La intención del presidente municipal era solicitar uno o más créditos para disponer de 79 millones de pesos para destinarlos supuestamente a “inversión pública productiva” y pagarlos en un plazo de 20 años, indexados además a la reestructuración de empréstitos (deuda pública) hasta por 334 millones 821 mil 447 pesos.
Además, el alcalde vallartense proponía en su punto de acuerdo que finalmente no fue votado por suspenderse la sesión, que se le diera un periodo de gracia por dos años para el pago de los compromisos contraídos por otras administraciones municipales y alargar el plazo por 10 años más.
Lo fuerte de la deuda pública fue el préstamo –lesivo para los intereses de Puerto Vallarta— contraído con Bancomer en la administración del priista Javier Bravo por 450 millones de pesos (también solicitado con mentiras, ya que se dijo que sería para “inversión productiva” y finalmente el recurso se utilizó hasta para gasto corriente), de los cuales en el gobierno de Salvador González Reséndiz se pagaron poco más de 119 millones de pesos.
Sin embargo, hoy el Mochilas pretende no pagar intereses de dicha deuda, pedir un periodo de gracia de dos años para no hacerlo, que sería más dañino para las finanzas públicas –presentes y futuras del municipio—y utilizar el monto que representan dichos intereses en 24 meses (lo que resta de su administración), es decir, 79 millones de pesos, para supuestamente destinarlos a “inversión pública productiva”.
Es la misma película de Javier Bravo pero con diferentes actores, ya que Ramón Guerrero forzosamente tendría que solicitar al pleno del Ayuntamiento (o Cabildo) que le aprobaran uno o más créditos con la banca comercial, disfrazados de “reestructuración de deuda pública”, con el agregado de que pretendía pagar a una empresa cabildera, la cantidad de 500 mil dólares (o seis millones de pesos) por la reestructura financiera de los pasivos que arrastra el municipio con la banca privada.
Ante semejante intento de utilizar préstamos para beneficiar a constructoras amigas –a las que les otorgaría jugosos contratos de obra pública con esos 79 millones de pesos—y de paso beneficiar a una firma financiera, cuyos socios se desconocen, con medio millón de dólares, el teatro se le cayó al alcalde la tarde noche del martes.
Lo más vergonzoso para el presidente municipal, es que ya tenía amarrado el voto de un regidor de la oposición, el del panista José de Jesús Anaya Vizcaíno para lograr una votación de mayoría calificada en el caso de solicitar créditos a la banca comercial, pero no contaba con que algunos regidores de su propio partido, votarían en contra de su propuesta de extender la deuda hasta el año 2034 mediante la contratación de uno o más empréstitos.
Se sabe que la regidora del Movimiento Ciudadano, Susana Carreño, ya había decidido dar el voto en contra de este punto de acuerdo dañino para Puerto Vallarta, y que el regidor Humberto Gómez Arévalo haría lo mismo. Incluso, trascendió que otro edil, éste proveniente del Partido del Trabajo, Otoniel Barragán, también votaría en contra de la intentona del Mochilas.
Así las cosas, el alcalde Mochilas le midió bien el agua a los camotes y ya por la noche envió a su secretario general, Antonio Pinto Rodríguez, para que le avisara a los regidores de oposición –cinco horas después—que la sesión extraordinaria del Ayuntamiento se cancelaba.
Desconsolado, el presidente municipal se retiró ya tarde de la presidencia municipal a relamerse las heridas de este primer round, ya que también trascendió que los regidores, todos, menos el panista Humberto Muñoz Vargas, votarían a favor de la “reestructura financiera de la deuda pública” si El Mochilas la presenta con otros argumentos.
Ya tarde, la Dirección de Comunicación Social envió el siguiente boletín:
“Se suspendió la sesión extraordinaria que se había convocado para este martes, debido a que el presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez, los regidores, y el síndico municipal analizan la mejor propuesta y poner en consideración la restructuración del crédito que tiene el municipio de Puerto Vallarta, situación que requiere que los ediles encuentren un documento adecuado que permita salir a buscar a la banca la mejor oferta.
“Se suspende la sesión extraordinaria que se había convocado, ya que se está trabajando en el acuerdo que se estará proponiendo para poner a consideración el tema de la restructura del crédito que el ayuntamiento tiene en estos momentos” aseguró el secretario General Antonio Pinto.
Informó que en la actualidad se maneja una tasa de intereses de 1.6, y la propuesta que se plantea hasta al es que se encuentre una oferta en el mercado con la misma o menor tasa.
“No hablamos de una taza en lo particular, porque la intensión es que se encuentre la mejor oferta que está en el mercado, recordemos que los bancos no pueden hacer una propuesta formal sino tienen una solicitud formal, es por ello que se pretende en sesión de ayuntamiento que los regidores junto con el presidente y el síndico pudieran estar sometiendo a consideración una propuesta que permita ir a solicitar a la banca la mejor propuesta para el municipio” añadió el secretario”.
