Diputados Federales impulsarán una iniciativa para castigar con cárcel y multas de hasta 300 veces el salario mínimo, a todos aquellos que, sin tener algún cargo dentro del gobierno, utilicen recursos o programas públicos federales para fines particulares o partidistas, así lo dio a conocer en entrevista el legislador vallartense Rafa González.
El representante popular por el quinto distrito, señaló que continuando con la política de reformas transformadoras, la fracción parlamentaria del PRI en San Lázaro, estará impulsando estos cambios para consolidar la democracia en el país, “para ello es muy importante el que se castigue a las personas que desvíen los programas que son destinados al bienestar social, pero además, se estará reformando el Código Penal Federal, para destituir e inhabilitar a los funcionarios que cometan del delito de peculado”,
Rafa González, aclaró que cuando el monto de lo desviado, no exceda los 500 salarios mínimos, la inhabilitación será de dos a tres años sin ocupar un cargo público, pero si los rebasa, la pena sería de tres a 14 años de prisión, así como una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo.
El diputado federal, aclaró que no se trata de iniciar una cacería de brujas o que esta medida sea una herramienta para revanchismos políticos, sino que se quiere terminar con la tentación de la corrupción, que genera el manejar recursos y programas públicos, ya que cuando esto sucede disminuye el bienestar de la población, o simplemente los apoyos no llegan a quienes les corresponde, “la eficiencia y la eficacia, así como la transparencia y la rendición de cuentas, es lo que debe prevalecer”, subrayó.
Rafa González, destacó que el endurecimiento de las sanciones, evitará que siga prevaleciendo la cultura clientelar de los programas sociales, que impiden su correcta aplicación, y desafortunadamente muchas veces provoca malestar de la ciudadanía, porque inmediatamente surgen las acusaciones de que han sido utilizados para obtener beneficios que no son los de las mayorías, “es un compromiso, buscar terminar con la nociva práctica de desviar recursos públicos de los programas federales”, afirmó finalmente el legislador.
