En el contrato se lee claramente las firmas del presidente municipal, Guerrero Martínez, del síndico, Roberto Ascencio Castillo quien mintió en un principio jurando nunca haber firmado dicho contrato. También en representación del ayuntamiento de Puerto Vallarta, firmaron el secretario general del ayuntamiento, Antonio Pinto Rodríguez y el tesorero, Samuel Octavio Pelayo Paz. El Grupo Financiero Banamex es representado por las firmas de su delegado fiduciario, Irán Concepción León Cárdenas y su apoderado legal, Carlos Arellano Clemente. Los primeros son los denominados “Fideicomitente” y los segundos “el fiduciario” del Fideicomiso.
El asunto del Fideicomiso es la manzana de la discordia que amenaza en convertirse en un problema para la administración que preside Guerrero Martínez y colateralmente, hace tambalear al dirigente del sindicato de trabajadores del municipio, Gilberto Rodríguez Lorenzo.
Los trabajadores tienen razonables sospechas de que en la simulación fiscal implementada por la administración municipal no solamente se esconde una operación para evadir impuestos sino un sistema que los perjudica. Cierto es que se les sigue pagando justo la misma cantidad que recibían quincenalmente antes de implementarse el Fideicomiso pero han descubierto que su salario real es exactamente el salario mínimo vigente para esta región, algo así como 66 pesos por día. El resto del salario, lo perciben vía prestaciones que por ley no son gravadas por el fisco. Y como el salario mínimo tampoco es motivo de ser gravado el resultado es doble para los objetivos establecidos por los cerebros de la simulación fiscal: No se pagan impuestos ni por pago de salario ni por pago de prestaciones.
Los trabajadores están molestos porque saben que son ellos los “estafados” y es falso el discurso oficial, de que todo se hace para beneficio de los trabajadores. Saben que conspiraron contra ellos todos los funcionarios implicados, sus jefes directos, todos los regidores, a excepción de cuatro de ellos, todos de oposición. Se han acercado a ellos, Susana Carreño y Humberto Gómez Arévalo pero los tachan de verdaderos oportunistas que en su momento aprobaron crear el Fideicomiso y que al pelearse con el alcalde prometen apoyarlos. Van a esperar una siguiente reunión del pleno del Ayuntamiento para que esos regidores le reclamen al alcalde haberlos engañado y exijan dar marcha atrás al Fideicomiso. En tanto, ven con recelo a la Carreño y al Beto del Infonavit.
El síndico, Roberto Ascencio despierta también recelo en los trabajadores. Cuando lo pillaron en su mentira y se supo que también firmó el contrato del fideicomiso, Ascencio Castillo recurrió a un auténtico cuento chino, de que le habían pedido firmar algo a petición del banco pero que nunca firmó el contrato. Nadie le creyó al síndico su mentira. Por ser un abogado hecho y derecho, que se vende como un profesionista maduro y experimentado, nadie le cree haber sido chamaqueado por el alcalde.
Pero bueno, lo interesante aquí es que ya se puede disponer del Contrato del Fideicomiso, el documento firmado por el alcalde, el síndico, el secretario general y el tesorero del ayuntamiento. Se constituyó con una transferencia de… ¡¡¡“un peso”!!!!!. Ese fue el monto que de una cuenta del municipio se transfirió al Fideicomiso y forma el patrimonio.
De las ocho declaraciones hechas por los señores representantes del municipio, también de los trabajadores según los fines de la figura creada, se destaca que el 4 de marzo Ramón Guerrero presentó la iniciativa de establecer un Sistema de Previsión Social para el beneficio de los trabajadores del municipio. De aquella resolución votada mayoritariamente por los regidores del Movimiento Ciudadano, incluyendo Susana Carreño, Roberto Ascencio y Humberto Gómez, se dejó perfectamente claro que el nuevo sistema consistía en “transferir recursos de la hacienda municipal a favor de los trabajadores” y que este dinero iría a un Fideicomiso.
Del acuerdo aprobado en marzo, debe destacarse uno en articular el que a la letra dice: “se autoriza la celebración de un contrato de fideicomiso para que, como fin primordial administre los recursos del Sistema de Previsión Social y realice las transferencias mencionadas. Adicionalmente dicho fideicomiso estará facultado pata sufragar los gastos inherentes a su propia administración y podrá solventar con cargo a su patrimonio, la contratación de servicios de asesoría técnica y consultoría especializado para el adecuado tratamiento financiero, fiscal y leal del sistema…”.
En el contrato queda debidamente establecido que las transferencias se tomarán de la partida 5-11590-0-000-000-0-00-00-00-0000 del Presupuesto de Egresos del Municipio denominado “Otras prestaciones sociales y económicas” en la cuantía “que sea suficiente para cumplir los fines del Sistema…”. Es decir, el Fideicomiso recibirá transferencias estrictamente para cubrir el pago de prestaciones que no son gravadas y de esa forma se garantizará evadir el pago de impuestos.
Lo anterior demuestra que todos, incluyendo el síndico, los regidores Susana Carreño, el Beto del Infonavit, Oscar Avalos Bernal, todos los regidores del MC, supieron desde el principio de qué se trataba, y de que en realidad no era benéfico para los trabajadores, sino una estrategia para evadir impuestos. Por ejemplo, se sabe ahora que el ayuntamiento destinó un monto aproximado de dos millones y medio de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social como cuota mensual por todos los trabajadores afiliados. Ese sería uno de los compromisos requeridos por los dirigentes sindicales, uno de ellos Gilberto Lorenzo Rodríguez.
Es una infamia, un atropello a los derechos de los trabajadores porque cualquier persona sabe que el impuesto no lo paga la empresa, en este caso el ayuntamiento, sino que es un pago que lo paga el trabajador. El ISR es un pago hecho por el trabajador, descuento cuya cuantía o monto depende de cuánto es el salario del empleado. No es pues una cuota, un pago o impuesto que se le atribuye a la empresa, al ayuntamiento.
Se trata de un absurdo que echa a tierra la argumentación de tratarse de un sistema bondadoso para los trabajadores. En las administraciones se le inyectaba menos de la mitad de dicha cantidad a Servicios Médicos Municipales. Con Gustavo González Villaseñor y las administraciones siguientes, entre los trabajadores había satisfacción por la calidad y eficiencia en Servicios Médicos municipales. Si el caso lo ameritaba podían ser canalizados a los mejores hospitales privados de la ciudad. Se supieron de casos de trabajadores que fueron atendidos en el exclusivo Hospital San Javier. Son muy pocos los que consideran que en las clínicas del Seguro Social se otorga servicio médico de calidad. Saben que es común que para alguna intervención quirúrgica, suele posponer la atención por muchos meses.
Pero bueno, sigamos con el contrato. Hay escepticismo porque para empezar se constituyó con un patrimonio de un peso y porque en una de las cláusulas las partes firmantes están de acuerdo que el fiduciario, “no tendrá ninguna responsabilidad” respecto a la validez, legalidad, valor o exigibilidad de cualesquiera documentos, derechos o instrumentos que den origen o que se encuentre relacionados, ya sea directa o indirectamente con el Fideicomiso”. El banco no asume tampoco responsabilidades ni obligaciones con respeto a la autenticidad, titularidad o legitimidad del patrimonio fideicomitido.
Hay dudas también porque en la práctica no habrá un fideicomisario pues da lo mismo que para cumplir el requisito de ley, es el fideicomitente, es decir, los representantes del ayuntamiento, quienes se erigen como “el fideicomisario”. En otras circunstancias, en otros fideicomisos, el fideicomisario debe ser los beneficiarios del fideicomiso, para el caso que nos atañe, los trabajadores municipales.
Es si, el ayuntamiento se compromete a incrementar las transferencias tantas veces sea necesario y se exime al pagador, (Banamex como fiduciario) de responsabilidad si no hay recibe nuevas aportaciones. Todas las responsabilidades fiscales recaen en el ayuntamiento en tanto que los pagos de gastos, honorarios u otras comisiones que se generen por la ejecución de los fines del fideicomiso se harán con cargo al patrimonio del fideicomiso. El Fiduciario, tendrá todos los derechos y acciones para hacer cumplir dicho contrato y responderá civilmente por daños y perjuicios.
REVOLCADERO
En lo relacionado al comité técnico el contrato indica que será integrado por tres miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Sin embargo, en el contrato no se señala quiénes deberán integrarlo, nombres que el ayuntamiento deberá proporcionar en una carta por separado. Entre sus facultades y obligaciones destacan: revisar y aprobar a información financiera, definir criterios y dictar decisiones sobre las acciones determinar la manera de aplicar el patrimonio del Fideicomiso” en caso de que el acuerdo edilicio se de por terminado”. Si leyó bien, este último resulta clave para lo que en los siguientes días pueda venir. Se puede echar abajo el acuerdo del 4 de marzo pero será el Comité Técnico el que determine que se hará y ya no los regidores. ***** La décima cláusula también nos resulta importante. Habla de los honorarios, se obliga al fideicomitente, es decir al ayuntamiento, a pagar al fiduciario (a Banamex) las comisiones pactadas. Uno de esos pagos son 25 mil pesos, monto a pagar por la simple constitución del fideicomiso. Por el manejo del fideicomiso el banco cobrará “la cantidad fija al anual de 72 mil pesos pagaderos de forma mensual, adelantada y con cargo al patrimonio Fideicomitido”. Sin embargo, este pago mensual, estará sujeto a variación si se da el caso de cambios de la administración y custodia del patrimonio; es más, se pagará hasta por modificar el contrato. El banco cobrará al ayuntamiento por transferencias interbancarias, expedición de cheques, emisiones de órdenes de pago, abonos a cuenta emisión, envío copias de estados de cuenta, apertura de cuentas de cheques y varios etcéteras. Cada año se actualizarán los pagos y en caso de no pagar a tiempo, el banco cobrará intereses por los atrasos y se faculta al banco a cobrarse del patrimonio del fideicomiso.***** El escándalo en Guadalajara de los “diputampax” también salpica a Juan José Cuevas García. Es uno de los diputados locales que se niega renunciar a la dieta de los 92 mil pesos mensuales que cobra para atender sus casas de enlace. Nos aseguran que metió gastos por renta de oficinas que ni siquiera opera, una de ellas en Ixtapa. En Guadalajara hay indignación porque al revisar documentos de comprobación de gastos hallaron que algunos diputados metieron gastos de dulces, chiclets, cafés. En un caso, detectaron que un diputado metió la compra de toallas femeninas. Desde que están en el cargo, cada diputado habrá recibido un millón 26 mil pesos, dinero supuestamente a destinar a gastos en sus casas de enlace. Poco a poco ya algunos legisladores renuncian a ese dinero pero del Congreso nos dicen que “el peri” no quiere renunciar a ese dinero.
