En búsqueda de justicia, la familia del menor entabló contacto con María Nicolasa García Reynoso, recopiló información y presentó un escrito en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya entrado este año, la CNDH notificó a la familia y a la defensora de los derechos humanos, que la queja ha sido admitida.
La víctima es un menor de edad, estudiante del plantel de Educación Media Superior a Distancia. En el grueso expediente de la queja se anexaron varios diplomas obtenidos en su plantel EMSAD por segundos y tercer lugar en aprovechamiento académico. En aquellas comunidades era conocido por ser un estudiante modelo y eso animó a la familia a solicitar en todas las instancias justicia.
En su momento supimos del caso pero dado la gravedad de la situación y el miedo de la familia a eventuales represalias se optó por esperar el progreso de la queja presentada en la CNDH. Hoy, admitida la queja, se ha iniciado una investigación y hay evidencias respecto a la responsabilidad aquella partida que ultrajó al estudiante preparatoriano.
El relato narrado por el menor es desgarrador, crudo y provoca desprecio hacia los verdugos del joven Orlando. Contó que ese jueves 9 de noviembre, a temprana hora realizó algunas labores propias de la casa, fue a recoger leña para cocinar el desayuno y luego se puso a hacer tarea. Eso lo llevó a la tienda Diconsa, único punto con servicio de internet. Ahí se encontró con dos primos que esperaban “raite” para trasladarse a El Tuito, la cabecera municipal de Cabo Corrientes. Justo cuando marcó por celular a su novia, arribaron los marinos. En ese momento empezó su martirio, nueve horas de tortura continua.
NUEVE HORAS DE TORTURA
“Llegaron los marinos en tres camionetas ahí a la tienda y se dirigieron a mí, me preguntaron que a quién le estaba avisando que ellos venían y yo solo dije que a nadie, que estaba hablando con mi novia, me quitaron la mochila que traía con mis útiles escolares, mi teléfono me lo pidieron y ya no me lo regresaron, cuando uno de ellos revisó mi mochila me acusaba que yo traía una cartera con cocaína, cosa que yo no traía porque yo no consumo esa sustancia”, relató el estudiante.
De acuerdo con el contenido en la queja, los marinos lo llevaron al fondo de una finca en construcción, construcción que se habilita para tortillería y ahí arreció el tormento. “Me pusieron una bolsa de color negra en la cara y comenzaron a intentar asfixiarme, me preguntaban que quién era la gente armada que había en esa comunidad y que si sabía quién vendía droga. Y les dije que no sabía nada y que no había visto a nadie armado, no me creyeron y continuaron tapándome la cara con bolsas y a algunas veces cachetadas. Me amarraron de las manos y posteriormente me pusieron una capucha del color del uniforme de ellos y me sacaron de ahí por la puerta de atrás”, añadió.
Los marinos cuidaron en todo momento impedir que los lugareños atestiguaran que en las camionetas oficiales iba el menor. Las tres patrullas se internaron en caminos rurales de esa parte serrana de Cabo Corrientes. El menor cree haber sido “paseado” por los rumbos de El Refugio de Suchitlán, en donde se halla su escuela. En todo momento estaba tapado con la capucha de los uniformados y siempre estaba sujeto a un intenso interrogatorio. En algún momento y en un paraje serrano probablemente en las inmediaciones de El Tecuani, la caravana hizo un alto. “Me hincaron y me volvieron hacer las mismas preguntas, yo les dije lo mismo, que no sabía nada y me intentaron asfixiar con la bolsa nuevamente. Confieso que ellos no tuvieron consideración de mí a pesar de que les dije que era menor de edad, pero ahora me pateaban en la panza o me pegaban con el puño en muchas ocasiones. En más de tres ocasiones me hicieron vomitar sangre”.
LO ARRODILLARON Y LO PATEARON
En la salvaje sesión de tortura al menor también se hizo uso de un garrote, huellas de cuyos golpes se apreciaron en diversos puntos de su cuerpo, sobre todo en la espalda, tórax y en los hombros. Lo arrodillaron y lo patearon. En algún momento le agacharon la cabeza procurando no dejarse ver la cara por la víctima.
En cierto momento dirigieron el martirio en el dedo meñique de la mano derecha. Usaron una pinza hasta reventarle las uñas. También le aplicaron la dosis en el dedo chico del pie derecho. Por lo menos una hora fue sometido a las presiones con las pinzas. Lo volvieron a subir a la patrulla y lo trasladaron a un punto conocido como “El Caquiste”.
En el parte de lesiones elaborado por un médico de la Cruz Roja, ya en Puerto Vallarta se detalla de lesiones causadas por quemadura en el dedo del pie derecho. La víctima contó que en algún momento, cuando iba en la patrulla acostado boca abajo, lo pisaron con las botas en todo el cuerpo y cabeza. Fue cuando con un encendedor le causaron lesiones de quemadura. Uno de sus verdugos lo castigó en sus partes nobles con un rifle. Lo amenazaron con violarlo.
Finalmente y al cabo de varios recorridos por los boscosos callejones de la sierra de Cabo Corrientes, lo bajaron de la batea y lo abandonaron esa noche. Con diversas laceraciones en todo el cuerpo, caminó media ahora y se ubicó en el rancho El Tecuani. Caminó descalzo otra media hora por el camino pedregoso y la brecha lo codujo al rancho El Algodón. Ahí fue auxiliado por un conocido de la familia y lo trasladó a casa. Dadas las condiciones en que se hallaba, su madre pagó un taxi para trasladarlo a Puerto Vallarta y brindarle atención médica.
Esa misma noche fue trasladado a una agencia del Ministerio Público y a la Cruz Roja en donde se le revisó a conciencia y se emitió el parte de lesiones. Las evidencia físicas confirman haber sido salvaje la golpiza de los uniformados. Cuando el alcalde Prisciliano Ramírez se enteró, exigió públicamente la salida de los marinos de Cabo Corrientes. Los lugareños de las comunidades serranas y de la costa demandaron a la zona naval militar retirar a sus elementos.
En Chacala, Refugio de Suchitlán, en Tehua, por todos lados, en cualquier comunidad, los habitantes relatan vejaciones de los marinos.
El 14 de noviembre, cinco días después de la irrupción en Chacala, con la asesoría de Nicolasa García Reynoso, la familia presentó la solicitud de queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aportaron evidencias y la narración de la víctima. El 8 de enero, la CNDH dio puntual respuesta: la queja ha sido admitida y se ordenó inmediata investigación a los atropellos denunciados por la familia del menor (y otras familias de las comunidades) de Cabo Corrientes.
REVOLCADERO
En el expediente abundan nombres y datos adicionales los que, por tener carácter confidencial, omitimos en el presente escrito. La familia del menor está agradecida por el extraordinario apoyo recibido por parte de María Nicolasa García Reynoso, cuya fama de defensora de los derechos humanos sin distinción alguna, ha rebasado los límites jurisdiccionales. Así lo han hecho saber al autor. Nicolasa García Reynoso fue contrata por la administración de Arturo Dávalos Peña para sacar adelante tareas que implican otorgar asesoría a los vallartenses en relación a cualquier abuso cometido por funcionarios municipales o de otro nivel gubernamental. Hoy, Dávalos se postula por el Movimiento Ciudadano a reelegirse como presidente municipal. Y, por otro lado, pero por caminos paralelos, García Reynoso se propone conseguir la nominación al mismo cargo, pero por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. La gruesa foca curricular, una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos en los tres municipios de la Bahía de Banderas, ha convencido a los dueños de Morena y están decididos a seleccionarla como su abanderada para la elección del próximo primero de julio. ******* Vaya nuestros paisanos de Nayarit ven con optimismo los últimos acontecimientos de una aparente “justicia”. La Fiscalía de Justicia ordenó asegurar diversas propiedades del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, bajo el principio de la sospecha de haber amasado todo al amparo de la corrupción que campeó los seis años del terror de Sandoval y su siniestro fiscal, Edgar Veytia. Ya van por la docena de mansiones, locales comerciales, ranchos, diversas propiedades y cuentas bancarias, confiscadas al “Sasasá”. Falta aquel rancho que un mal día les presumió a sus amigos periodistas, allá por las márgenes del río Santiago, entre El Carleño y Aután.****** Leímos con atención el escrito publicado por la profesora Idalia de González León en donde se deslinde o desmarque, su bajada del “barco” de Saúl López Orozco. Es puntual y preciso: es importante aclarar que: el día 2 de marzo me reuní con el candidato designado por mi partido, Saúl López Orozco y decliné, en el supuesto de ocupar el sitio número cuatro, la invitación a formar parte en la planilla propuesta por él a las instancias partidistas correspondientes; ya que considero es necesario se busque que más militantes del Partido ocupen alguno de los primeros espacios dentro de la planilla que será designada por el PAN Jalisco”. Idalia se bajó del barco de López Orozco y punto. Nadie tiene empacho a refutar su dicho. Acaso podemos añadir al tema que fue justo el viernes cuando el autor tomó nota de la planilla que el virtual abanderado del PAN a la alcaldía con tanto esmero confeccionó. Entonces, así, sin planilla completa, o con planilla parchada pues, varios amigos nuestros, panistas, hicieron el viaje a Guadalajara este martes para apoyar con su presencia la protesta de Saúl López en calidad de candidato a la alcaldía.***** Pues nada, que Jorge Hernández Valencia renunció a la máxima jefatura de la Policía Municipal por haber sido llamado a incorporarse al equipo de campaña de Arturo Dávalos Peña. Ya nada ni nadie podrá convencerlo de reconsiderar, dar reculada y retomar la dirección de la gendarmería preventiva.
