Son las secuelas del tan machacado tema de los estudiantes normalistas, cuyo grito de batalla, “todos somos Ayotzinapa”, ha hecho suyo el mandatario.
Dos meses y un día después de la salvaje agresión e inmediata desaparición de los 43 normalistas, Peña Nieto reacciona y propone un plan parchado y refriteado. Son el conjunto de reformas dizque para prevenir casos como el de Ayutla, donde el crimen organizado se coló hasta las puertas de autoridades civiles y militares, de políticos y de a sociedad en su conjunto. Dedicado a alcaldes como el defenestrado José Luis Abarca, dijo tener lista la Ley contra la infiltración organizado en municipios.
Suena, pero solo suena, interesante su iniciativa de reformas el sistema de competencias penales. Como si el problema de México es la ausencia de leyes, que de éstas, todos sabeos hay una sobrerregulación. En materia de justicia, es tanta la multiplicación de leyes, que hasta el propio Peña Nieto admite que las mismas estorban. Queda su frase de que, “cuando es responsabilidad de todos, no es (el delito) de nadie”. En Iguala, el lo sabe, los responsabilidades y los responsables no caben ni en un océano y, aplicada la máxima peñanietista, al haber tantas leyes, resulta que no hay responsables.
Nos llama la atención de Ley antiinfiltrados en los municipios. Se le podrá fincar responsabilidad y calificar de delincuente a un alcalde, al jefe de la policía local, a un funcionario, a todos los integrantes de un gobierno municipal cuando alguien los acuse, la federación investigue, el fiscal asignado acumule pruebas y un magistrado determine que en efecto, la delincuencia de les infiltró. Pero, y ¿en los estados no se infiltran los delincuentes? O, ¿acaso el gobierno federal, funcionarios de todos los niveles, las fuerzas armadas, están vacunados contra este mal y son inmunes, inmaculados, y no se les cuela la delincuencia organizada?
La respuesta es no. De ahí lo de ser un decálogo de solo buenas y viejas intenciones. Los primeros funcionarios coludidos con la delincuencia organizada, así lo indica la historia han sido precisamente la vieja Policía Judicial Federal Justicia. Ahí adentro, las entrañas de la aun con vida Procuraduría General de la República nacieron, se formaron y se capacitaron jefes y capos, lugartenientes, de los lideres del narcotráfico. Fueron ellos los que protegieron a capos como Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín “el Chapo Guzmán. Y la lista es larga. Con mucha frecuencia se escuchan detenciones de malosos y al lado de estos algunos agentes federales. También son cotidiano arrestos de bandas de secuestradores, también tipificados como delincuencia organizada.
Pero a ellos no parece verlos Peña Nieto. Solo voltea a ver a alcaldes, por naturaleza debilitados, por carecer de estructura, de infraestructura, de recursos y de elementos suficientes para hacer frente a los batallones de pistoleros que sirven a los grupos de la delincuencia organizada. Son estos los que poseen mas y mejores recursos, mejores y mas armas. Más allá del valor y ser tentados a los ofrecimientos para aceptar proteger las actividades ilícitas, de ser tachado de corruto y delincuente, el policía bien puede ser alentado, demanda proveerlo de mejor arma, brindarle todo el respaldo y quizá sea un aliciente. Cierto, abundan municipios con policías coludidos con el hampa pero todo es parte de un sistema creado y fomentado desde lo mas alto del gobierno de la república.
Ahora bien, ¿acaso ahora mismo a un alcalde no se le pueden fincar responsabilidades? Sí. Pero su impunidad, como su fuero, tiene limitaciones. A un alcalde lo pueden remover y quitarlo de su cargo y la vía son los congresos estatales. En todo caso, al someterlo a la intervención a criterio del ejecutivo federal y su equipo, implica abrir un camino a la infinidad de atropellos que por años se cometen desde la oficina del todopoderoso inquilino de Los Pinos. Eso no es un asunto menor. Se antoja poco de muy poco convencimiento que la fórmula para acabar con lo los alcaldes, de inhibir otros Abarcas, las posea el gobierno federal. Muy pocos los creen por razones históricas arriba expuestos, porque los verdes jardines y los inexpugnables y oscuras oficinas de Los Pinos y demás edificios de gobierno es donde germinan ejemplares que dan vida a las grandes bandas de la mañosamente mal llamada delincuencia organizada. Los delincuentes de cuello blanco, si, están en muchas alcaldías, pero también cohabitan al lado del inquino de Los Pinos. Ahí están también el ejemplo de la Casablanca de la familia Peña-Gaviota, un caso todavía bajo el escrutinio de los mexicanos, en cuyas mentes la casona toma forma de un monumento de la corrupción del priismo.
Nos da la impresión de que a Peña Nieto se le acabaron las ideas y las circunstancias lo obligan a caminar por los senderos de las contradicciones. Al unísono, el priismo se unió a criticar y cuestionar, a descalificar, la política del combate a la delincuencia organizada en el sexenio pasado. Ahora se alimenten precisamente de las “reglas” que propuso en su momento Felipe Calderón. Fue el discurso de campaña de Enrique Peña Nieto. Solo cuando le reviraron los panistas que Peña y un gobierno priista se encaminaban a negociar y pactar con los mafiosos, dirían que enfrentarían a los malosos. En los dos primeros años nada hicieron. Ya se sabe que en la PGR existía información, que abrieron al menos un expediente vinculado al caso de Iguala. No hicieron nada. Si la PGR sabía de todo lo de Iguala y la región de Tierra Caliente, Peña Nieto y su gobierno, sabían de un narcoalcalde, de los narcopolicías, de muchos narcopoliticos. No pueden alegar ahora la necesidad de más leyes, que todo lo pueden evitar con leyes evidentemente cocinadas al vapor. Casi la totalidad de “los diez mandamientos” anunciados el jueves, son herramientas de manufactura de Calderón. Las desecharon y ahora, las hacen suya. Pero pues sí, así son nuestros gobernantes, cada seis años descubren al país, reinventan sus propias leyes, se erigen en nuevos mesías y se asumen como los salvadores de México. Eso sí, ante sucesos emergentes, actos de salvajismo, cuando son pillados en pecadillos deshonestos, no suban reaccionar y a lo sumo reaccionan como el avestruz australiano.
REVOLCADERO
Eso de la policía única estatal, o del mando único, es una aventura temeraria que implica tantos riesgos como los que se temen en estados como Jalisco y Nayarit. La decisión de incluir a Jalisco como uno de las cuatro entidades a intervenir con policías federales, gendarmería, las fuerzas armas (militares y marinos) no es ninguna puntada de Enrique Peña Nieto. Como razón esgrimió que hay alcaldías jaliscienses con problemas iguales a los de Iguala. No exageró, aquí mas arriba en zona serrana, acaban de matar a un alcalde de Ayutla y a un jefe de la policía. En Cabo Corrientes, asesinaron a un ex alcalde, y a varios regidores. Los caminos convergentes a Puerto Vallarta, municipios y poblados circunvecinos, son auténticos cementerios. Nada distinto a Iguala y todo Guerrero.***** Otros temor son los nombres en quienes recaerá todo el poder. Luis Carlos Nájera, también Edgar Veytia arrastran una fama igual o peor que los peores jefes policiacos de cualquier municipio guerrerense. A Nájera lo han tachado de ser un policía ligado con los malosos desde los tiempos que prestó sus servicios en días gobernados por panistas. No falta quien presuma hoy saber que se quedó en su posición de fiscal y dejó a un incondicional suyo al frente operativo de la policía estatal gracias a un pacto del priista Aristóteles Sandoval con los malosos. Edgar Veytia, el no menos fiscal general en Nayarit, nos remite a las pláticas de los paisanos que nos dicen es real lo publicado meses atrás por la revista Proceso. En la portada titularon “el fiscal sicario de Nayarit”.******Y respecto al 911, Peña Nieto literalmente piensa como un estadunidense común. O cree estar gobernando a la nación del norte, cuando dice que el número 911 es el número mas conocido por los mexicanos. Allá al norte si, todos, anglos y anglosajones, pochos y mojados, saben y conocen la existencia del 911 como el número de las emergencias. En cualquier ciudad de la frontera, también saben de ese número. Pero, ¿saben y conocen el 911 los pobladores de las zonas montañosas de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, nuestros paisanos de Huajicori, de La Yesca, del Nayar? Si, seguramente, al abrirse la línea, van a saber que allá pueden llamar a denunciar alguna situación de emergencia. Solo que se deben cumplir determinados estándares, como los tiempos de respuesta, donde el parámetro establece tres o cuatro minutos para reaccionar. Nos acordamos que al dar el banderazo a la policía única estatal, el gobernador Aristóteles Sandoval dijo que en cualquier punto del estado, en no más de 25 minutos se llegaría al sitio. A veces duran días, no horas, días, en atender un llamado. La capacidad en el país no es más optimista. Los conocedores en la matera estiman que la emergencia se podrá atender en media hora. En 30 minutos, no 3 o 4. Ya no hablamos si el personal responsable de atender las llamadas, resultan como los o las telefonistas del número de emergencia de nuestra policía municipal.
