En Puerto Vallarta se comete una infamia contra dos ciudadanos, uno mexico-americano (Alexander James) y un argentino (Diego Agustín) quienes fueron despojados de una parte del hotel Guirnalda del Mar ubicado en la calle Aquiles Serdán número 359 y 361 de la colonia Emiliano Zapata y en el ilícito están implicados varios funcionarios del poder judicial que se han prestado a poner toda clase de trabas para impedir que se les restituya la propiedad, pese a que ya lo ordenó la novena sala.
Por ello, en agosto pasado fue denunciado penalmente el titular del juzgado cuarto de lo civil del séptimo partido judicial con sede en Puerto Vallarta, Francisco Ramón de la Cerda Medina, quien negó ejecutar una orden de la Novena Sala para restituir el inmueble en favor de Diego Agustín Bedini y Alexander James Andriadis Killen, dueños del hotel.
Desesperados y profundamente decepcionados del sistema de justicia que tenemos en Jalisco, decidieron interponer dicha querella en la fiscalía regional de justicia, en donde señalan al juez Ramón de la Cerda y al secretario de acuerdos, Dorian Gustavo García Fuentes por delitos cometidos en la administración de la justicia.
LAS TRANSAS DEL JUZGADO CUARTO CIVIL
Y es que fue al Juzgado 4to la instancia que le tocó conocer una demanda civil sumaria entablada contra ellos por Guadalupe Humberto Esparza Flores bajo expediente número 660/2018, en la cual reclamó la rescisión de un contrato de arrendamiento respecto de Casa Guirnalda.
Dicha demanda la contestaron oportunamente y mediante una excepción, negaron la procedencia de esta acción, en virtud de que el contrato fue novado, pero por otro de compraventa. No obstante, el 13 de marzo del 2019, la entonces titular del juzgado 4to, Yadira García Zaracco, emitió una sentencia definitiva en la cual declaró procedente esta y en forma ilegal quedó rescindido el contrato de arrendamiento, desestimando un contrato de novación de compraventa del 5 de septiembre del 2016.
Ante esta absurda e ilegal acción de parte de la juez, los afectados interpusieron en tiempo y forma --dentro del término de 10 días que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado-- el Recurso de Apelación en contra de dicha Sentencia, pero curiosamente a la Juez se le traspapeló dicho escrito que contenía el recurso.
Esto sin dejar de mencionar que el personal de ese tribunal ocultó el expediente diciendo que estaba “en acuerdos”, cuando en realidad la juez Yadira ya había emitido un auto con carácter reservado o de omisión de notificación para lanzar del inmueble a Diego Agustín Bedini y Alexander James Andriadis.
OCULTAN RECURSOS DE APELACIÓN
En otras palabras, la juez Zaracco dejó indefensos a los extranjeros al no acordar ni revisar el recurso interpuesto, mucho menos su derecho de audiencia y de defensa, al negarles asimismo otorgar en su caso la contrafianza para no ser desalojados, como establece el artículo 442 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado.
Con esto, la juez Yadira García demostró su marcada parcialidad para una de las partes en dicho juicio Sumario, por lo que tanto la sentencia como la ejecución fue realizada a escondidas, a espaldas de estos ciudadanos, uno mexicano y el otro de nacionalidad argentina, como ya dijimos.
Más claro todavía el mal proceder de la funcionaria judicial es que al día siguiente del lanzamiento apareció como por arte de magia el escrito de Apelación y fue hasta después del despojo cuando se admitió.
En este contexto, la sentencia quedó subordinada al resultado de la apelación que emitió en su oportunidad el Tribunal Superior de Alzada, en donde los afectados expresaron los agravios que les causó dicha Resolución.
APELACIÓN RECAE EN LA NOVENA SALA
Cabe mencionar que la apelación fue admitida en lo que se conoce como efecto devolutivo por el propio juzgado 4to por ser un juicio civil sumario de desocupación, y una vez llegados los autos al tribunal de alzada en Guadalajara, por razón de turno le tocó conocer el asunto a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, quedando registrado con el número 703/2019.
Así las cosas, el 13 de febrero de este año 2020, esta Sala emitió sentencia definitiva revocando en todos sus términos la ilegal Sentencia de primera instancia y entre los considerandos se decretó que se les restituyera la posesión del inmueble.
Empero, Humberto Esparza inconforme con dicha sentencia interpuso Amparo Directo a través de la ahora autoridad Responsable, es decir, de la Novena Sala, que si bien lo admitió, también le negó la suspensión provisional solicitada para que no se ejecutara dicha Sentencia y con ello quedó expedita la ejecución por parte del juzgado 4to, la cual, como adelantamos estaba subordinada a la resolución del tribunal de alzada y con ello debería haberse ejecutado en los términos ordenados, esto es poner nuevamente en posesión del inmueble.
En este sentido, los afectados obtuvieron copias certificadas de esta resolución y pacientes esperaron a que se abrieran los Juzgados Civiles en Puerto Vallarta, cosa que sucedió el 10 de agosto; y de buena fe presentaron un escrito donde solicitaron, debidamente fundado y motivado que se decretara procedente ordenar la restitución de la posesión del hotel.
LA ESPERANZA SE HACE AÑICOS
Pero algo sucedió, ya que el 12 de agosto removieron a la titular del Juzgado 4to, sustituyéndola en el cargo el ahora denunciado Francisco Ramón de la Cerda Medina, lo cual abrió un hilo esperanza a Diego y Alexander de ahora sí obtener justicia.
Sin embargo, el 17 de agosto el nuevo juez Ramón de la Cerda, se pronunció y en forma absurda, incongruente e ilegal, sin estar debidamente fundado ni motivado, negó ponerlos en posesión del inmueble en cumplimiento a dicha Sentencia de su Superior, bajo un interés bastardo --aseguran los abogados de las víctimas--, el cual consiste en apoyarse y fundarse en el artículo 441 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, que a la letra establece textualmente:
ARTICULO 441.- La apelación admitida en ambos efectos, suspende desde luego el procedimiento y la ejecución de la sentencia o del auto, hasta que éstos causen ejecutoria y, entre tanto, sólo podrán dictarse resoluciones que se refieran a la administración custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, así como custodia de personas menores de edad e incapaces y separación de personas, siempre que la apelación no verse sobre alguno de estos puntos.
Y con ello –indican los abogados de los afectados en la denuncia-- el nuevo juez, coludido y en contubernio con el también denunciado secretario de expedientes pares, Dorian Gustavo García Puentes, emitieron no solo en forma ilegal, sino con una marcada ignorancia en el derecho y sin que esté debidamente fundada y motivada, su resolución. Resolvieron contrario a derecho, dejando de observar que es un juicio civil sumario; que la apelación fue admitida en efecto devolutivo y que esto fue confirmado por su superior de Alzada.
No solo eso –agregan--, sino que el juzgador aplicó un dispositivo general a los juicios civiles ordinarios y modificó el sentido del grado de admisión de la apelación al de suspensivo o en ambos efectos, para con ello paralizar y obstaculizar el procedimiento de ejecución y favorecer a los intereses mezquinos de la otra parte, es decir, de Guadalupe Humberto Esparza, lo que sin duda se traduce en una obstrucción a la justicia y con ello incurre en conductas punibles en la administración de la justicia
DESDE LOS JUZGADOS SE COMETEN ACTOS PUNIBLES
Conducta reprobable y que no es propia de expertos o peritos del derecho, y manifiestamente contraria a las constancias de autos.
Al negarles la posesión, el juez favorece en forma corrupta y permite que continúen daños y perjuicios al patrimonio de los afectados, pero, sobre todo, no obedece a su Superior que ya se pronunció y revocó su sentencia de primera instancia, y con ello incurre en los delitos establecidos para la autoridad en el artículo 154 fracciones VII, IX y X.
Después de esta denuncia, el juez Ramón de la Cerda se excusó y entonces los afectados pidieron a la novena sala que avisara para ejecutar la sentencia y les regresaran la posesión del hotel Guirnalda.
Sin embargo, el expediente pasó al Juzgado Quinto, pero la contraparte nombró un abogado y también el juez del 5to se excusó, por lo que el asunto pasó al Juzgado Primero, donde, para no variar con la corrupción imperante en el poder judicial de Jalisco, el juez Guillermo López Tapia resolvió no ejecutar la sentencia del tribunal de alzada, porque había un amparo interpuesto, permitiendo de forma absurda, infame e increíble que quedara más firme una sentencia de primera instancia que la de la Novena Sala.
Pero lo peor estaría por venir, ya que dos meses después, la mismísima Novena Sala del Poder Judicial resolvió que no se ejecutara la sentencia que ellos mismos dictaron… ¡hágame usted el favor!
CONFLICTOS DE INTERÉS… LOS HERMANOS LÓPEZ TAPIA
Y para que usted vea cómo se las gastan estos funcionarios sin que nadie les ponga un alto y sin que el presidente de la judicatura haga algo al respecto, Diego Agustín y Alexander James, descubrieron que, desde el mes de julio pasado, el secretario de la Novena Sala, César López Tapia, es presunto hermano del juez primero de lo civil, Guillermo López Tapia.
La corrupción es más que clara en este caso, ya que primero los jueces que han tratado el asunto desde Yadira García hasta Ramón de la Cerda –pasando por el que se excusó por omiso— hicieron hasta lo imposible por favorecer a Humberto Esparza, cuyo abogado, Eduardo Diez habría presumido tener comprados a todos los jueces en este caso; y hoy hace lo mismo el titular del Juzgado Primero, actuando contrario al derecho para favorecer a unos y perjudicar a otros
Luego, desde la Novena Sala alguien interviene (muy probablemente el secretario César López Tapia, que es hermano del juez primero de como ya señalamos) para que no se ejecute la sentencia que ellos mismos dictaron.
¿También esta aberración jurídica lo va a permitir la titular de la Novena Sala del Poder Judicial, Lucía Padilla?
¿Hasta cuándo va a poner orden en el sistema de justicia en Jalisco el señor Ricardo Suro Esteves?
