La historia se remonta al 2006, año en que acudió a la Asamblea General de la Comunidad Indígena de Tomatlán, un grupo de personas integrada por un canadiense de nombre Brayan Wolf y los mexicanos Laura Teresa Macedo Bonilla, Ángel Mauricio Álvarez Llamas y Raúl Cuauhtémoc Delgado Sánchez, quienes prometieron a los comuneros construir en sus tierras un desarrollo turístico y habitacional de primer nivel en la zona conocida como Peñitas, según para beneficio de ambas partes.
EL PROYECTO BRISAS DEL PACÍFICO Y LOS 20 MILLONES DE PESOS
El complejo turístico se denominaría Brisas del Pacifico, y de acuerdo con lo platicado en dicha asamblea por estos presuntos empresarios, la Comunidad Indígena de Tomatlán aportaría un terreno frente al mar y la firma Grupo Sierra Vallarta pondría todo el capital económico. Esto es, sería una asociación en participación, donde supuestamente ambas partes saldrían beneficiadas.
Muy listos, los integrantes de Grupo Sierra Vallarta ofrecieron como anticipo de ese proyecto la friolera cantidad de 20 millones de pesos para empezar la operación y que los comuneros aceptaran.
Así las cosas, el 03 de septiembre del 2006, durante la Asamblea General de la Comunidad Indígena de Tomatlán, se aprobó la aportación de tierras de uso común de 388-85-47.18, (es decir, 388 hectáreas, 85 áreas y 47.18 centiáreas) expresamente con las siguientes medidas y linderos: Al norte en 2,552.14 metros con la Comunidad Indígena de Tomatlán; al oriente en 1,214.884 metros con la Comunidad Indígena de Tomatlán y en 1,997.679 metros con el Ejido Campo Acosta; al sur en 601.019 metros con el Ejido Campo Acosta y al poniente en 439.518 metros con el Océano Pacífico.
Lo anterior, dizque para “protocolizar” la asociación en participación con Grupo Sierra Vallarta 2000, S.A. de C.V., misma que se protocolizó en la escritura pública número 6,762 con fecha del 05 de septiembre del 2006, pasada además ante la fe del entonces notario número 1 de Tomatlán, Juan Mario Galván Sotelo.
LA TRANSA
El grupo empresarial pronto sacó las uñas y mostró sus verdaderas intenciones, que era quedarse con las tierras de la Comunidad, por lo que 11 de mayo del 2009, la representante legal del Grupo Sierra Vallarta, Laura Teresa Macedo Bonilla, se presentó con el Notario Público número 116 de Guadalajara, Juan José Serratos Cervantes, para protocolizar las constancias expedidas por el Registro Agrario Nacional (RAN), así como la Calificación Catastral de fecha 30 de Noviembre del 2006, donde constaba la aportación de tierras de uso común de la Comunidad Indígena de Tomatlán, según la escritura pública 4,450 pasada ante la fe de dicho fedatario.
Sin embargo, la señora representante legal del Grupo Sierra Vallarta habría actuado con tan mala fe y dolo –con la anuencia del notario por supuesto, sospechan los comuneros—que en dicha escritura cambió tanto la finalidad de la aportación, como las medidas y linderos de las 388-85-47.18 hectáreas, ya que se plasmó en el documento notarial que las tierras en total colindaban por el noroeste en 2,002.08 metros con la Comunidad Indígena de Tomatlán; al sureste en 1,214.87 metros con Comunidad de Tomatlán; luego otra vez al sureste en 1,401.00 metros con Ejido Campo Acosta y continuaba al suroeste en 601.00 metros con Ejido Campo Acosta; al suroeste en un total de 4,889.48 metros con el Océano Pacífico; esto es, plasmó en esta escritura 4,449.962 metros más frente al mar de los que se habían dado en aportación, que fueron únicamente 439.518 metros con frente al océano.
LA PRIMER VENTA “A TERCEROS”, POR 255 MILLONES DE PESOS
Incluso, entre los comuneros se sabe que Laura Teresa Macedo Bonilla, --contraviniendo los fines de la asociación en participación pactados con la Comunidad Indígena de Tomatlán--, con la presunta asociación del Notario Público, el mismo día de la firma de la Escritura número 4,450, habría vendido en 255 millones de pesos, a otra sociedad (que también representaba ella misma) denominada Operadora Riviera Pacífico SA de CV las citadas 388-85-47.18 hectáreas, usando por igual la Escritura 4,451.
Ojo, lo anterior, aun cuando Grupo Sierra Vallarta 2000 SA de CV no era propietaria de las tierras, ya que solo se las había dado la Comunidad de Tomatlán en aportación para el desarrollo turístico que se llamaría, como ya mencionamos, Brisas del Pacifico.
Más grave todavía fue que, después, Laura Teresa Macedo Bonilla, en representación de la otra sociedad llamada Operadora Riviera Pacífico SA de CV, vendió a distintas empresas y personas físicas, tanto nacionales como canadienses, diversas superficies de terreno que la Comunidad le había dado en aportación, obteniendo un beneficio de más de 555 millones de pesos, pero sin contar con ninguna licencia o permiso de la Comunidad y menos de lotificación por parte del Municipio.
No obstante, y con la premura necesaria, la señora Macedo Bonilla, fue corriendo al Registro Público de la Propiedad y a Catastro Municipal para inscribir las escrituras públicas, cambiando la aportación como su propiedad privada y luego las diversas ventas, con la supuesta complicidad de varios funcionarios, señalan comuneros.
Bajo este escenario y una vez que la Comunidad Indígena de Tomatlán se dio cuenta que las tierras que habían dado en aportación para un desarrollo se estaban vendiendo a diversas personas y que ellos ya no eran sus propietarios, acordaron por Asamblea General de Comuneros –el 13 de abril del año 2014-- demandar vía agraria la nulidad de dichas escrituras y de la aportación, por cambiarse los fines acordados.
Lo peor del caso es que --y aquí viene lo oprobioso del asunto, una auténtica felonía-- una vez que los socios de las empresas Grupo Sierra Vallarta 2000 SA de CV y Operadora Riviera Pacífico SA de CV fueron emplazados en el juicio agrario, ellos voltearon los papeles y presentaron denuncias por fraude y por despojo en contra los directivos de la Comunidad, así como en contra de la mayoría de comuneros líderes y hasta de sus asesores, contando con el apoyo de las Autoridades Ministeriales y Judiciales, ya que los Comuneros y sus representantes fueron vinculados a proceso por el actuar de un Ministerio Público y un Juez corrupto.
De esta manera tan ruin y alevosa, más de 10 comuneros, entre ellos los que eran Integrantes del Comisariado Ejidal y algunos lideres, fueron vinculados a proceso por el delito de fraude y despojo mediante la causa penal 23/2018, solo por el hecho de defender sus tierras, pues el Juez de Control que llevó el caso, Joaquín Torres Ángel --pasando por alto todas las pruebas presentadas y que incluso ponían en evidencia que quienes cometieron el delito fueron los que se decían ofendidos--, mediante audiencia celebrada el 03 de enero del 2019, vinculó a todos los imputados y hasta los obligó acudir a firmar cada mes, prohibiéndoles acercarse a las tierras de su propiedad.
Pero el juez no contaba, afortunadamente para los comuneros, con que su resolución sería revocada por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el Toca 38/2019.
Los verdaderos defraudadores –grupo Sierra y Operadora Riviera—no se quedaron con los brazos cruzados y, para evitar regresar las tierras –a través de Laura Teresa Macedo--, habrían sobornado a una mesa directiva de dicha comunidad integrada por su presidente, José Leoncio Moncayo Rodríguez, para que no dieran continuidad a los asuntos y para que se quedara la misma mesa directiva por más de dos periodos, contraviniendo la Ley Agraria y la propia Constitución.
Por estas y otras razones, los comuneros, desesperados, solicitan el apoyo de las autoridades, ya sean agrarias, ministeriales o judiciales para que los respalden y les ayuden a dejar sin efecto las escrituras mediante las cuales, faltando a la verdad y de forma fraudulenta, les quitaron la propiedad de sus tierras.
FOTO/ De Isidroba - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16146622
