Persona humilde y sin recursos económicos, Arturo Corona no ha tenido dinero para pagar un abogado, por lo que le pusieron un defensor de oficio que trabaja en la fiscalía, al señor Jesús Miguel López Hernández, quien resultó todo un fiasco y cuya conducta negligente habla de que podría estar coludido con el entramado judicial que pretende dejar –a costa de lo que sea—en la cárcel a este hijo de ejidatarios de Valle de Banderas, acaso para despojarlo definitivamente de sus tierras y el rancho “El Patrón” ubicado en Tondoroque.
EL “DEFENSOR” DE OFICIO
Resulta que el lunes 14 de octubre se fijó como fecha la audiencia intermedia del proceso que se le sigue a Arturo Corona por violencia familiar en su modalidad de amenazas de muerte en contra de su hermano Eufemio, quien ya falleció, motivo suficiente para que el juez sobreseyera el caso y dejara en libertad al imputado.
Sin embargo, el defensor de oficio nunca hizo su trabajo, dejó desprotegido a Arturo Corona y fue la esposa del vinculado, quien se dedicó a recabar pruebas para entregárselas al abogado Miguel López y que éste las presentara en la audiencia intermedia.
Pero en un acto de irresponsabilidad total, el defensor de oficio no solo no llevó las pruebas que la esposa de Arturo Corona le entregó para presentarlas al juez el 14 de octubre, entre otras, copia del acta de defunción de Eufemio Corona Torres (supuesta víctima de Arturo por amenazas de muerte), sino que ni siquiera acudió a la audiencia.
En lugar de Jesús Miguel López Hernández, apareció (lo designaron) como defensor del imputado otro abogado con muy mala reputación, Ángel Joya, quien tampoco llevaba prueba alguna, por lo que el juez de control, muy campante, dio una prórroga para retomar la audiencia intermedia y fijó el día 20 de noviembre para su celebración.
Curiosamente, el 20 de noviembre es día feriado, por lo que familiares de Arturo Corona piensan que el juez, Antonio enrique Soto, está actuando con dolo para que el vinculado siga más tiempo en prisión, con el riesgo de que le inventen nuevos delitos.
CONFABULADOS
Y es que, en esa audiencia, le dijeron a Arturo Corona que se le acusaba de otro delito, ahora por “abandono de familiares”, pero él le dijo al juez que eso era falso, que él siempre vio por su madre, a quien le daba dos mil pesos mensuales a través de su tutora.
Sin embargo, una Agente del Ministerio Público –en la misma audiencia-- le ofreció a Arturo Corona la suspensión condicional del proceso con seis meses de terapia psicológica, pero él le explicó al juez que ya había presentado pruebas de su inocencia; pero en eso se levantó la MP, se dirigió al imputado y le dijo que quizás eso era cierto, pero que el licenciado Miguel López (el defensor de oficio) tuvo 10 días para hacérselas llegar al MP (las pruebas) y no lo hizo.
Por si esto fuera poco, el nuevo abogado que le asignaron a Arturo Corona, es decir, Ángel Humberto Delgado Joya, es el mismo que el 11 de febrero de este 2024 –junto con el MP de Valle de Banderas, un tal licenciado Polo, que no tenía injerencia en el caso, ya que el asunto lo llevaba el MP de Jarretaderas, Luis Enrique Mora Benítez—se presentaron en la cárcel de Bucerías para sustraerle sangre y orina al señor Corona sin su consentimiento, y sin mostrar alguna orden judicial.
LAS QUEJAS CONTRA EL “NUEVO DEFENSOR DE OFICIO”
Este abogado, Ángel Humberto Delgado Joya, tiene una serie de señalamientos por corrupción y por dejar en total indefensión a las personas que están vinculadas a proceso.
De hecho, en su reciente visita a la cárcel de Bucerías, la directora de la defensoría pública de Nayarit, Amanda Magali Jauregui Ríos, recibió numerosas quejas sobre el mal proceder de los defensores de oficio, entre las que destacan las que señalan al abogado Ángel Humberto Delgado Joya.
A la fecha, Amanda Magali no ha hecho nada, solo se llevó las quejas, pero las irregularidades continúan en perjuicio de presos que ya deberían estar en libertad como el señor Arturo Corona, a quien no le han tomado en cuenta la prueba principal para sobreseer el caso, es decir, el acta de defunción de quien lo acusó.
Cabe recordar, que, si un abogado defensor de oficio no promueve las pruebas necesarias para defender a un imputado, puede ser destituido de su empleo. Para ello, los jueces deben comunicar las faltas al jefe de Defensores, pero hasta ahorita, el juez Antonio Enrique Soto, no ha comunicado falta alguna de este aberrante caso.
Que no se nos olvide que el derecho de defensa es un derecho que forma parte del debido proceso. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona imputada tiene derecho a una defensa adecuada por un abogado, a quien puede elegir libremente.
Pero en este caso se ha violado todo el debido proceso.
Lo único que le queda a la humilde esposa de Arturo Corona –quien no tiene dinero ni para viajar a Tepic—es presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura, donde no siempre atienden estos casos dizque por “exceso de trabajo”.
