Lo anterior, derivado de una demanda que interpusieron los trabajadores (albañiles) José Luis Casillas Nolasco y Armando Rodríguez López en contra del señor Florencio Toscano Bernal y la fuente de trabajo ubicada en la calle Holiday Inn 533 de la colonia Barrio Santa María en el 28 de septiembre del año 2009.
Resulta que Florencio Toscano es hijo de la señora Virginia Bernal y en ese año contrató a José Luis y Armando para realizar trabajos de albañilería en una casa del barrio Santa María, pero en su demanda alegaron que fueron despedidos injustificadamente el 29 de agosto del 2009, por lo que exigieron indemnización constitucional, salarios caídos, salarios retenidos, horas extras, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.
Los albañiles afirmaron, solo de palabra, que ganaban cinco mil pesos (José Luis) y cuatro mil 500 pesos (Luis Armando) a la semana respectivamente, por lo que al 24 de marzo del año 2022 su abogado, Miguel Ángel Rodríguez, contabilizó que el monto que le debían a sus clientes era ya de tres millones 470 mil 258 pesos a José Luis y tres millones 068 mil 050 pesos a Luis Armando, para hacer un total de seis millones 538 mil 408 pesos.
LOS ABUSOS
Sin embargo, los abogados Miguel Ángel Rodríguez Herrera y su hijo, Miguel Ángel Rodríguez Tovar, quienes fueron los que tomaron el asunto de los dos albañiles, comenzaron a poner en práctica tácticas legaloides para –fuera, como fuera—obtener la indemnización que sus clientes exigían.
De esta manera, el primer abuso que cometieron estos abogados fue cambiar el domicilio de la fuente de trabajo, esto en virtud de que el notificador de la Junta de Conciliación no encontró el domicilio de la calle Holiday Inn en donde trabajaban los albañiles, por lo que de forma tramposa y venal señaló la casa de la calle Bolivia número 1056 (que es de los padres de Florencio) como supuesta fuente de trabajo, lo cual es totalmente falso.
Así las cosas, entre el 13 y 14 de julio del 2010 fueron emplazados tanto Florencio Toscano como la fuente de trabajo (la casa de doña Virginia), por lo que en esta etapa comenzó una pesadilla para la señora Virginia Bernal y su esposo, pues de manera injusta y ventajosa, su finca fue señalada en el juicio, sin que esto fuera cierto.
Por desgracia, Florencio Toscano se rodeó de abogados bisoños e incompetentes que, lejos de ayudarlo, la perjudicaron al no combatir las irregularidades del juicio, aunado a que no se presentó a comparecer en la audiencia celebrada el 03 de agosto del 2010 y fue declarado en rebeldía.
EL LAUDO
Bajo esta tesitura, el 14 de septiembre del 2010 se condenó a los demandados a pagar lo que los albañiles señalaron y el 01 de octubre del mismo año el laudo quedó firme.
No obstante, el 08 y 09 de noviembre se cometió otro abuso, ya que el laudo fue notificado a la señora Virginia Bernal en su casa de la calle Bolivia, sin que ella fuera la demandada, mucho menos su vivienda.
Tan es así, que el 02 de mayo del 2011, la Dirección de Catastro del Ayuntamiento informó que los propietarios de la casa son Virginia Bernal Cibrián y su esposo, Cirilo Toscano Tapia; pero aun así, la Junta de Conciliación dictó un acuerdo de ejecución del laudo en contra de los padres de Florencio, pese a que ellos nada tenían qué ver en el asunto, nunca fueron patrones de los albañiles, ni son dueños de la fuente de trabajo.
Todavía más claro, es que la Dirección de Planeación del Ayuntamiento firmó un oficio en el que señala que no se emitió licencia de construcción para la casa de la calle Bolivia, es decir, nunca hubo trabajadores en esa “fuente de trabajo”.
Por desgracia, en ese año 2011, Florencio Toscano fue asesinado de forma violenta en Puerto Vallarta, y pese a que promovió un amparo antes de morir, por la violación a sus derechos, el recurso no prosperó por la incompetencia de sus abogados.
CASO OMISO A LA EJECUCIÓN
Para el 31 de enero del 2012, hubo cambio de titular en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y el nuevo presidente emitió un acuerdo en el que afirmó que la parte actora no podía continuar con la ejecución, en virtud de que la fuente de trabajo era un patrón indeterminado y por lo tanto no podía ser objeto de condena.
Empero, el 22 de noviembre del 2013 quedó embargado el inmueble de la calle Bolivia y un perito valuador determinó que la casa tenía (tiene) un valor de un millón 776 mil pesos.
Lo anterior, sin que la señora Virginia Bernal y su esposo Cirilo hayan sido vencidos en juicio, ni fueron debidamente llamados al proceso, ni los emplazaron y nunca se les otorgó la oportunidad de una defensa adecuada.
EL REMATE DEL INFARTO
Los padres de Florencio, Virginia y Cirilo entraron en una etapa de angustia, incertidumbre y desesperanza a raíz de que supieron que su casa estaba embargada, al grado de que don Cirilo murió de un infarto y ahora la injusticia contra una pobre mujer –que se quedó viuda y la que mataron al hijo—está por completarse este miércoles 15 de marzo del 2023, en que está programada la audiencia de remate de su vivienda a las 121:00 horas en las oficinas de la Junta de Conciliación.
En este contexto, es claro que el derecho humano a un debido proceso le fue violado a la señora Virginia Bernal, por lo que sus abogados exigen una profunda revisión del caso y se detenga el arbitrario remate que afectaría, además, su derecho a una vivienda y a que las autoridades no han considerado que es una persona de la tercera edad a la que se le deben respetar dichos derechos.
