La familia Vázquez y las empresas Promotora Movifer y Operadora Heva S. A. de C.V., son las últimas víctimas del lucrativo “negocio” que al amparo de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta cometen sus representantes.
Integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano asumen que los nuevos inversionistas que proponen construir en la zona de Marina Vallarta enfrentan una real “extorsión” de la junta vecinal. Esta asociación civil actúa como autoridad y se erige como tal imponiendo sus condiciones en las nuevas construcciones.
El empresario Carlos Vázquez murió en su intento de construir un edificio justo en el ingreso a esa zona hotelera. Propuso construir V Marina Condominiums, un edificio de 12 pisos. Es la altura similar a la del edificio Nima Bay, que curiosamente se localiza enfrente. En su momento, los Residentes también se opusieron y todo indica que hubo un jugoso acuerdo y permitieron la obra. El Nima Bay es hoy en día un exitoso sitio restaurantero e inmobiliario y los más contentos son los vecinos.
Marina Vallarta es por mucho el primer gran atentado al medio ambiente desde que comenzó su construcción hace tres décadas. Ahí abundan edificios con más de 8 pisos. Nadie dijo nada cuando en 1993 se construyó el hotel Westin Regina con sus 14 pisos. Los judíos levantaron torres como las del Shangri La, de Issaac Saba Raffoul, el mismo que luego construyó Tres Mares. Otro judío financiero Elías Sacal Cababie, se enfadó de sus grandes edificios de Cancún y se vino a construir el Royal Pacific en 1996, después Bay View Grand, Porto Fino y el desarrollo Grand Venetian, este en la desembocadura del río Pitillal en 2005. Ninguno de los señalados tiene menos de 8 pisos y todos contravienen la disposición hecha del modus vivendi de auténticos vivales en Marina Vallarta. A simple vista se nota que rebasan por mucho la cota máxima de altura de 100 metros de la ciudad.
Con los judíos no se metieron los dueños de la AC vecinal y les permitieron toda la libertad. Quizá sabían que esos judíos son de armas tomar. Cuando Fernando González Corona se opuso al Gran Venetian se arrepintió por la virulenta reacción de Cabal y reculó hasta en el juicio político contra Gustavo González Villaseñor y todos los regidores y funcionaros que autorizaron, primero el cambio de uso de suelo y luego el permiso y licencia de construcción. El inversionista sionista amenazó a un restaurantero de la playa Holly por negarse abandonar el lugar.
Los dueños de la AC se entienden con los judíos, pues alentaron y aplaudieron a Elías Cabal cuando hace cinco años se adjudicó la Marina Vallarta. La Asociación de Residentes cerró los ojos a las múltiples quejas de usuarios de la marina por la presión para obligarlos a renovar contratos de uso.
A finales del año pasado se empezó a hablar de dos nuevos proyectos de condominios contiguos al campo de golf. Uno era de Felipe Tomé. El proyecto era ofrecer viviendas verticales, 12 pisos. Este proyecto está detenido pero no cancelado. El otro proyecto es el de Carlos Vázquez, el V Marina Condominiums. También es residencia vertical, 12 pisos.
Desde principios de diciembre del año pasado se advirtió que los vecinos ejercían presión para sacar tajada. En marzo murió el impulsor y promotor del proyecto en un sospechoso accidente doméstico, pero mantuvieron las presiones. Así, hasta llegar al viernes pasado, bloquear la arteria vial y corazón de la ciudad y causar el descontento generalizado de la ciudadanía.
Cuando en septiembre del 2012 se aprobó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano la zona de Marina Vallarta se consideró Polígono de Desarrollo Controlado. Este instrumento se malinterpretó a conveniencia de los vecinos, pues se planeó para un futuro desarrollo vertical siempre en beneficio del destino. Aquella reforma involucró en las decisiones a los vecinos, pero no a sus juntas vecinales, sino atrás de entidades de consulta y participación múltiple de la sociedad como el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Este Consejo no se integra a capricho del gobierno municipal en turno ni de nadie en lo particular. Responde a una obligación en concordancia a los lineamientos de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Si un Plan Parcial no es a contentillo ni capricho de un particular, el permiso para construir una edificación no deberá considerarse obra y gracia ni decisión personal de un funcionario.
Lo que ocurre es grave. La junta vecinal impone la ley de sus intereses, los de unos cuantos, determinan quien sí y quien no, autorizan densidades y pisos, asumiéndose como la autoridad por decisión sumaria.
Los apoderados de dicha asociación, Enrique Alfonso Camargo Treviño y Carlos Alberto Verján Flores pretendieron imponerle un contrato a las empresas, Movifer y Operadora Heva. El documento existe. Es una grosería, un insulto, evidencia de algo indigno y vergonzoso que exhibe la ruindad de una persona. El contrato mereció el rechazo de Carlos Vázquez y ahí está, en espera de las firmas del inversionista.
Es un contra definido como “de transacción, aportación, indemnización, reconocimiento de adeudos y garantía hipotecaria. Camargo y Verján representan los intereses de una junta vecinal que para sus acuerdos de asamblea, modificaron sus estatutos de tal modo que para sus acuerdos, solo es necesario la presencia del 35 por ciento de sus “socios” vecinos. No el clásico “50 por ciento más uno”. Asisten los mismos de siempre, los que regularmente obtienen dividendos cuando se asoma por ahí algún inversionista.
Las licencias de construcción se emitieron un 15 de agosto de 2017 y otra el 13 de noviembre del mismo año. A cada una, hubo como puntual respuesta, un amparo de los vecinos. Estos tienen el número 788/2017 y el 382/2017 de juzgados distintos. Cuando se propuso la forma del contrato y llegar a un acuerdo, los dos amparos seguían en trámite. La generosa oferta de los vecinos implicaba que ellos de desistían de los amparos a cambio de 14 millones 102 mil 405 pesos y 64 centavos. Así de precisos, millones con centavos fue el emplazo.
Para estipular la cifra de los millones, los vecinos aplicaron una fórmula sencilla. Por cada metro construido, intentan legalizar ellos la obligación del inversionista a pagar 2 mil 624 pesos con 68 centavos. Que si por desgracia, el desarrollador no cumple en su exigencia y “obligación” (del inversionista) de modificar su edificación plasmado en la licencia impugnada, el contrato contiene su penalización: “pagar y aportar” a la Asociación “la cantidad total y líquida”, incluyendo el porcentaje de penalización del 99%; “es decir, 14, 102, 405.64 pesos”.
Es una especie de propuesta de contrato en donde se aprecia que todo se resuelve a base de dinero. El problema es que las reglas y condiciones las impone la junta vecinal, la cual se erige como una vulgar junta recaudatoria.
Pongamos, y ya para cerrar el tema por hoy, lo siguiente: la propietaria y la constructora manifiestan su voluntad en multiplicar los metros excedentes expresados de 2, 624.68 (dos mil seiscientos veinticuatro punto sesenta y ocho metros cuadrados) metros cuadrados, por la cuota de 2, 700 (dos mil setecientos pesos en moneda nacional), fijada en la anterior cláusula SÉPTIMA, dando como resultado la cantidad de 7, 086, 636.00 (siete millones ochenta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos en moneda nacional).
¿Qué monstruosas faltas o violaciones incurrió el desarrollador? Los vecinos rehúyen en el contrato ir a ese punto pero hallamos en un apartado que atentan al “entorno urbano, el diseño arquitectónico y ocasionan daños e impactos al medio ambiente de la zona”. Pero con 14 millones que les “paguen y donen” a la Asociación de Residentes se arregla todo.
¿Por qué pagar a los vecinos? “Por prestadora de servicios”.
En una primera petición, por semejantes atentados y violaciones exigieron 4 millones 539 mil 510 pesos. Ya hechas otras sumas y multiplicaciones, ninguna resta, llegaron a los 14 millones de pesos.
Pero sí, la junta vecinal acepta negociar si hay pagos voluntarios y permitir lo prohibido. En uno de los contenidos el contrato de marras se destaca: la propietaria y la constructora reconocen que con el incremento de metros cuadrados y viviendas que supere lo proyectado y permitido en el Plan Parcial de desarrollo Urbano denominado “Sub Distrito Urbano 5 A Marina Vallarta”, se ocasionen impactos e incrementos en la generación de residuos, el consumo de agua potable, descargas de aguas residuales, saturación de vialidades (…) (la propietaria y constructora) de manera voluntaria se obligan a compensar esos incrementos mediante el pago de una aportación a la asociación por la cantidad de 3, 302, 290 pesos”.
En cuentas claras, el hijo del abogado Jorge Antonio García Rojas, Tony García y Carlos Verján se proponen sustituir al gobierno municipal y también al Seapal y aplicar sus propias cuotas a los inversionistas. De tal forma que éstos estén sometidos a pagar dos veces un mismo “impuesto”.
Así las cosas, la Asociación de Residente usurpa las funciones de la autoridad y sus acciones rayan en la extorsión. Para sus fechorías, han hallado a un aliado en el periódico de Luis Reyes Brambila, el Vallarta Opina. La ganancia de éste no es ni por asomo ganar un lector ni recuperar una credibilidad que jamás ha tenido. En todo caso, la posición editorial es circunstancial y en respuesta al gobierno municipal por su política de reducir el gasto oficial publicitario, medida que afectó a Reyes Brambila, pues no acepta reducir su cobro mensual.
Revolcadero
Entendemos el afán de los vecinos por cobrar por adelantado sus cuotas a nuevos vecinos. Según ellos los futuros condóminos van a saturar las calles con sus autos, reventarán el drenaje, la tubería de agua potable, dañarán el medio ambiente y muchos etcéteras. Lo que no entendemos es de dónde obtienen la fórmula matemática para obtener tales cuotas. Cobran dos mil y pico de pesos por cada metro construido. ¿Por qué y para qué tal cifra? Las nuevas leyes han empezado a incorporar el famoso Icus, pero los vecinos caminan en sentido contrario. El Icus es el Impuesto al Incremento del Coeficiente de Uso de Suelo. En palabras más llanas es el Impuesto a la Plusvalía. ¿Acaso el hijo de García Rojas, por órdenes del colombiano, Carlos Angarita, de los hermanos Vela y del impresentable Jorge Legorreta tratan de imponer un por adelantado impuesto por el uso y deterioro de calles, de banquetas y jardines? Si el medio ambiente se degrada y la calidad de los servicios disminuye, la plusvalía efectivamente, baja. ¿Ese impuesto, es la compensación por el daño que harán los nuevos vecinos a las piedras de los empedrados y tuberías de agua? ***** Líneas arriba citamos textualmente “Sub Distrito Urbano 5 A Marina Vallarta”. No todos entenderán dicho término pero tiene que ver con reformas enfocadas a un desarrollo urbano de mayor armonía, con menores afectaciones al medio ambiente y a la ciudad, que aminore y aproveche mejor la ya existente y deteriorada infraestructura urbana. Es pues uno de los planes parciales aludidos en el leonino y abusivo contrato que pretenden los vecinos de Marina Vallarta a los inversionistas. La tarde de éste miércoles se aprobaron en el pleno del Ayuntamiento. Nadie puso objeciones y solo se contó una abstención, el voto de la regidora Bellany Fong. El trabajo lo realizó el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y es un ejemplo y modelo de la futurista mixtura para el desarrollo urbano de una ciudad. Fueron tres planes parciales los propuestos a consideración del voto de los regidores, el Distrito Urbano I y II y el Subdistrito 5 A de Marina. Los 17 regidores votaron a favor de los dos primeros y de Marina Vallarta, se contó la abstención de la hermana del Chino Gustavo Fong Patiño. Por cierto, en uno de los dos planes aprobados abarca Las Juntas e Ixtapa. ****** La discusión, debate y aprobación tiene su cota de morbo. En los últimos días, semanas, Luis Reyes Brambila dedicó planas completas de su periódico, organizó mesas de debate con sus amigos e invitados para cuestionar todo lo relaciones al proyecto del Plan Parcial de Marina. Fracasó. Si acaso pudo convencer a Bellany Fong para no votar por planes urbanos actualizados. Ningún regidor se amedrentó por declaraciones, acciones y publicaciones ejercidas a través del diario Vallarta Opina. Si Reyes y su periódico se creían poderosos, los hechos los coloca en su real dimensión. No influyen en la sociedad. Reyes Brambila protege sus intereses personales, no los de la sociedad, ni mucho menos la de los residentes de Marina Vallarta. Por años aplaudió las moles del Península, de Grand Venetian, Tres Mares, Shangri La, Ikon Bay View Grand… De hecho, en una de estas torres vive.
