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Viernes, 28 Junio 2024 02:37

Le cortan las uñas al gobernador de Nayarit; se aferra a controlar la ley de fraccionamientos de Bahía de Banderas

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Por Jorge Olmos Contreras

Con la euforia de haber ‘aplastado’ políticamente a la todavía presidente con licencia de Bahía de Banderas, Mirtha Villalvazo Amaya –y de paso poner en prisión “hospitalaria” al ex alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello--, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero se aferra a querer controlar la ley de fraccionamientos de Bahía de Banderas, sin importarle violar y pisotear la autonomía municipal.

Con una alcaldesa a modo –entreguista y sumisa—como lo es la actual presidente de Bahía de Banderas, Lía Castro Díaz de León, Navarro Quintero estuvo la semana pasada en Bahía de Banderas, donde quiso demostrar que él manda y que puede, incluso, entrometerse en asuntos que son exclusivos del municipio.

Los entreguistas –agachones dicen otros—de Bahía de Banderas, encabezados por Lía Castro y su delfín Gabriel Salcedo Contreras, calificaron de “histórica” la presencia del gobernador nayarita en una sesión solemne de Cabildo, que de solemne no tuvo nada.

En boletines, igual de entreguistas y lambiscones, se difundió la presencia de Navarro Quintero en la sesión del pleno del Ayuntamiento, quien, por su parte, tomó el control de la junta sin ser parte del Cabildo; todo permitido por Lía Castro, quien –ella sí—pasará a la historia de Bahía por consentir semejante violación al artículo 115 constitucional.

LA “HISTÓRICA” VISITA

Estamos de acuerdo en que la “visita” de un gobernador a una sesión solemne de Cabildo es histórica. Por supuesto que es histórica, pero por la forma en que, abusando de su poder y extralimitando sus facultades, tomó las riendas del municipio al erigirse (ilegalmente) en un “súper alcalde”, en un “todopoderoso primer edil” por un día, para violentar la autonomía municipal.

Y como en Bahía de Banderas solo Mirtha Villalvazo le puso un alto al gober en sus ansias por querer controlar la ley de fraccionamientos –y ya vimos cómo le fue a Mirtha frente al poder omnímodo de Miguel Ángel Navarro Quintero--, ahora que logró colocar a simples marionetas al frente del gobierno municipal, el jefe del ejecutivo nayarita hasta se dio el lujo de mentir, al declarar que… “sin la oposición del gobierno de Bahía de Banderas”, “la aprobación de la ley de fraccionamientos queda blindada y asegurada para su posterior aplicación”.

No cabe duda que el poder cambia a algunos políticos, los enferma y los convierte en otras personas. De otra forma, no se entiende cómo aquél bonachón doctor Miguel Ángel Navarro Quintero que fue ninguneado varias veces por el PRI y era querido por la gente, ahora sea el autoritario personaje que conocemos.

Se le olvida al gobernador que el pueblo sí tiene memoria, y que apenas el año pasado la administración de Mirtha Villalvazo promovió una controversia constitucional contra la voracidad de Navarro Quintero por querer controlar la ley de fraccionamientos municipal.

CUENTOS CHINOS

Que no venga ahora a Bahía de Banderas a contar cuentos chinos con eso de que “no hubo oposición” a dicha ley.

Por supuesto que la hubo. Tan la hubo, que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le acaba de cortar las uñas a Navarro Quintero al emitir una sentencia a favor de la controversia constitucional 336/2023, promovida por el municipio de Bahía de Banderas contra el gobernador, y el Congreso del Estado, de acuerdo con una nota de la periodista Karina Cancino del portal www.aristeguinoticias.com

DATOS DUROS

En la información de la reportera, se indica claramente que “el municipio de Bahía de Banderas, representado por el síndico municipal, Julio César Robles Lima, presentó una demanda el 23 de mayo de 2023 en la que se impugnó la validez de varios decretos publicados el 4 de abril de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit.

Estos decretos incluían la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit, reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado.

Además de diversas modificaciones a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, el Código Penal y la Ley de Movilidad estatales.

El municipio argumentó que durante el proceso legislativo se cometieron varias irregularidades que violaron los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal.

Entre las irregularidades señaladas se menciona que la iniciativa no se promovió con carácter preferente y se aprobó de manera apresurada sin justificación adecuada para la dispensa de trámites legislativos.

Además, el Ayuntamiento dijo que se vulneró el requisito de deliberación informada, ya que todo el proceso, desde la elaboración del dictamen hasta su aprobación, se realizó en menos de 24 horas, impidiendo un debate real y adecuado entre los legisladores.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte resolvió que era competente para conocer del caso y reconoció la legitimación activa del Municipio de Bahía de Banderas para promover la controversia, así como la legitimación pasiva de los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales.

La demanda fue presentada de manera oportuna y procedente, lo que permitió al Tribunal analizar las impugnaciones relacionadas con las facultades del Ejecutivo local y la autonomía municipal.

Durante el análisis de fondo al proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, la Suprema Corte concluyó que hubo violaciones al proceso legislativo.

Se determinó que algunos de los decretos impugnados invadían la esfera competencial del municipio y violaban la autonomía municipal en la gestión de fraccionamientos y urbanización.

LA SENTENCIA

La sentencia de la Suprema Corte, no solo reconoció la validez del procedimiento legislativo en general, sino que también destacó la importancia de respetar la autonomía municipal, y subrayó que el proceso legislativo debe garantizar un debate adecuado y una deliberación informada, lo cual no se cumplió en este caso.

La resolución tiene implicaciones más amplias para la gobernanza urbana en Nayarit y otros estados, ya que refuerza el principio de que los municipios deben tener un control significativo sobre las políticas de urbanización que afectan directamente a sus comunidades.

La decisión también evidencia la necesidad de seguir “procedimientos legislativos adecuados y transparentes” para evitar futuros conflictos legales y asegurar que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de participar en el proceso legislativo”.

Hasta ahí la nota de Karina Cancino.

Como se puede apreciar, Navarro Quintero pretende ignorar la sentencia del Tribunal Pleno de la SCJN, ya que en su visita a Bahía de Banderas aseguró que “ya se está modificando la ley, por el municipio en un momento cuestionada, que yo lo respeto (sic), ya se hicieron las enmiendas de ley, ya no hubo ninguna acción de inconstitucionalidad (recontra sic), ya fue aprobada”.

El señor gobernador, que es doctor, no conoce de leyes, por eso afirma que “no hubo ninguna acción de inconstitucionalidad”.

Sin embargo, la SCJN dice otra cosa.

En Bahía de Banderas, los observadores políticos comentan que ni Ney, ni Roberto Sandoval –es más, ni Edgar Veytia—se atrevieron a tanto abuso.

Si no cuida las formas, ni respeta la ley, comentan otros analistas, Navarro Quintero podría seguir la ruta precisamente de los ex gobernadores Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, que ya sabemos a dónde conduce, por sinuosa que esta sea.

 

 

 

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