Por Jorge Olmos Contreras

El lodazal de la política o la política del lodazal, como usted quiera nombrar a lo que sucede al interior de los diferentes partidos políticos que, en Puerto Vallarta van a postular a candidatos a puestos de elección popular, ya que mientras unos ensucian el proceso interno con “fake news” y encuestas simuladas, otros rompen alianzas y unos más se van solos, por la libre, a la contienda cuyas campañas –en el caso de munícipes y diputados locales-- comienzan el 31 de marzo y concluyen, todas, el 29 de mayo de este 2024.

Por Jorge Olmos Contreras

Ahora que vienen las máximas autoridades judiciales del Estado a Puerto Vallarta para inaugurar nuevas salas de control y oralidad, sería prudente que revisaran el actuar de algunos de los jueces del XXVII partido judicial con sede en esta ciudad, debido a una serie de señalamientos, denuncias e irregularidades que impiden el acceso a la justicia a víctimas de diferentes delitos.

Tal es el caso de la titular del Juzgado Segundo de lo Civil, Sandra Verónica Delgado King, quien apenas el 07 de diciembre del 2023   pasado fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Carpeta de Investigación 824/2023), por delitos cometidos en la administración de la justicia y por abuso de autoridad.

Esta juez, es la que, violando el debido proceso, ha ejercido acciones que podrían ser punibles, al evitar a toda costa que un padre de familia, de nombre Flavio González, pueda convivir con sus dos hijos menores que procreó con una señora de nombre Maribel N, y que ella sustrajo de su domicilio --sin consentimiento de alguna autoridad—para llevárselos a escondidas a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La juez no ha actuado sola, sino que ha contado con la complicidad de la conocida abogada Sandra Quiñones para, con mentiras, tratar de engañar a las autoridades y hacer creer que la madre de los menores había sido “reubicada” a un centro de protección de violencia contra las mujeres, lo cual resultó totalmente falso.

Por dicha falsedad, la abogada Sandra Quiñones enfrenta un proceso legal, de acuerdo con la Carpeta de Investigación (CI) 2833/2022, por el delito de Falsedad en Declaraciones e Informes Dados a una Autoridad.

LA HISTORIA

Esta historia, que ya hemos manejado en otros artículos, versa sobre el aprovechamiento que ha hecho una mujer –que además es funcionaria en Hermosillo, Sonora—y su abogada, para ejercer y fomentar un odio descomunal en contra de Flavio González –un ciudadano México-Americano que vive en Puerto Vallarta—y aplastarlo lo más que puedan, con tal de conseguir su objetivo: que no vea, nunca jamás, a sus dos hijos menores, cuyos nombres se reservan por razones obvias.

Para ello, se han valido de argucias y mentiras para tratar de burlar la justicia y que jueces, como la señora Delgado King, se conviertan en sus cómplices a fin de entorpecer un proceso legal (por cierto, viciado a más no poder), sin importar cometer delitos con sus acciones, ni que se atente contra los derechos de los niños y del propio progenitor.

Así las cosas, el 27 de agosto del 2020 –y luego de una relación que no prosperó—Flavio González interpuso una demanda en el juzgado segundo de lo civil para que se fijaran periodos de visitas y convivencia familiar con uno de sus hijos. La querella era contra Maribel N, la cual fue admitida el 02 de septiembre del mismo año y la madre del niño fue emplazada el día 17 en su domicilio particular.

LA MANO DE SANDRA

Para enfrentar dicha demanda, el 22 de septiembre del 2020, Maribel N contrató a la abogada Sandra Quiñones; pero al día siguiente, día 23, la mamá abandonó el domicilio y se llevó a los dos niños con rumbo desconocido hasta ese momento. Al darse cuenta de lo que hizo su ex pareja, Flavio González se angustió, no sabía qué hacer, se sentía impotente al no saber el paradero de los menores.

El hombre, de la angustia pasó a la desesperación y la incertidumbre, sobre todo porque Maribel N actuó con dolo, ya que tenía pleno conocimiento de que previo a esta demanda, había una orden de arraigo decretada por el entonces juez tercero de lo civil, Jorge Alfredo Hidalgo González --según expediente 526/2019-- en la cual el padre solicitaba la guarda y custodia de uno de los menores, por lo que dio aviso al órgano jurisdiccional.

Por esta solicitud, el 16 de marzo del 2021, se convocó a una audiencia conciliatoria en la sede del juzgado segundo ante la presencia del Tribunal Constituido en Audiencia Pública.

Sin embargo, de acuerdo con la constancia de la referida audiencia, la abogada Sandra Quiñones manifestó que Maribel N “no se podía presentar”, “en virtud de que fue evaluado el nivel de riesgo por violencia intrafamiliar por el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM)”; esto, derivado de otro asunto penal.

LAS MENTIRAS

En ese contexto, Sandra Quiñones no solo mintió sobre este respecto, sino que además aseguró que supuestamente “encontraron una Red de Apoyo” para reubicar del domicilio a Maribel, y que por lo tanto ella, la Quiñones, “desconocía dónde se encontraba” su defendida.

Todavía peor, el 15 de abril del 2021, Sandra Quiñones, para tratar de justificar su actuar, presentó un oficio signado por el MP adscrito al CJM, donde se incluye una “Evaluación de Riesgo” que le fue hecha a Maribel el 17 de julio del 2019, así como una “revaloración”, en la que la misma abogada sostiene que, según dicho dictamen, Maribel “pasó de amarillo a rojo” en el “violentómetro”, por lo que era necesario que se estableciera una “red de apoyo” que le permitiera a la madre y sus hijos “estar a salvo”; por lo que “dicha red se avocó a mover a Maribel”… a “un lugar seguro”.

En ese sentido, y bajo protesta de decir verdad, Sandra Quiñones dijo que desconocía el domicilio donde se encontraba su representada, “ya que esa información solamente la conoce la red de apoyo que la movió de lugar”.

Y fue en esta parte del proceso en la que descubrieron las mentiras de Sandra Quiñones, ya que, en las copias certificadas presentadas por ella, solamente se advierte la evaluación de riesgo que le fue practicada a Maribel N, pero no así que haya sido redireccionada a una red de apoyo.

En otras palabras, Maribel N nunca fue canalizada a una “Red de Apoyo” como lo aseguró Sandra Quiñones –afirma el afectado en su denuncia contra la jueza Delgado King—. Y agrega: “pero lo dijo en aras de inducir a la autoridad jurisdiccional a fin de obtener un beneficio a sus intereses”.

EL DESMENTIDO

De hecho, el juez Hidalgo señaló que en las copias que entregó Sandra Quiñones, no se desprendía su aseveración de que Maribel N haya sido canalizada a una Red de Apoyo.

Todavía más contundente fue que para desmentir a la abogada Quiñones, los titulares del juzgado segundo firmaron un acuerdo en el que se advierte claramente que el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres señala que “no se ordenó la reubicación de la demandada Maribel N”, y que, además, la CI 4395/2019 –por supuesta violencia familiar-- ya había sido sobreseída.

En este tenor y al corroborar que no existía ninguna situación de riesgo contra Maribel N, el juzgado segundo solicitó la presencia de la madre de los menores –entre otras cosas, para efectuarle exámenes psicológicos--, pero han transcurrido más de dos años, y la señora no se ha presentado… “a causa de las falacias que dolosamente manifiesta su abogada, por lo que evidente y dolosamente emitió información falsa ante el juez con el objeto de evitar que Maribel N compareciera”, aduce el afectado.

Antes, el 27 de octubre del 2021, Flavio González solicitó la convivencia personal con el otro de sus hijos –cuya custodia sí tiene Maribel—; por lo que el entonces juez Hidalgo giró oficio al Centro de Convivencias Municipal de Puerto Vallarta para que el padre pudiera ver a su hijo dos veces por semana.

Asimismo, para atender dicha solicitud y salvaguardar los derechos de convivencia del menor, se le dictó una medida a Maribel que a la letra dice:

“Se le prohíbe a la madre salir sin autorización judicial de esta ciudad portuaria, así como de la zona conurbada de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en el entendido que de hacerlo se hará acreedora a las sanciones que se imponen por desacato judicial, y sin perjuicio de los delitos que pudiera incurrir”.

EL DESACATO

Pero Maribel N, empoderada y mal asesorada por la abogada, hizo caso omiso a la medida dictada por el juez Hidalgo y se fue a vivir a un fraccionamiento a la ciudad de Hermosillo, Sonora; por lo que el padre, desde abril del 2020 no ha podido tener ninguna clase de acercamiento o convivencia con su hijo.

Por ello, el 11 de agosto del 2020, el papá, presentó un segundo incidente por guarda y custodia del otro de los menores que Maribel se llevó a Hermosillo; pero ahora intervino la nueva titular del juzgado segundo, Sandra Verónica Delgado, quien sin ningún recato ni asomo de vergüenza argumentó que no era pertinente emitir sentencia interlocutoria que resolviera el incidente de guardia y custodia, “porque es necesario escuchar al menor y saber exactamente su lugar de residencia”.

El padre trató de combatir esta injusta resolución de la jueza, entre otras cosas porque el menor tenía tres años y no tenía la edad suficiente para emitir una opinión viable acerca de sus deseos e interés; pero este medio de defensa fue desechado por la juzgadora social, lo que implicó una grave violación en contra del interés superior del menor, que, como es del dominio público y legal, debe regir en todos los juicios en donde se vea involucrado el derecho de una niña, niño o adolescente.

Pero Flavio González no se dio por vencido, y el 18 de octubre del 2022, envió un exhorto a la Juez de lo Familiar en Turno de Hermosillo, Sonora, Yanira Lourdes Sánchez, para que hiciera las diligencias necesarias debido a que Maribel N estaba residiendo en aquella ciudad.

La juez Hermosillo, a su vez, envió oficio a la policía municipal para ver si en sus registros obraba el domicilio de Maribel N, pero no lo hicieron, por lo que el documento fue regresado sin diligenciar el pasado 31 de enero del 2023.

LA IGNOMINIA

Posteriormente, Flavio González –a través de unos amigos que viven allá—ubicó el domicilio de Maribel donde tiene a los niños y de inmediato, el 18 de octubre del 2023, lo notificó al juzgado segundo; pero por increíble que parezca, la juez Delgado King se declaró “incompetente de seguir conociendo el expediente” 375/2020 y ordenó remitirlo al juez competente en turno de Hermosillo, Sonora… aun cuando el asunto se inició en Puerto Vallarta.

Esta acción –injusta e ilegal a todas luces—le fue notificada al padre de familia el 06 de noviembre del 2023, por lo que estando en tiempo y forma (tenía 10 días para hacerlo) decidió interponer recurso de apelación. Y así lo hizo, al tercer día apeló, pero la juez Delgado King no se pronunció al respecto; y al pasar los días, y exigir una explicación de este mal proceder, empleados del juzgado le informaron a Flavio González que el expediente ya había sido enviado a Hermosillo; esto, sin haber tomado en cuenta el recurso de apelación.

De esta manera, es por demás claro que la juez Sandra Verónica Delgado vulneró al padre de los menores sus derechos fundamentales de acceso a la jurisdicción, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia de alzada, derecho a la tutela judicial y recurso de apelación, comentan abogados del afectado.

Por estas y otras irregularidades, el Consejo de la Judicatura –cuyos responsables estarán en Puerto Vallarta el próximo viernes—ya deben intervenir antes de que haya más víctimas de jueces venales como la señora Delgado King.