Por Jorge Olmos Contreras
El alcalde priista de Bahía de Banderas no ha dimensionado la importancia del grado de inversión y plusvalía que la daría al municipio la construcción de un mega-centro comercial alrededor de la nueva presidencia municipal, lo cual se haría realidad si no le pusiera tantas trabas al contrato jurídico que firmó el gobierno municipal con el Grupo Minero Imex, convenio que intenta desconocer, no pagar el arrendamiento del inmueble que ya ocupa el Ayuntamiento que preside, y lo que es peor, intenta trasladar en forma por demás ilegal, este contrato, a una empresa en donde figura como socio principal su amigo Antonio Ugalde.
El primero de septiembre del año 2014, tomó protesta como alcalde de Bahía de Banderas, uno de los municipios más grandes y pujantes de la Riviera Nayarit, José Gómez Pérez, cuñado del presidente municipal saliente, Rafael Cervantes Padilla –ambos de extracción priista—y a la vuelta de 11 meses de gobierno, no sólo se ha peleado con todos los regidores del pleno del Ayuntamiento, incluida la síndico Mónica Saldaña, sino que ha hecho múltiples negocios a la sombra del poder e intenta ir hasta por el nuevo edificio de la Presidencia Municipal, que se ubica en el Valle de Banderas.
Autoritario e ignorante de las leyes, José Gómez –un joven que no rebasa los 40 años de edad—ideó, desde el VIII Ayuntamiento de Bahía de Banderas, donde fungía como Director de Desarrollo Social, un mecanismo de inversión que lo convirtiera en millonario. El objetivo era construir un nuevo inmueble que albergara las oficinas del gobierno municipal, un edificio que “estuviera a las alturas de una nueva historia de progreso”, según el slogan de la administración 2012-2014, que le correspondió presidir a su cuñado, Rafael Cervantes Padilla.
Para ello, le vendió la idea al entonces alcalde, en el sentido de que hiciera un contrato de Asociación Público Privada (APP) –por cierto, una de las mejores figuras que existen hoy en día para que los municipios realicen obras y proyectos en coinversión con el sector privado-- con una empresa privada, en el cual el Ayuntamiento aportaría un terreno de su propiedad y el empresario construyera un edificio administrativo de servicios municipales.
LOS PRIMEROS PASOS
A cambio de esta construcción, el Ayuntamiento se obligaba a pagar una renta mensual por un periodo de 25 años, y al término de este tiempo, el gobierno municipal se convertiría en dueño absoluto del inmueble.
Pero la primera empresa interesada no pudo acceder a una línea de crédito que había solicitado al Grupo Invex para llevar a cabo este proyecto; y entonces el gobierno municipal canceló y decretó la rescisión del contrato.
No obstante a este fracaso inicial, los cuñados no quitaron el dedo del renglón e insistieron en llevar a cabo el contrato de Asociación Público Privada (APP) con otra empresa. Es aquí donde aparece la firma “Administración de Recursos Empresariales SC”, cuyo socio principal es el constructor José Antonio Ugalde, un antiguo amigo del hoy alcalde, José Gómez, que se vio involucrado en la escena de un homicidio ocurrido en la Ciudad de México en el año 2008, el asesinato del conocido abogado vallartense, Moisés Andrade, crimen aún no esclarecido.
Ese año, desconocidos asesinaron al abogado vallartense en el momento que descendía de un automóvil a su llegada al Distrito Federal; el único acompañante de Andrade era Antonio Ugalde, a quienes sospechosamente los asesinos no tocaron. A la postre, se descubrió que el muerto era compadre de José Gómez y que los tres tenían intereses comunes en una empresa constructora.
CONFLICTO DE INTERESES
Y bueno, pese al evidente conflicto de intereses, el Ayuntamiento de los cuñados firmó el contrato de APP con “Administración de Recursos Empresariales SC”, sin importarles además que se tratara de una empresa SC, ya que la Ley de Asociaciones Públicas Privadas del Estado de Nayarit establece que este tipo de contratos se tienen que formalizar con una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, es decir, una SAPI de CV, y no una SC.
En el contrato, al que este medio de comunicación tuvo acceso, se puede leer que el Ayuntamiento pagaría un millón 385 mil 500 pesos mensuales a “Administración de Recursos Empresariales SC”, por los siguientes conceptos: Renta de Edificio Administrativo, un millón 300 mil 500 pesos, más 85 mil pesos por el Mantenimiento del Inmueble.
Sin embargo, la empresa de Antonio Ugalde no se logró fondear con recursos líquidos e incumplió con el contrato de construcción del nuevo edificio de la Presidencia Municipal, prácticamente abandonó la obra y tras una minuciosa revisión del Órgano Ejecutor, presidido por el entonces tesorero municipal, Oscar Sánchez Martínez, el 19 de marzo del año 2014, mediante acta administrativa, se decretó la rescisión administrativa y o rescate anticipado del contrato celebrado el 31 de julio del año 2013; para ello, se dio fe al Órgano de Fiscalización Superior de Nayarit para los fines legales a que hubiera lugar.
Así las cosas, en esa misma acta, el tesorero ordenó adjudicar a otra persona moral el multicitado contrato de inversión y prestación de servicios a largo plazo denominado “Conjunto Administrativo de Bahía de Banderas”.
EL CONTRATO
En este contexto, el 30 de abril del 2014, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas celebró este contrato APP, con la empresa “Grupo Minero Imex SAPI de CV”, y entonces se comenzó a construir el inmueble de la nueva Presidencia Municipal, con el agregado de que el convenio contempla la construcción, también, de un centro comercial y un estacionamiento público alrededor del edificio.
El nuevo contrato fue firmado por el entonces alcalde, Rafael Cervantes Padilla, el síndico, el secretario y el tesorero; y en el contenido del mismo, el Ayuntamiento se obliga a obtener el dominio pleno del inmueble en un término no mayor a un año.
Para el 14 de julio del 2014, el Ayuntamiento pagó el primer mes de renta a “Grupo Minero Imex SAPI de CV”, por la cantidad estipulada en el contrato, un millón 385 mil 500 pesos, por lo que esta firma hizo entrega al municipio de la Unidad Administrativa, todo bajo notario público y acta levantada en escritura pública.
Y para efectos de cumplimiento, el anterior Ayuntamiento domicilió en Bancomer el pago de las mensualidades posteriores por la renta del inmueble; lo hizo mediante un Fideicomiso donde aparece Grupo Minero Imex, el Ayuntamiento y el señor Luis Cohen Fis, radicado en el Banco Actinver.
SE NIEGA A PAGAR
Pero el nuevo Ayuntamiento y su alcalde, llegaron con la espada desenvainada y con muchas ganas de hacer negocios personales, por lo que José Gómez comenzó a ponerle todo tipo de trabas al Grupo Imex; entre otras cosas, negarle los permisos correspondientes para la construcción del Centro Comercial.
A su arribo a la silla presidencial, los empresarios del Grupo Minero Imex buscaron un acercamiento con el alcalde, con la finalidad de que cumpliera con el contrato. Sin embargo, representantes de Imex afirman “que desde el principio, José Gómez mostró su intención de incumplirlo, alegando que existe uno anterior –el de su socio y amigo Antonio Ugalde—y que está vigente”, y que debido a ello “él no pagará la renta hasta que un juez se lo ordene”.
Posteriormente, trascendió que José Gómez se reunió con su antiguo socio, Antonio Ugalde, y acordaron trabajar para quedarse con el edificio; porque además, se dice, lo tienen comprometido en venta para un par de empresarios.
Como se observa, dicen representantes de Imex, entre otros Alejandro Orozco Hermosillo, “la voracidad del nuevo alcalde priista no tiene límites, ya que en reuniones con la gente del Grupo Minero Imex, les inquirió que él, como presidente municipal, quiere comprar el edificio… y presuntamente les ofreció 50 millones de pesos. Que si no aceptaban, les iba a rescindir el contrato, pues alega que el inmueble tiene defectos constructivos y que su Dirección de Obras y Servicios Públicos valuaría en menos de 50 millones el edificio, y que esa sería la cantidad, que en su caso, el Ayuntamiento tendría que pagar”.
INQUILINO INCOMODO
Por si esto fuera poco, el alcalde José Gómez despacha en el nuevo edificio sede de los poderes municipales, es decir, el Ayuntamiento tiene la plena posesión y disposición del inmueble sin pagar renta alguna, y lo que es peor, pretende hacer valer un contrato de otra firma, “Administración de Recursos Empresariales SC”, donde él tiene un claro conflicto de intereses y cuyos empresarios no han erogado un solo peso en la edificación de la Unidad Administrativa.
En este sentido, los representantes de Imex se defienden, y obtienen de parte de la autoridad judicial la resolución del contrato de transacción y se ordena y condena al Ayuntamiento, por parte del Juzgado Tercero de lo Civil en Puerto Vallarta, a realizar el pago de adeudo de la renta, que a la fecha es de más de 13 millones de pesos.
Sin embargo, con total desconocimiento de la ley, José Gómez afirma que no pagará y que utilizará los medios que sean necesarios para alargar este juicio, la intención es molestar y cansar a los empresarios de Imex.
Y para reafirmar que su intención es robarse el contrato de APP, trata de dárselo a la empresa de su socio Antonio Ugalde y de paso hurtarse el nuevo edificio de la Presidencia Municipal de Bahía de Banderas, pues pide y denuncia juicio a terceros, además de exigir que se involucre en el proceso a la firma “Administración de Recursos Empresariales”, la misma a la que le rescindieron el contrato el 19 de marzo del 2014, alegando “que ellos tienen derechos sobre el edificio”.
LA CONDENA
Los asesores jurídicos del alcalde de Bahía de Banderas, han contestado las demandas con muchas deficiencias, como responder con un juicio civil ordinario, cuando este asunto es una transacción; y llegan al grado de exigir que se decrete la incompetencia del Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, pero esto no ha procedido, y el Juzgado ordena notificar al Ayuntamiento y lo condena a pagar lo suscrito en el contrato de APP.
Lo grave del asunto, es que su antecesor comprometió las participaciones federales del municipio, en caso de incumplimiento, por lo que los empresarios de Imex no tardan en exigir el pago por esta vía.
En todo este embrollo, el que se ve mal es el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pues está enviando mensajes a los inversionistas de que no tiene poder decisión sobre el alcalde José Gómez, quien con sus actitudes prepotentes y medidas ilegales, lo único que hace es ahuyentar la inversión y enfrascarse en pleitos jurídicos para sacar provecho personal.
El gobernador se está viendo como un pelele de José Gómez, y cuando este caso se ventile en los medios de comunicación nacionales, Roberto Sandoval aparecerá como un mandatario sin carácter, que se presta a la corrupción de alcaldes como José Gómez y que no tiene el control político en la Riviera Nayarit.
