Transcurrieron tres semanas para que el gobierno municipal, “administrador” único de las instalaciones que albergan la Comisaria de policía, definiera en un boletín de prensa su postura. El tortuguismo de los voceros de Comunicación Social quedó en evidencia, signo quizá de que los zigzagueos con la que se han conducido las políticas en ésa vital área que en un año ha tenido cuatro directores. Para agravar la situación, la jefa de prensa, Verónica Díaz Rodríguez vacacionaba y pese a enterarse del caso tampoco tuvo el tino de reaccionar cuando un periodista la contactó. A su suerte, entonces el comisario, Rogelio Hernández de la Mata, contestó, cual generalote en grado de mayor, justificó que el detenido no gritó y por eso nadie le ayudó, y todo lo empeoró.
Probablemente nadie en la policía municipal, ni asesores políticos o de materia de comunicación social, tuvieron la capacidad de advertir que se les venía encima el peor escándalo vivido en sus primeros quince meses de gestión.
Existen evidencias de que no fueron pocos los funcionarios municipales enterados apenas ocurrida la agresión dentro de las celdas de Las Juntas. Todos erraron sus cálculos políticos y todos equivocaron sus análisis al intentar tardíamente implementar un plan de control de daños. En el equipo de gobierno abundan políticos de sobrada experiencia política y todos se condujeron cual tales, funcionarios creados y educados a la vieja usanza, que procuran enterrar las huellas de la evidencia de un delito para cerrar la pinza del gran cliché: hay delito, pero aplicar la ley contra uno de los nuestros es políticamente contraproducente.
Existe pues en una concurrencia de yerros y actitudes que van mas allá de la indolencia en la responsabilidad pública de quienes se coludieron voluntaria o involuntariamente en la tragedia que vive la familia de la víctima.
Por años, diríamos sin exagerar que desde siempre, a los superiores han tolerado a los policías toda clase de abusos y atropellos. Golpean, algunas veces han asesinado, a ciudadanos, a la vista de los jefes. Eso explica en parte las conductas violentas de los gorilas uniformados que a indefensos ciudadanos, sí, acaso bajo las influencias de alguna sustancia ilegal. Tal permisividad a los subordinados, tiene costos y llegó al límite peligroso. Lo grave es que el costo lo sufre un joven de 24 años. Si el costo lo asume con su renuncia el jefe de la policía, el jefe de custodios, otros policías, que lo paguen. Pero ya nada repara el daño a Héctor Jonathan al que a sus 24 años le han arruinado su vida.
La administración de Ramón Guerrero vive otra crisis de escándalo. Es de grandes proporciones que traspasó los muros de una cárcel de máxima seguridad de donde uno de sus huéspedes hizo dos llamadas para avisar y dar detalles menores de lo ocurrido en las mazmorras de Las Juntas desde fines de año. La víctima pagó en la cárcel sus pecados de robar autos. Acudía a afirmar a un juzgado del reclusorio de Ixtapa y se sentía obligado evadir líos con la autoridad.
El lunes 6, Jorge Olmos Contreras fue el primero en publicar sobre el tema y a partir de ahí, ha hilvanado varias publicaciones. Antes, un día luego de registrado el suceso, se difundió sospechosa información oficial de tal forma que se procuró mantener en el anonimato la atrocidad cometida.
Después del lunes 6, se abrió el ostión. Funcionarios municipales serían advertidos de la gravedad y se les sugirió poner atención pero cerraron oídos y ojos.
Un personaje ha sido clave para despejar el mayor secreto que con celo el mayor Rogelio Hernández de la Mata quiso mantenerlo lejos del escrutinio público. Es el joven José Guadalupe Castillón Barajas. Dijo ser pareja sentimental y de él se supo de la víctima su tendencia homosexual. La comunidad gay se conmocionó y para pronto reaccionó. Ellos convocaron a la manifestación a concentrarse este miércoles por la tarde en el crucero de Las Juntas y de ahí caminar al antes mercado que habilitado como fuerte de la gendarmería vallartense. Exigirán justicia.
“Lupito” Castillón acordó vía un activista contra la xenofobia varias entrevistas. El muchacho habló lo que vivió la madrugada, tarde y noche del 23 de diciembre. Relató que su pareja salió de casa en la colonia Bobadilla por unos tacos pero ya no regresó. Se preocupó porque Jonathan recién había regresado de una fiesta y bebió algunas cervezas. Llamó y escuchó una frase que debió parecerle lapidaria. Balbuceó dos o tres palabras clamando auxilio. El celular se apagó. A eso de las ocho y media de la mañana le hablaron del cuartel de policía. El aviso de que Jonathan estaba detenido lo sintió como un alivio pues durante toda la noche no pudo conciliar su sueño. Preparo suéter y cobija y salió a toda prisa. Antes de las nueve ya estaba en Las Juntas. Pidió información y le dijeron que estaba detenido por intentar asaltar a un taxista. Le resultó extraño. Decidió darse tiempo en espera de contactar al taxista y arreglar el diferendo. Se retiró del lugar para concentrarse en sus labores cotidianas. Pero jamás recibió la ansiada llamada del taxista. A las cinco y media de la tarde le avisaron de la policía la fatal noticia. Jonathan estaba en el Hospital Regional herido en una riña dentro de las celdas. Cuando le permitieron ver se dio cuenta de la gravedad de las lesiones. Esa fue la explicación médica que le dieron. Jonathan estaba atado de pies y manos. Las heridas provocaron tal dolor que el paciente no podía soportar y debieron sedarlo. En ese estado perduró por días hasta ser trasladado al Centro Médico de Occidente en Guadalajara, donde lentamente se recupera.
Vinieron después versiones y declaraciones judiciales de donde se desprenden profundas contradicciones. El Ministerio Público espera tomar declaración a la víctima aunque consignó el caso al Juzgado Segundo Penal, en donde se resguarda el expediente 5473.
José Francisco Aguilar Hernández es un nombre aportado por la policía al que acusan de ser el agresor. Es un panadero, con facha de malviviente, del que dijeron que satanás le ordenó sacarle los ojos a su compañero de la celda 8. De eso no hay constancia judicial. En la averiguación declaró que cometió su infamia por ser “joto” y por estar bajo los influjos de droga. Dada la fortaleza de Jonathan, de fuerte complexión, asiduo al gimnasio, con la fuerza de sus 24 años, es poco creíble que un mozalbete panadero mal alimentado lo haya podido someter.
Los custodios de guardia coinciden en un dato que a todos causa asombro: no escuchamos gritos. La barandilla está a una distancia de metros, acaso unos 25 metros la mas distante. Es un pasillo abierto que comunica barandilla directo a las celdas. Imposible que un preso no grite cuando le arrancan los ojos, como imposible suena escuchar decir a un custodio que la víctima no gritó. Dada la distancia, no es ni necesario gritar para hacerse escuchar hasta por los patrulleros que en los patios hacen maniobras para depositar a un detenido. Al lado está la oficina habilitada para el personal médico y trabajadores sociales. Es raro ver al médico de guardia. Cumplen a medias, y solo con algunos detenidos, en revisar la salud del nuevo huésped. Los custodios se desentienden de cualquier detenido que grite por ayuda, agua o que implore por auxilio. La guardia no asume la responsabilidad que se les encomienda. Todas las noches se registran zafarranchos entre detenidos y hasta los azuzan a pelear. Cualquier parroquiano con la suerte de ser llevado detenido, puede dar testimonio de ello.
Hace ya años que se anunció como bombos y platillos la compra de equipo de video. Jamás dan servicio las cámaras de grabación o al menos, cuando ocurren sucesos, policías y jefes se apuran a informar que el equipo no sirve. Hasta en eso persisten contradicciones entre los uniformados. A la actual administración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emplazó a implementar medidas de protección a los detenidos. Fue a principios del año pasado, cuando un homicidio a un reo dio pauta a la recomendación 3/2013. Nada se hizo y Héctor Jonathan es un pagador.
REVOLCADERO
El gran debate que se desprende de la historia que provocó escalofrío en muchos vallartenses es saber qué tipo de objeto se utilizó para arrancarle los ojos a Héctor Jonathan Franco. La primera afirmación surgida dentro de las tropas uniformadas es que “Pancho el panadero” lo hizo con los dedos de su mano. Los primeros médicos y enfermeras que atendieron al lesionado no lo pensaron mucho: usaron un arma filosa, un desarmador, cuchillo, cuchara. Un objeto contundente. Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense coincidieron en lo último y anexaron al expediente judicial: son lesiones causadas por objeto contundente. Las lesiones causaron la pérdida permanente de ambos ojos y se ignoran secuelas, conclusión.****** De las contradicciones se desprendieron infinidad de dudas. No se sabe todavía a ciencia cierta por qué motivo arrestaron a Jonathan. Se desconoce en qué sitio, quienes, cuántos y con qué objeto lo atacaron; ¿es verdad que nadie lo escuchó gritar? ¿Por qué lo dejaron tirado en el piso desangrándose más de una hora sin brindarle auxilio médico? ¿Qué sucede realmente con las cámaras? ¿Por qué no se atendió la queja de la CEDH de proteger a los detenidos? ¿En dónde está el taxista que supuestamente lo acuso de robarlo?***** En esa serie de omisiones, hasta el síndico Roberto Asencio Castillo debe a la sociedad una explicación. Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos no ha convocado ni a una sola reunión de la comisión edilicia porque a su decir, “no hay algún caso que lo amerite”. Bueno, si se tienen que matar a dos, tres o más detenidos, en sus horas de detención provisional en las celdas del viejo mercadito municipal de Las Juntas, pues es certero el juicio del abogado sindico de la ciudad. Total eso no es grave.
