Por Jorge Olmos Contreras
Cada Director de la Administración Portuaria Integral (API) que llega a Puerto Vallarta trae políticas diferentes y estilos distintos en su trato con los prestadores de servicios turísticos, que van desde el dueño de una pequeña lancha, hasta el que tiene embarcaciones medianas y grandes, o el que renta un reducido espacio o tiene un puesto de comida dentro del recinto portuario, sin dejar de pasar la relación que tiene con los agentes consignatarios de las líneas navieras, sin embargo, casi todos llegan a Vallarta con la intención de hacer negocios personales con el cargo público y el actual administrador, Miguel Ángel Garcíabeltrán González, no es la excepción.
Este señor, quien llegó al cargo en el mes de agosto del año 2013 y que se dice amigo personal del presidente Enrique Peña Nieto, no sólo hace negocios con el recinto portuario al rentar espacios en los muelles conocidos como “Los Peines”, a particulares –cuando su uso es exclusivo para prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva y paseos marítimos--, sino que trae toda la mala intención de sacar, correr o echar de estas instalaciones a todos los concesionarios del atracadero, a quienes poco a poco les va nulificando el contrato de prestación de servicios con el pretexto de que “ya no hay espacios”; y a otros, los intenta ahuyentar con el cobro de altas tarifas que en menos de un año las aumentó en más de un 40 por ciento y en algunos casos hasta en 100 por ciento.
El que se dice amigo de Peña Nieto, pero que en realidad fue nombrado por el Coordinador de General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, ya la agarró con todos los que tienen contratos en Los Peines y hasta se metió con los que están anclados en las llamadas “piedras”, como los que pertenecen desde hace muchos años a la Cooperativa de Antonio Güereña.
Entre los prestadores de servicios turísticos se habla de que el arquitecto Miguel Ángel Garcíabeltrán González, trae un ambicioso proyecto bajo el brazo y en el que podría hacer millonarios negocios, como la construcción de varios muelles (algo así como los modernos Peines) en el lugar donde antes operaba la Escuela Técnica Pesquera, de ahí que pretenda cansar a los actuales dueños de embarcaciones, con el avieso fin de que se vayan.
Por lo pronto, ha dicho entre la gente de su confianza, que él va a homologar --les guste o no les guste a los prestadores de servicios turísticos de Los Peines-- las tarifas con las de Marina Vallarta, lo cual sería una medida arbitraria dada la asimetría que existe en los servicios que tienen los muelles de marina, con los de Los Peines.
En Marina Vallarta, por ejemplo, se tienen todos los servicios para las embarcaciones de todo tipo, desde un pequeño velero hasta para atender las necesidades de un lujoso yate, como los que cotidianamente atracan en el lugar.
En cambios en Los Peines, los servicios son paupérrimos y malos, la recolección de basura es pésima, ya que se junta por días ante el mal aspecto que da a los visitantes y turistas; esto sin contar que la seguridad es casi nula, tienen uno o dos guardias privados que no hacen nada, por ello es común que existan robos y que operen ladrones que llegan en lanchas por la noche y se llevan todo lo que encuentran de valor en un yate o una embarcación turística… ahora sí que es el “atracadero”, comenta el dueño de una de los navíos.
Por si esto fuera poco, no hay servicio de combustible, los propietarios de las embarcaciones tienen que trasladarse a Opequimar para cargar combustible, pero ahí les cobran un porcentaje más alto que lo que vale la gasolina y el diésel en el mercado normal.
En cuanto al avituallamiento –que es el servicio mediante el cual se provee a una nave de pertrechos (víveres, combustible de uso doméstico, medicinas, agua y en general de productos y materiales necesarios para la operación de la misma), con excepción del combustible para la operación de la misma—no hay tal, cada concesionario tiene que llevar sus cosas o comprarlas en alguna tienda cercana.
Quizá por ello el arquitecto Miguel Ángel Garcíabeltrán González, ya tiene pensado concesionar este servicio de avituallamiento a una empresa privada –podría ser a uno de sus amigos o a un tercero que le entregue un porcentaje de las ganancias o un solo pago en millones de pesos, comenta un prestador de servicios—y sacarle más jugo al puesto público que alguien poderoso le hizo el favor de dárselo.
Por esto mismo, está haciendo todo lo posible por molestar a los concesionarios –muchos de los cuales tienen desde que se inauguraron, allá por 1978—y comenzó por aplicarles precios excesivos a cada embarcación cuya cuota mide por eslora. De esta manera les cobra tarifas que van de los mil 850 pesos a los dos mil 500 por cada nave más o menos mediana o pequeña. (Este es un fragmento del artículo publicado en la edición número 122 de VALLARTA UNO impreso, en circulación desde el lunes 18 de mayo del 2015)
