Y es que la juez encargada de llevar el juicio oral de Estela Margarita Valdez Talavera, es la misma que ha descuidado otros procesos y que por influencias de su padre está adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta; y ahora, solo por un mal proceder del Ministerio Público, el 02 de agosto canceló la audiencia del juicio que se sigue contra Estela Valde, la ex dueña del restaurante bar “Las Antorchas”.
Para los abogados de doña Estela Valdés (cuyo nombre de casada es Estela Valdés de Quinar), la juez Fierros violó sus derechos humanos al suspender la audiencia de juicio oral señalada para las 09:00 horas del pasado martes.
La juez Samantha Saraí Fierros –indican-- en una actitud poco responsable, solapó a su vez, la irresponsabilidad del Agente del Ministerio Público adscrito al área de juicio orales, bajo el argumento de que no ha localizado a la supuesta víctima y testigos que depusieron en la Carpeta de Investigación (CI) y cuyos señalamientos tienen en la cárcel injustamente a doña Estela Valdés.
JUSTIFICAN LA INEFICACIA DEL MP
Lo anterior, no obstante, a que fueron admitidos como testigos en la apertura del juicio oral del 18 de mayo del 2022. Sin embargo, el fiscal manifestó que “estaba realizando actos para localizar a los denunciantes” (de Estela Valdés), pero no lo ha hecho, por lo que la juez está solapando las obligaciones del Ministerio Público, ya que justificó la imposibilidad que tiene el MP de presentarlos para el desahogo de la audiencia.
Pero no solo eso, sino que todavía más irresponsable, la juez Fierros “otorgó” otro término para acreditar los actos de localización (de testigos), pero sin haber señalado nueva fecha, que en todo caso debió haberla señalado dentro del plazo de 10 días naturales, en contexto con los artículos 352, 352 y 353 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), señalan los abogados de Estela Valdés.
De esta manera, el proceder injustificado de la juez es violatorio de los derechos humanos de Estela Valdés, ya que no se sigue el debido proceso, no se respetan los derechos de defensa, ni la seguridad jurídica, ni la igualdad de las partes.
Hay que hacer hincapié en que el estado mexicano emitió en la ley los derechos de las personas adultas mayores, pues recordemos que la acusada es una persona de 79 años, con padecimientos de demencia senil e hipertensión.
En este contexto, es claro que la juez violó el debido proceso, porque debió haber sido -- en la audiencia de juicio oral del 02 de agosto-- donde el Ministerio Público podría pedir un diferimiento, tal y como lo establece la fracción III del artículo 351 del CNPP “y de ninguna manera exhibirse la fiscalía diciendo que solicita más tiempo, porque no puede localizar a sus testigos, dado que esa obligación le fue notificada desde la audiencia intermedia”
Y es que curiosamente, ya van varias ocasiones en que el MP incumple con la presentación de los testigos, primero en la apertura del juicio el 18 de mayo del 2022, lo cual fue ratificado el 01 de junio de este mismo año y también exigido el 02 de agosto pasado; pero por alguna extraña razón, la juez solapa una y otra vez al MP.
Esto es preocupante para la familia de Estela Valdés, porque el Ministerio Público es quien tiene la carga de la prueba, por ende, ha contado con tiempo suficiente, desde el 01 de junio hasta el 02 de agosto, para localizar a sus testigos.
En este orden de ideas, es claro que el MP encargado de la investigación está faltando a sus obligaciones, a su probidad y deber de lealtad, establecidos en los artículos 14, 16, 17, 20 de la constitución, 127, 128, 130 y 131 del CNPP, por lo que no se puede estar obstaculizando el proceso (juicio oral) como lo hizo la juez, solapando la ineficacia del fiscal.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Hay que recordar, que la Fiscalía, como institución, representa los intereses de los ofendidos, por lo que es su obligación y facultad localizar a los testigos que podrían declarar en juicio. “No puede decir el MP 15 días antes que no los ha localizado, cuando todavía faltaban 17 días para este. Y es que, en esos 17 días, pudo haberlos localizado o en su caso manifestar los actos que ha realizado para localizarlos, y en caso de ser factible, solicitar una prórroga o suspensión del juicio oral”, advierten los abogados.
Y manifiestan: “Pero de ninguna manera, de forma unilateral (suspender), como lo resolvió la juez oral, quien, a todas luces, en perjuicio de los derechos de la acusada anciana, está pisoteando sus derechos, al ponerse a modo del fiscal encargado de la investigación para resolver una suspensión de audiencia”.
Bajo esta tesitura, comentan los abogados de Estela Valdés, “la actuación de la juez es contrario al debido proceso del sistema penal acusatorio, violando también el principio a la justicia pronta, y los derechos humanos de la acusada Estela Margarita pues es una persona vulnerable, adulto mayor, que como se encuentra acreditado en la CI y administrativa, padece ya demencia senil, hipertensión, y COVID 19; por lo tanto, el hecho que la juez suspendiera la audiencia 17 días antes de su desahogo, y sobre todo sin revolver antes del 02 de agosto el recurso de revocación que interpuso el abogado Antonio Torres Arteaga, viola más su actuar, porque cristaliza que solapa la falta de probidad con la que se conduce fiscalía, quien a todas luces falta a sus obligaciones y su deber de probidad, sin haber abierto la audiencia de juicio oral, para que en dicha audiencia el MP expusiera sus motivos, y con ello el abogado defensor pudiera haber hecho uso del principio de contradicción”
LAS MENTIRAS DE REYNA Y BIBIANA
Por ello es muy importante –indican-- que la audiencia y sociedad tengan conocimiento que la fiscalía encargada de la investigación, desde un principio ha actuado con deslealtad, al ocultar datos de prueba en el descubrimiento probatorio, que demuestran que las denunciantes de doña Estela han falseado los hechos y sus domicilios donde puedan ser localizadas desde sus primeras comparecencias. Tanto la supuesta víctima Reyna Mejía García como su hermana Bibiana Mejía García, ya que ambas se encuentran en investigación en Guerrero, por la desaparición forzada de dos personas originarias de Puerto Vallarta.
Como ya lo hemos manejado en este medio, se trata de los jóvenes Ernesto Quinar Valdez y Martin Hernández Valdez, quienes fueron desaparecidos en Coyuca de Benítez, al momento en que fueron citados por Reyna Mejía.
La anterior información la sabe perfectamente la fiscalía, ya que fue recabada por elementos de la policía investigadora de Vallarta, pero extrañamente se la han ocultado a la juez.
Así las cosas, cabe reiterar que la fiscalía no le ha informado a la juez la serie de mentiras y contradicciones en que incurrieron las supuestas víctimas de Estela Valdez; por el contrario, le han ocultado la información, como son las copias certificadas de la CI 3796/2019, seguida ante el Ministerio Público de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Puerto Vallarta, en donde se advierte que la supuesta ofendida Reyna Mejía, interpuso denuncia en contra de otras personas por diversos hechos ajenos a esta investigación.
En dichos hechos, Reyna Mejía se identificó con una credencial de elector con fecha de emisión 2018, en cuyo documento aparece que vivía en la calle Santa Ana número 102, Residencial del Carmen, en Puerto Vallarta, con un novio de nombre Alfonso LV, y en cuya investigación se evidencia que denunció a diversas personas por el delito de amenazas y que mantenía una relación sentimental con esa persona; es decir, de dicha CI se advierte que la ofendida falseó los hechos.
NUNCA ESTUVO EMBARAZADA
Cabe recordar que, en su denuncia, Reyna Mejía dijo que tenía tres años privada de su libertad contra su voluntad por parte de la acusada Estela Margarita --desde del 2017 hasta el 2020-- que no podía salir ni denunciar por miedo y porque estaba vigilada. Pero en la CI se evidencia todo lo contrario, es decir, que sí pudo denunciar diversos hechos, que vivía en diverso lugar, que tenía una diversa pareja y que incluso tenía una credencial del gimnasio Vallarta Fitnes.
No solo eso, sino que incluso la fiscalía tiene y tuvo conocimiento que la hermana de Reyna, Bibiana Mejía, ni siquiera firmó su entrevista, dado que se salió de las oficinas del Ministerio Público.
Lo increíble es que, aun así, le han dado valor a una declaración que ni siquiera fue firmada por la testigo.
Pero aún hay más, ya que, en su declaración, Bibiana Mejía también se contradijo con respecto a la denuncia por desaparición forzada que interpuso en Tijuana el 17 de junio del 2020, con relación a su hermana
En esa denuncia, Bibiana Mejía declaró que el 25 de mayo recibió una llamada de Reyna, quien le dijo que le faltaba una semana para aliviarse, “ya que se encontraba embarazada y que por tal motivo se iba a ir a aliviar a Acapulco, siendo esa fecha la última vez que tuve comunicación con ella y no sé nada de ella…”
Sin embargo, en su declaración del 24 de julio del mismo año -- la cual según fiscalía no firmó porque les pidió permiso para ir al baño y no regresó-- señaló de manera contradictoria lo siguiente:
“Preocupada me fui a la población de Coyuca de Benítez para ir con mis papás para ver si tenían noticias de mi hermana y al estar con ellos, me dijeron que mi hermana sí había estado con ellos el 25 de mayo de 2020 y que todavía estaba embarazada, donde estuvo un rato y que después se fue a la cabecera municipal de Coyuca de Benítez…”
No obstante, en la CI aparece el oficio D-VIII/111780/2019/IJCF/00141/2019/LQ/19, del 05 de noviembre del 2019, suscrito por el profesionista Luis Jesús Gutiérrez de la Rosa, quien dictaminó que la ofendida, Reyna Mejía García, no se encontraba embarazada, o sea que la fiscalía sabía perfectamente que Reyna y su hermana, desde el momento que interpusieron su denuncia contra Estela Valdez, ya no se localizaron.
Lo anterior, se puede acreditar con el simple hecho que ni siquiera les alcanzaron a realizar el dictamen psicológico, ni a la denunciante, ni a su hermana, pues esta última como ya se sabe, se retiró de las instalaciones de la fiscalía de Guadalajara “para ir al baño”.
Como se puede observar, la fiscalía no ha actuado con lealtad y probidad desde el inicio de la investigación, dado que ni siquiera anexó como medio de prueba el oficio donde se dictamina que Reyna Mejía no se encontraba embarazada; no obstante, a que ambas dijeron que Reyna estaba embarazada del hijo de Estela Valdez.
ERNESTO Y MARTÍN, SIGUEN DESAPARECIDOS
Con relación a la denuncia que existe en Guerrero en contra de Reyna Mejía por el delito de desaparición forzada en agravio de Ernesto Quinar Valdez y Martín Hernández Valdez, que fue interpuesta por Estela Valdez y la madre de Martín en la Agencia de Investigación Temprana 1 de Coyuca de Benítez, cuya Carpeta de Investigación (CI) es la número 12030360100100040620, se reitera que Ernesto Quinar, en compañía de Martin Hernández, fueron a Coyuca de Benítez por indicaciones de Reyna y que nunca más los volvieron a ver.
Empero, la fiscalía encargada de la investigación, así como su titular, en ningún momento han apoyado a las madres de los desaparecidos para lograr el esclarecimiento de los hechos.
Lo más indignante para ellos, es que el fiscal de Jalisco jamás ha brindado el apoyo a Estela Valdez y a la madre de Martín que sufrieron la desaparición de sus hijos.
En los hechos, pareciera que hubiera consigna en contra de la señora Valdez, ya que, según los abogados, “es tanto su afán de perjudicar a la acusada, que incluso el juez oral le ha negado su derecho a pasar su proceso en prisión domiciliaria, no obstante que se encuentra acreditado que Estela Valdez tiene 79 años, ser adulto mayor, con padecimientos de perdida de la memoria, además de hipertensión, negándole su derecho a que tenga los cuidados médicos y familiares adecuados, dado que en el reclusorio no cuentan con un geriatra, ni psiquiatra”.
Todavía peor, “el juzgado de mujeres se ha negado a realizar un pronunciamiento al respecto, sin haber ordenado ni siquiera recabar el expediente médico, que por alguna razón oculta no lo quieren entregar ni a su familia ni a su abogado particular”.
La familia de los jóvenes vallartenses desaparecidos pide al fiscal de Jalisco les brinde el apoyo correspondiente ante la fiscalía de Guerrero, con el fin de encontrar a los responsables, y que en dado caso que Reyna Mejía y su hermana Bibiana hayan tenido participación en la desaparición de Ernesto y Martín, se les castigue, sin que oculten datos de prueba para inculpar a Estela Margarita.
Asimismo, “las familias de las personas desaparecidas piden el apoyo de la ciudadanía, con el fin de que las autoridades ministeriales y judiciales actúen apegadas a derecho, con lealtad, y no transgredan los derechos humanos, al tratar de incriminar a Estela Margarita sin investigar a fondo, y solicitando el diferimiento de la audiencia de juicio, solapada por la juez oral, no obstante, de que saben que la acusada es inocente, y que sus denunciantes falsearon los hechos desde su primeras denuncias”, apuntan los abogados de doña Estela.
