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Domingo, 19 Enero 2020 06:17

Corrupción en el DIF Municipal; pretenden dar niños a madre del feminicida del Caloso y no a familiares de la víctima

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Por Jorge Olmos Contreras

Un caso más en que se ve involucrado el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta, lo representa un oprobioso asunto en el que una abogada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de nombre Samantha Georgina Chávez está haciendo todo lo posible para evitar la entrega de tres niños a la abuela materna, madre de una joven que fue arteramente asesinada el año pasado por su pareja sentimental en la colonia El Caloso.

Se trata del caso de María de los Ángeles Ruiz Moya, la mujer de 23 años que fue asesinada por su cónyuge Lucio Galeana Guzmán el pasado 08 de agosto en una vivienda de la calle Vía Láctea de la colonia El Caloso y que al momento de morir dejó a tres menores desamparados, uno de seis años, otro de tres y una nena de un año.

El sujeto fue vinculado a proceso el 16 de agosto y el juez de control y oralidad le dictó un año de prisión preventiva, entre otras cosas porque en la casa donde fue el crimen la policía encontró un objeto contundente con el que habría matado a María de los Ángeles.

En investigaciones que hizo este medio, se supo que el presunto asesino creció en una familia disfuncional, ya que el padre, de nombre Lucio Galeana Sandoval, se la pasaba en las cantinas y era común que llegara borracho a la casa familiar donde agredía y a veces golpeaba a la esposa, ella de nombre Yolanda.

Quizás por eso el hijo, ahora vinculado, era extremadamente violento.

SE LA LLEVÓ A LOS 15 AÑOS

El hoy preso se drogaba, según familiares de María de los Ángeles y se la pasaba en la zona romántica de Puerto Vallarta, donde tenía varios amigos extranjeros.

De acuerdo con la mamá de María de los Ángeles, Lucio se llevó a su hija desde que ella tenía 15 años, incluso la madre pensó que la muchacha estaba extraviada, hasta que supo que estaba viviendo con el sujeto, con el que procreó los tres niños, pero todo en un ambiente no muy apto para los menores, pues seguido le pegaba a la hoy occisa delante de los niños.

La mamá de María incluso pegó letreros para buscar a su hija desde que se fue con el tal Lucio.

EL FEMINICIDIO

Quienes siguieron de cerca la primera audiencia en que se vinculó a proceso a Lucio, lo describen como un hombre desequilibrado y violento y esto se puede constatar con el reporte forense de la muerte de María de los Ángeles, pues el sujeto de marras la habría golpeado severamente antes de matarla, le quebró tobillos, rodillas, costillas y finalmente le dio tres golpes en la cabeza que le quitaron la existencia.

El niño más grande presenció todo y habría visto incluso cuando Lucio limpió la sangre, metió a María de los Ángeles a bañar ya muerta y le puso ropa limpia, para después llamar a la policía diciendo que su mujer se había caído de las escaleras, coartada que no le sirvió de nada, pues fue descubierto.

A la vuelta de casi cinco meses de esta tragedia, los tres niños permanecen en la casa hogar y por más que los familiares de María de los Ángeles han solicitado al DIF que se los entregue, la abogada Samantha Georgina Chávez les ha dado negativa tras negativa.

La directora del DIF, Brenda Natalí González Cárdenas se ha hecho de la vista gorda y ha permitido esta injusticia que seguramente le ocultan o le mienten a la presidenta Candelaria Tovar al respecto.

INUSITADO INTERÉS… ¿Y DOÑA CANDE?

En el fondo, hay un inusitado y sospechoso interés de parte de la abogada Samantha Georgina Chávez para negar la entrega de los niños a la abuela materna, y tratar de dárselos a la abuela paterna, es decir, a la madre del presunto asesino.

También se dice que un canadiense, amigo del presunto criminal, está interesado en que el DIF le entregue los menores a la abuela paterna.

Sin embargo, un hermano de María de los Ángeles, José de Jesús Crescencio Ruiz Moya de 25 años, quien trabaja en un restaurante de Olas Altas y que tiene un modo honesto de vivir y capacidad económica para sacar adelante a sus sobrinos, ha solicitado al DIF que le entregue a los niños porque deben estar sufriendo mucho en la Casa Hogar, pero la funcionaria Samantha Georgina Chávez le ha dado largas al asunto y con pretextos tontos le dice que el tiempo de hacer esa solicitud ya se terminó.

Los niños a veces están en condiciones insalubres, pero aún así el DIF se niega a entregarlos a los familiares maternos, ya que ha trascendido que el objetivo de Samantha Georgina Chávez es dárselos a Yolanda Guzmán García, la abuela paterna que es originaria de Acapulco, Guerrero.

Doña Virginia Moya Ibáñez, abuela materna de los menores dice que si el DIF comete esta injustica –de dar los niños a la mamá del presunto asesino—podría pesarles en el futuro, pues el sujeto es un monstruo y si se declara culpable podrían reducirle la condena hasta en 30 años y según su comportamiento en el penal, podría salir en 18 años.

“Imagine usted –comenta doña Virginia—si el sujeto que mató a mi hija sale de prisión en 18 años, lo que va a hacer es irse a vivir a la casa de la mamá y ahí va a convivir con los niños, a quienes también puede hacerles daño. La niña ya será una jovencita cuando el papá salga, hasta podría violarla, es un peligro para mis nietos”, subraya.

Por ello, urgen a que la señora Candelaria Tovar revise su caso y le pida una explicación a la abogada Samantha sobre su extraño comportamiento.

Ojalá y doña Cande haga algo y no se deje influenciar por personas como Brenda González o su asesora de cabecera, Sara Cardona, quien solo le ha ocasionado problemas al DIF, y cuyos casos más sonados los revelaremos en otra columna.

 

 

 

 

 

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