El fin de semana ocurrió un caso que le tocó atender al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Región V-A con sede en Bucerías, adscrito a la agencia I, Marco Antonio Romero López, quien sin mucho esfuerzo habría pedido 60 mil pesos para ordenar la libertad de una mujer que había sido detenida el sábado pasado en supuesta flagrancia durante un operativo de la fiscalía de Nayarit.
Los hechos se suscitaron al interior de un pequeño hotel en la misma localidad de Bucerías, donde policías investigadores ingresaron para detener a un huésped masculino del que, dijeron, contaba con una orden de aprehensión; pero como no se identificaron y llegaron en vehículos aparentemente no oficiales (no al menos con números o siglas de la Fiscalía), una de las propietarias del establecimiento les reclamó su actitud y los ministeriales comenzaron a forcejear con ella, al grado de tirarla al suelo apretándole el cuello, por lo que la femenina se defendió y alcanzó a patear a uno de los judiciales en la entrepierna, motivo suficiente para que la retuvieran mientras llegaban los municipales y se la llevaran presa.
En ese momento, estaban acusando a la joven de cuatro hechos probablemente constitutivos de delitos, como obstrucción de la justicia, amenazas, lesiones y resistencia de particulares; todos supuestamente cometidos en flagrancia, por lo que el Ministerio Público pidió a la Directora de Seguridad Pública y Tránsito de Bahía de Banderas, Karina Elizabeth Carrillo Gómez, que la detenida se quedara internada en la cárcel municipal.
El mismo sábado 12 de noviembre, familiares de la muchacha acudieron a buscarla a los separos y ahí les dijeron que tenían que hablar con el Ministerio Público de Bucerías, con el licenciado Marco Romero, por lo que fueron a la oficina del agente ministerial, quien en todo momento se negó a informar sobre la situación jurídica de la femenina.
Desde luego, los familiares querían saber si la joven estaba detenida por una falta administrativa o por algún otro delito, sin embargo, el MP no les informó nada, por lo que pasaron toda la noche del sábado a las afueras de las oficinas del Ministerio Público en espera de que les dijeran algo.
Sin embargo, en menos de 24 horas la actitud del MP cambió de forma sorpresiva, y según trascendidos, el Agente del Ministerio Público, por sí, o por interpósita persona, habría exigido la cantidad de 60 mil pesos para poder ordenar la libertad de la mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones obvias.
De esta manera, el domingo 13, Marco Antonio Romero López envió un oficio a la directora de seguridad pública de Bahía, donde le ordena la libertad inmediata de la involucrada en el tema del hotel; esto (porque), --argumentó el MP--, “en cumplimiento a mi acuerdo dictado dentro del reporte de hechos”.
El Ministerio Público nunca explicó el por qué, si estaban acusando a la fémina de cuatro delitos, no la puso a disposición o consignó ante un juez de control y oralidad para que, este, citara a la audiencia inicial, en la que se podría dictar el auto de vinculación o no vinculación a proceso en contra de la posible imputada.
Por el contrario, afirmó que dejaba en libertad al reo en cumplimiento a su acuerdo del reporte de hechos.
Lo anterior quiere decir que, en su acuerdo de reporte de hechos, el MP exoneró a la imputada de los cuatro cargos que motivaron su detención “en flagrancia”… Pero como se presume que “negociaron” su libertad a cambio de 60 mil pesos, pues ahí terminó la historia.
Pero no, la historia no termina ahí, por el contrario, la fiscalía de Nayarit está obligada –hoy que presumen que el fiscal Petronilo es un hombre honesto y que por eso lo mantiene en el cargo el gobernador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero—a investigar hasta sus últimas consecuencias estos casos de presunta corrupción.
Sobre todo, porque el MP, Marco Antonio Romero López, es hijo ni más, ni menos, que de la recién nombrada Administradora del Juzgado de Control de Bucerías, a donde precisamente su vástago manda a los detenidos… Bueno, no a todos, solo a los que no pueden pagar 60 mil pesos.
Por otro lado, la fiscalía también está obligada a indagar los hechos del por qué y cómo fue detenida la joven de esta historia, ya que le violaron todos sus derechos y le inventaron delitos que no habría cometido.
