y al entonces Presidente Municipal, Juan Sánchez Aldana, entre otros. Después, la Síndico siguiente, Elke Tepper García, tomó como buena esa acta balín, por lo que también se le inició un procedimiento penal en la PGR, delegación Jalisco.

POR MENTIROSO

Los delitos cometidos por Ricardo Anguiano son por falsedad de declaración ante una autoridad  judicial (Juez de Distrito), por ello, la PGR inició una averiguación previa con número 6082/2010 de la Agencia Dos.

Se sabe que Josué Ortega Gómez, el asistente personal de Anguiano declaró en la PGR y después el Agente del Ministerio Público de la Federación solicitó una orden de aprehensión en contra de Josué Ortega Gómez. Empero, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal no la concedió por cuestión de un tecnicismo legal, y a la fecha está pendiente de que se vuelva a pedir la orden de captura, pero ya corregida legalmente.

En este contexto, sabemos que el  Agente del Ministerio Público de la Federación anda buscando a Ricardo Anguiano para que declare en la PGR por la falsedad de declaración que se investiga con relación a esa acta falsa.

No lo han localizado en Zapopan (Ricardo Anguiano es de México, D.F.), porque ya no reside en su antiguo domicilio, así que lo van a buscar en Puerto Vallarta para localizarlo y que declare, lo que podría suceder en cualquier momento. De hecho la notificación podría llegar a las oficinas de la Presidencia Municipal en Libertad 123 del Centro de Puerto Vallarta.

LA MAFIA POLITICA

Antes comentamos que el equipo de El Mochilas importado de Guadalajara y Zapopan está a punto de colapsarse, porque varios miembros distinguidos del mismo forman parte de la mafia política ligada al ex presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales Castellanos; entre otros, el mismo Antonio Pinto, Ricardo Anguiano, Diego Franco Jiménez, Juan Hernández, Eugenio González Márquez, Roberto Rodríguez Preciado (a) Robertito y otros, todos con nexos directos y de compromisos con el ex diputado Abraham González Uyeda, dueño de la lechera Sello Rojo.

Y es que a Eduardo Rosales Castellanos –maestro político de El Mochilas—lo están señalando como uno de los responsables de meter y recomendar todo tipo de amigos, parientes, compadres y familiares al Siapa de Guadalajara, donde se acaba de descubrir un peculado monumental (por el cual está preso su ex director Rodolfo Ocampo) y donde también podrían estar involucrados dos hermanos del ex gobernador Emilio González Márquez, Samuel y Carmen González Márquez.

Samuel y Carmen González Márquez fueron beneficiados con los cargos de gerente de Saneamiento del Agua y Cultura del Agua respectivamente.

Una mujer muy cercana a ellos, porque fue la tesorera de la campaña de Emilio González Márquez a la gubernatura, Diana Julieta Rodríguez, es una de las prófugas de la justicia por el asunto del peculado en el Siapa, donde se encargaba de la tesorería; mientras que otro funcionario muy cercano a Eduardo Rosales, Mario Juárez, también está prófugo. Él era el Director de Finanzas del organismo de agua potable.

Por si esto fuera poco, al secretario general espurio de El Mochilas, Antonio Pinto, están a punto de darle palo con su amparo que le ha permitido fungir como tal en el Ayuntamiento de Vallarta sin reunir el requisito de ley para serlo, toda vez que no es abogado de profesión y en cualquier momento tendrá que ser destituido.

Antonio Pinto fue regidor del Ayuntamiento de Zapopan, presidía la Comisión de Justicia y nunca dijo nada por el desfalco a las arcas públicas que habría cometido el alcalde Juan Sánchez Aldana; por el contrario, al término de la administración, fue cobijado por El Mochilas, quien le consiguió chamba en el Congreso del Estado como Coordinador del Órgano Técnico de Turismo, pues Ramón Guerrero era el presidente de la Comisión de Turismo.

En esa “aviaduría”, pues ser coordinador es igual a ser aviador, Antonio Pinto ganaba 60 mil pesos mensuales sin hacer prácticamente nada.

A este grupo hay que cuidarle muy bien las manos, ya que en Zapopan hicieron equipo para ejecutar “órdenes de trabajo” (que no contratos jurídicos) multimillonarias de obras públicas en las que se involucró directamente el entonces síndico de la ex villa maicera, Ricardo Alberto Anguiano Apodaca.

En otro espacio, le vamos a contar el modus operandi de estos tipos para manejar el dinero ajeno y que sin duda, lo podrían estar haciendo en Puerto Vallarta a través de la Dirección de Obras Públicas y la tesorería municipal, con el aval o sin aval del síndico Roberto Ascencio Castillo, pero con el visto bueno de El Mochilas.

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