Por Jorge Olmos Contreras

Antes lo hizo en “Puente Grande”, y ahora lo hace en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte (CEINJURE) –mejor conocido como penal de Ixtapa--; nos referimos al negocio que acaba de implementar el director del organismo público descentralizado (OPD) denominado Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO), Mauricio Guadalupe Melendrez Aldrete, quien sin tener una concesión del gobierno del Estado y mucho menos un permiso oficial, decidió cerrar un área pública que se ubica a las afueras del Reclusorio en mención para cobrar 30 pesos por vehículo que entra al “nuevo aparcamiento”, que no es otra cosa que un terreno improvisado para lucrar.

Ahora sabemos que Melendrez Aldrete es amigo personal del gobernador Pablo Lemus Navarro, con quien trabajó en los gobiernos municipales que le tocó presidir al hoy mandatario estatal.

Con esa influencia, Mauricio Guadalupe Melendrez llegó a Puerto Vallarta para hacer todo tipo de negocios, en contubernio con el director del penal, Miguel Ángel Ayón García.

Este tipo de negocios –que no son transparentes—son disfrazados como benéficos para los reclusos, ya que supuestamente el dinero obtenido por el cobro del estacionamiento será destinado a adquirir mercancías para que los presos elaboren productos y los vendan a terceros.

QUÉ DICE LA LEY DEL INJALRESO

La ley del INJALRESO se aprobó por el Congreso del Estado el 31 de marzo de 1981 y en esta se indica que este OPD “tendrá a su cargo la creación, control y administración de las industrias que se constituyan en todos los reclusorios preventivos y centros de readaptación social del Estado, de adultos, hombres o mujeres, así como la organización del trabajo que en ellas se desempeñe por los internos y la comercialización de los productos resultantes.

Que el trabajo penitenciario tendrá como objetivos principales contribuir en los sistemas de readaptación y rehabilitación de los internos a través de la capacitación laboral, así como el mejoramiento de los establecimientos.

Para el cumplimiento de sus fines, en los términos de esta ley, tendrá a su cargo la administración de los bienes que integren el patrimonio-afectación que se establece en la misma, comprendiendo todas las industrias, empresas, propiedades y demás ingresos que constituyan la fuente de sus recursos económicos”

Su principal función es administrar y organizar el trabajo de los internos del Reclusorio Preventivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, del Centro de Readaptación Femenil, del Centro de Readaptación Social del Estado y de los demás centros similares que se constituyan en el futuro en el Estado de Jalisco y percibir directamente los subsidios que le otorguen la Federación, el Estado y los Municipios, las cuotas de recuperación, las rentas y los aprovechamientos diversos de los bienes así como los demás ingresos que constituyen su patrimonio- afectación.

Dicha ley también le permite al INJALRESO adquirir los bienes muebles e inmuebles y realizar las construcciones necesarias en los mismos, para el cumplimiento de sus fines.

ESTACIONAMIENTO NO ES DEL ORGANISMO

Lo anterior quiere decir que puede adquirir bienes muebles e inmuebles para rehabilitar a los presos, pero nunca señala que puede apropiarse de un área destinada al estacionamiento.

Incluso el artículo 19 de esta ley señala que “las áreas de trabajo no productivas, tales como limpieza, jardín, cocina, lavandería, así como aquellos productos que provengan de la labor terapia efectuada en los centros escolares o en otros sectores de tratamiento diverso, seguirán bajo el control de la administración de cada institución a través de la Dirección General de Readaptación Social.

Por lo tanto, nunca dice que estarán bajo el control del INJALRESO.

De hecho, el artículo 32 de esta ley indica que “el patrimonio de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, lo integran todos los bienes que constituyen fuentes de ingresos, tanto los presentes como los que adquiera en el futuro, así como los productos y aprovechamientos que obtengan de la explotación de las industrias y empresas a su cargo, en los términos del reglamento respectivo. Dichos bienes serán inembargables y estarán exentos de toda clase de contribuciones, impuesto o derechos estatales y municipales”.

Bajo esta tesitura, si el área de estacionamiento fuera explotada por una de las industrias que manejan los presos a través de empresas contratadas y la propias del organismo, se justificaría el uso del terreno, pero no es el caso, sino que arbitrariamente, el director del INJALRESO decidió cercar la zona y cobrar 30 pesos por coche que ingresa.

UN JUGOSO NEGOCIO

Como publicamos en otro artículo, se trata de un negocio de 168 mil pesos aproximadamente, ya que están cobrando 30 pesos por vehículo que ingresa, así se trate de personas que laboran en la llamada “ciudad judicial”. Si multiplicamos que al mes entran por lo menos 200 coches, nos dan seis mil pesos diarios, 42 mil a la semana, y 168 mil pesos, libres de polvo y paja, cada 30 días.

 En el caso de Puerto Vallarta, el único que puede intervenir para detener el cobro de estacionamiento arbitrario a las afueras del penal, es el gobernador Pablo Lemus, ya que es el presidente del Consejo de Administración del INJALRESO.

LA OPACIDAD, ANTE TODO

El 05 de marzo pasado, hicimos una solicitud de información sobre este tema al titular de la Unidad de Transparencia del INJALRESO, Cuauhtli Tonatiuh Ríos Gutiérrez. Le enviamos el siguiente cuestionario y hoy, ocho días después, no ha respondido las preguntas al correo electrónico que dejamos para este fin.

“Por este conducto se solicita de la manera más atenta proporcionar a este medio de comunicación www.vallartauno.com la siguiente información de carácter público:

1.- De existir, proporcionar contrato de prestación de servicios y, o convenio para operar un estacionamiento de cuota en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte (CEINJURE) ubicado en Puerto Vallarta y nombre de la persona física o moral encargada o responsable de la administración de este lugar de aparcamiento que antes era de acceso libre y gratuito.

2.- De no haber dicho contrato y o convenio, explicación del por qué se está cobrando estacionarse en un área pública que ha generado inconformidad entre los usuarios.

3.- Informar quién es el o la persona que ordenó cerrar este espacio para cobrar 30 pesos por automóvil, ya que fue cercado y colocado letreros de “no estacionarse” incluso en la acera de enfrente de la carretera estatal 544 Vallarta-Las Palmas.

4.- Informar el monto económico que se ha recaudado por concepto de cobro de estacionamiento desde el día de su apertura a la fecha.

5.- Precisar si el INJALRESO aplicó una medida similar con anterioridad, es decir, cobro de estacionamiento, en el Centro de Readaptación conocido como Puente Grande.

6.- Informar si el señor Mauricio Guadalupe Melendrez Aldrete, director del INJALRESO, fue funcionario público en algún gobierno municipal o estatal presidido por el señor Pablo Lemus Navarro o Enrique Alfaro Ramírez.

Por Jorge Olmos Contreras

Sorpresa en el medio periodístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el conocerse la noticia de que el nuevo subdirector de turismo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas es Jesús Eduardo de los Santos Mendoza, hijo de la periodista y locutora Susana Mendoza Carreño.

Por Jorge Olmos Contreras

Llegó sin experiencia, solo recomendada por alguien poderoso, y de inmediato comenzaron los problemas en la oficina de finanzas del gobierno estatal que está en la Unidad Regional de Servicios del Estado (UNIRSE), donde el caos, la improvisación, la corrupción, el nepotismo y el amiguismo están a la orden del día, de la mano de la nueva coordinadora de la zona región Costa Norte, Gema Esmeralda de la Torre Hernández, una mujer que en pocos días en Puerto Vallarta estableció una red, acaso para tratar de hacer negocios con el cargo que le confirió el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Por Jorge Olmos Contreras

Tras la sonrisa bien actuada que aparece en todas las fotografías de sus boletines de prensa, se esconde un hombre con gran capacidad histriónica que, en menos de seis meses que lleva al frente del XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, ya trae arrastrando graves problemas de inseguridad y corrupción, pero, sobre todo, señalamientos de haberse aliado con grupos que han llamado la atención del Centro Nacional de Inteligencia del gobierno de la República.