Sin explicar con detalle los por qué y los cómo, el presidente municipal declaró hace unos días a los medios de comunicación que la contraloría había detectado facturas que la empresa concesionaria generó desde octubre pasado con desfases en los volúmenes del tonelaje que pretendían cobrar.
Lo anterior, quiere decir que la empresa Red Ambiental –cuyo representante legal es Carlos Alberto Caballero García, pero en la que está señalado el empresario regio Horacio Guerra Marroquín, ligado a su vez con el líder moral del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “El niño Verde”—estaba robando al municipio de Puerto Vallarta, algo que no se puede tolerar ni tomar a la ligera.
¿Y LAS PRUEBAS DEL DESFASE?
Si la contraloría municipal tiene pruebas sólidas de que había un “desfase” en los cobros por tonelaje desde octubre pasado, es suficiente para que no solo se haya iniciado un procedimiento administrativo, sino también una denuncia penal en contra de los presuntos defraudadores.
Sin embargo, la noche de este lunes 30 de marzo todavía estaban las “negociaciones” entre el Ayuntamiento y los concesionarios para llegar a “un buen acuerdo” y evitar un pleito jurídico, en el que, por cierto, Puerto Vallarta saldría severamente perjudicado, debido a las clausulas leoninas que vienen en el contrato de concesión del servicio de la basura.
Mentira que los regidores –entre otros la oportunista que llegó por el partido del arbolito—hayan cuidado con detalle el contenido del contrato, pues muchos solo firmaron a lo tonto, actuaron como simples borregos, sin saber los alcances que puede tener un documento de esta naturaleza al momento en que surgen discrepancias y se intenta revocar la concesión.
CLÁUSULAS LEONINAS
De entrada, lea usted muy bien lo siguiente: En la clausula trigésima párrafo quinto del contrato, se indica que “para el caso de ponerse en práctica la suspensión y que el municipio asuma directamente la prestación del servicio, pagará a el concesionario una compensación por el tiempo que dure la suspensión, por un monto equivalente al 15 por ciento de la facturación que se obtendría en ese periodo, y en base al promedio de facturación de los últimos seis meses, excepto que las causas que origen la suspensión sean probadas y atribuibles al concesionario”.
Además, se especifica en esta misma cláusula, que la duración de la suspensión será la que el municipio determine, no pudiendo exceder de un año.
Y surge la pregunta: ¿Si el primero de abril del 2027 no se regresa la concesión a Red Ambiental qué va a pasar?
Eso no es todo, y que aquí viene lo más terrible, indicado precisamente en la cláusula trigésima segunda que se refiere a las “causas de terminación del contrato”: “Si el municipio, sin causa justificada y fuera de los procedimientos establecidos en el presente contrato, decretare la revocación del contrato o decide prestar directamente el servicio, indemnizará a el concesionario por un monto igual al 40 por ciento de la prestación del servicio que se hubiera facturado en el periodo restante de la concesión, calculada en base a los últimos seis meses de facturación, dándole a esta indemnización el carácter de pena convencional”.
LA PENALIZACIÓN
Sí, leyó usted bien, el monto a indemnizar sería del 40 por ciento del servicio que se hubiera facturado en el periodo restante de la concesión (faltan casi 14 años), calculado en lo que se cobró en los últimos seis meses. De esa magnitud es lo que los regidores comprometieron a Puerto Vallarta y sus finanzas.
Así las cosas, es más que claro que esta penalización es sumamente lesiva para el municipio, ya que, si la contraloría no demuestra fehacientemente que Red Ambiental estaba generando facturas con un “desfase” en el peso del tonelaje de basura (es decir, que estaba robando), la empresa podría recurrir a las acciones legales a que haya lugar para hacer valer lo que se señala en la cláusula ya mencionada; incluso uno de sus representantes ya amenazó con hacerlo, al declarar que se reservaban el derecho a emprender acciones legales si les quitaban la concesión.
MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS
¿Y sabe usted de cuánto dinero estamos hablando?... Pues de más de mil millones de pesos (y nos quedamos cortos) si se suman lo que facturaron (incluido el “desfase”) en los últimos seis meses de prestado el servicio.
Por ello, volvemos a recalcar, este asunto no es de llegar a un acuerdo entre las partes, porque se estaría dando un cheque en blanco a la impunidad, con la que la empresa podría salir airosa para no resarcir lo defraudado.
Si hay pruebas de que estaban cobrando toneladas de más en las facturas que descubrió la contraloría, es el momento de citar a sesión de cabildo extraordinaria para revocar la concesión a Red Ambiental (se necesita del voto de la mayoría calificada en el pleno) y darle para adelante al procedimiento jurídico correspondiente, caiga quien caiga.
Porque si van a salir con un “usted perdone”, el daño será doble para las arcas municipales y eventualmente para la población, en caso de que no funcione el servicio de recolección que va a emprender otra vez el gobierno de Luis Munguía.
Bajo este panorama, está por demás señalar el sentir de la gente, de los ciudadanos, del pueblo… Ya no quieren regidores agachones, quieren ediles que supervisen con lupa todo tipo de contratos para evitar este tipo de embrollos que, efectivamente, parecen laberintos sin salida.
