Sin embargo, la idea que tienen los empresarios de auto asumirse como un órgano autónomo, ciudadano y de fiscalización del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, no entra precisamente en un marco adecuado de derecho, toda vez que ningún presidente municipal, seguramente, estará dispuesto a que un organismo externo se le meta hasta la cocina para revisarle el gasto público, las asignaciones de obra pública y hasta la forma en que se maneja la nómina municipal.
El grupo de empresarios, cuyo líder visible es el magnate de los tiempos compartidos, creemos que está equivocando el camino, en virtud de que exigen se les reconozca, mediante un acuerdo de cabildo, como un órgano de fiscalización autónomo y externo, pero con facultades legales, y esto en pleno derecho, no es admisible porque no sólo se violaría la autonomía municipal, sino que se romperían varias leyes de aplicación municipal, como la de hacienda municipal y los convenios de coordinación administrativos que se tienen con el gobierno del Estado y la Federación.
Creemos que lo mejor sería asumirse como un grupo que sea un Observador Ciudadano que exija sí, rendición de cuentas, pero con base a la Ley de Transparencia y con la aplicación y cumplimiento a Cabalidad del Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Y ya que va a tener un fondo de alrededor de seis millones de pesos y van a contratar 10 personas para que realicen la funciones de fiscalización, pues lo ideal sería que ese dinero lo aplicaran en un seguimiento puntual –como perros de guardia si se puede y sin darle a esto un toque para nada peyorativo—a las acciones de gobierno y ahí sí exhibir a los malos gobernantes cuando traten de vender el patrimonio municipal, cuando metan a trabajar a sus cuates, compadres y familiares a la nómina, cuando asignen contratos lesivos para la ciudad, como el de las famosas luminarias de la empresa Citelum, o cuando se derrochen los recursos públicos en el pago a medios de comunicación para tenerlos controlados o para acallarlos.
Sin duda, insistimos, es una excelente idea crear este Consejo, este órgano de fiscalización, pero que no pierdan de vista el marco legal y, sobre todo, que los mismos empresarios hagan un auto ejercicio de transparencia, pues no sería bien visto que algunos de estos empresarios, que ahora exigen transparencia, rendición de cuentas y buenos gobiernos, tengan las mismas prácticas de opacidad o de abusos laborales e incluso de prácticas de corrupción en sus propias empresas.
Y vaya que hay tela de dónde cortar. Por ejemplo, cuántos de estos empresarios utilizan el sistema de las famosas pagadoras, la llamada subcontratación laboral conocida con el término outsourcing, que viola todos los derechos sociales de los trabajadores y que es la mejor forma de evasión fiscal.
Entonces, para exigir transparencia, hay que ser transparentes, no parecerlo.
