De acuerdo con lo que ha trascendido al interior del Ayuntamiento vallartense, se trata del joven juez Diego de la Mora –hijo a su vez del abogado y ex presidente de la Canirac Vallarta, Antonio de la Mora Betancourt—y de su secretario, los que han sido llamados por el contralor municipal para que expliquen, entre otras cosas, el por qué se han liberado algunos automóviles sin que sus dueños paguen la multa correspondiente.
Asimismo, Diego de la Mora tendrá que explicar –si es que se le abre el proceso administrativo correspondiente—el por qué ha permitido que un hombre de sus confianzas, de nombre Raúl, meta manos en el operativo “salvando vidas”, ya que no es funcionario público, pero se toma atribuciones como si lo fuera, ya que ordena, tiene acceso al dinero que se cobra por las multas los fines de semana, y hasta es utilizado como salvoconducto para devolver carros cuyos conductores fueron sorprendidos manejando en estado de ebriedad.
Las cosas se han puesto tan mal entre algunos jueces municipales, que se ha perdido dinero que ingresa por las multas, ya que, al cotejar las entradas con las sanciones, las cifras no coinciden; y aunque son sumas bajas, algunos jueces han tenido que pagar el faltante, sin saber exactamente quién se queda con el efectivo.
Uno de los asesores del alcalde Arturo Dávalos, Santiago Centeno, fue quien descubrió estas anomalías y se dice que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar o destituir al juez o secretario del juzgado municipal involucrado.
El secretario del juzgado que trabaja directamente con de la Mora es Oscar Solórzano, pero se ignora qué fue lo que declaró en la Contraloría sobre estos hechos, ya que él recibe órdenes directas de Diego de la Mora
En el caso de Diego de la Mora, la misma Contraloría podría solicitar al alcalde o al secretario general, que metan un punto de acuerdo en la próxima sesión del pleno del Ayuntamiento para proceder a destituirlo, pues, así como el pleno los aprueba en votación económica, el mismo cuerpo de regidores es quien los puede despedir por pérdida de confianza o corrupción comprobada.
La Contraloría Municipal pondrá más atención en el desempeño de los jueces municipales y quizá mande una observación al alcalde para que los fines de semana haya una persona de la tesorería municipal que se encargue de cobrar las multas administrativas en la cárcel municipal, en virtud de que a veces se ignora cuánta gente llega a los separos y cuantos de los detenidos pagan multas en efectivo.
Por lo pronto, el próximo 25 de junio sesionará la Comisión de Justicia que preside el regidor Gonzalo Guzmán, donde se tocará en especial el trabajo de los jueces municipales.
