Juan Carlos Calderón Magaña es el dueño del bar conocido como “Party Lounge”, un sitio que se hizo de mucha clientela por trabajar a altas horas de la noche, vender todo tipo de bebidas embriagantes para llevar –incluyendo a jovencitos que aún no cuentan con la mayoría de edad—y aceptar el ingreso de adolescentes, sobre todo mujeres, al antro, cuya ebullición se registraba entre las 0:00 horas y las 5:00 o 6:00 de la mañana.
Las irregularidades en esta cantina fueron detectadas desde hace años, pero curiosamente ningún alcalde se atrevió a meter en orden a este sujeto –cuyos antecedentes en Colima son similares, es decir, allá también tuvo problemas de esta naturaleza con otro antro--, aunque ya existiera un acta, la número 6111 derivada de la orden de vista número 5001, ambas del 29 de noviembre del 2014, por no contar con las condiciones necesarias para evitar que los ruidos salieran del local y molestaran a terceras personas.
En ese entones, Calderón Magaña recurrió al Tribunal Administrativo del Estado para conseguir la protección de la justicia mediante una resolución, y así trabajó durante varios meses.
Sin embargo, Juan Carlos Calderón abusó de esta protección jurídica y lo mismo cerraba a la hora que se le antojara, ejercía otro tipo de comercio distinto al autorizado por la licencia municipal (vendía litros para llevar) y hasta se daba el lujo de llenar el “Party” con menores de edad, con el agregado de que ponía el sonido muy alto, pues pensaba que por estar amparado, podía hacer lo que quisiera con los reglamentos municipales.
No obstante, al parecer, él o sus abogados descuidaron el juicio que se sigue en el TAE bajo el expediente 337/2013 (el pleito viene de tiempo atrás) y en esta ocasión el gobierno municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña decidió ponerle fin a la impunidad de Calderón Magaña y tomó la determinación de clausurar el antro.
El dueño del “Party” pataleó, hizo llamadas, gritó y se puso grosero con el personal de Reglamentos, pero finalmente cerraron el negocio por contravenir leyes y reglamentos de aplicación municipal, cuyos inspectores estuvieron apoyados en todo momento por policías municipales.