A unos días de que denunciamos en este medio que el edificio “Harmony” estaba siendo favorecido por funcionarios federales y municipales, hubo malestar entre los representantes de este desarrollo que se levanta en el número 223 de la calle Basilio Badillo, al grado de que hubo trascendidos en el sentido de que el empresario Jorge Vergara García –aparente dueño del inmueble—habría filtrado información sobre supuestos sobornos de casi un millón de pesos a empleados de la Dirección de Planeación Urbana para conseguir la licencia municipal de construcción.
En dichos trascendidos señalaron específicamente al jefe de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Desarrollo Urbano, Jahir Eliud Secundino Valladares y al encargado de Proyectos Estratégicos, José Martínez –mejor conocido como Pepe Martínez—; pero la Contraloría Municipal no ha hecho la investigación pertinente, solo permanece ausente.
Sin embargo, lo más grave es lo que se comenta entre desarrolladores inmobiliarios de Puerto Vallarta sobre el empresario Jorge Vergara García, quien sostienen que a veces se va de boca y presume tener comprado al delegado de la Semarnat en el Estado, Raúl Rodríguez Rosales, el mismo que forma parte del grupo de la periodista Susana Carreño, y a quien le debe el favor de haber sido nombrado titular del medio ambiente en Jalisco.
Como indicamos en otro artículo, el grupo de amigos de Raúl Rodríguez –también asesor de la asociación de vecinos del fraccionamiento Conchas Chinas, cuya dirección está en manos del gringo Jeff Wright, y a quien se le atribuye estar detrás de la clausura de más de 20 desarrollos inmobiliarios en Puerto Vallarta— estaba formado por el ex director del Seapal, Salvador Llamas, la comunicadora Susana Carreño y el abogado Maximiliano Lomelí, a quienes señalan (siempre con la presunción por delante) de ser muy unidos.
Hoy, la corrupción de Raúl Rodríguez no se puede ocultar y el proyecto “Harmony” avanza a todo vapor (Como se muestra en videos por separado) sin que la autoridad federal, mucho menos la municipal, le exija que muestre la MIA, tal y como se las solicitó a los desarrollos que actualmente están clausurados por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa); entre otras cosas, por las presiones de la señora Carreño, se quejan desarrolladores.
En Puerto Vallarta, Raúl Rodríguez Rosales tiene una serie de graves señalamientos que, por su gravedad, no debería ser sostenido en la delegación Jalisco por la secretaria del medio ambiente, María Luisa Albores, porque tarde o temprano va a salir a la luz pública información que ya trae un grupo de inteligencia federal y que, incluso podría afectar la imagen de la señora Albores.
