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Uno de los escoltas del presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez, Juan Carlos Loyola Juárez, fue asesinado en la colonia “El Retiro” de Guadalajara por sujetos desconocidos. Junto al guardaespaldas, también fue ejecutado un policía estatal asignado al grupo “Sigma” de la Fiscalía General del Estado, informaron fuentes policiacas.

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Desde su calurosa celda del reclusorio de Ixtapa, Guadalupe González Rodríguez, “el titán”, clama justicia, exige su liberación y la de sus amigos y reafirma sus señalamientos en contra de otros ejidatarios de Las Palmas y usuarios de la Unidad de Riego. Es uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) en aquella demarcación; y de su diputado local, Juan José Cuevas García, se queja de haberlo abandonado a su suerte cuando le pidió apoyo.

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La Policía Investigadora adscrita a la delegación de la Fiscalía Regional de Justicia de Jalisco, ya investiga el atentado que sufrieron la tarde de este viernes 12 de julio, un grupo de cuatro hombres que al parecer se dedican a realizar gestiones para diferentes personas, lo que se conoce como “gestores” o “coyotes”, reveló una fuente de la misma Fiscalía.

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Por Jorge Olmos Contreras

Si algo dibuja a la perfección la ingratitud de Ramón Demetrio Guerrero Martínez con la gente que le ayudó a llegar a la alcaldía de Puerto Vallarta y su tendencia a aplicarles la política del kleenex (úsese y tírese), es el caso del ex director jurídico del Ayuntamiento, Salvador López Aréchiga y uno más, el de la abogada Carmen Alicia Castelo Rubio.

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A pesar de que días pasados el líder moral del Movimiento Ciudadano en Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, sugirió que se convocara a una rueda de prensa inmediata para poner fin a las hostilidades entre el síndico municipal, Roberto Ascencio Castillo y el presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez, ésta no se dio con la rapidez que hubiera querido El Mochilas, sino tres días después en que se convocó a los medios de comunicación para dar a conocer posturas que simplemente rayaron en la falsedad y la hipocresía.

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Una vez más, el presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Mochilas,  miente y engaña a los vallartenses al afirmar que “se cuidaron los intereses del municipio” en la concesión del alumbrado público a la empresa Citelum de México S.A de C.V., toda vez que le va a pagar por adelantado a dicha compañía –con dinero del Ayuntamiento desde luego-- , la friolera cantidad de dos millones 582 mil 804 pesos mensuales a partir del 23 de julio, lo que hará un total de 309 millones 936 mil 480 pesos durante los 10 años que dure la concesión, sin que la filial francesa de Citelum tenga que invertir prácticamente ningún peso, pues el gobierno local le estaría financiando con dinero líquido su gasto para prestar el servicio.

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La salida del coronel Silvestre Chávez de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, es inminente, toda vez que no habría pasado el examen de confianza –un requisito indispensable para seguir en el puesto policiaco según los criterios de Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño del Estado de Jalisco y sus Municipios--, según trascendió ayer entre mandos policiacos y cuya versión corrió como reguero de pólvora entre decenas de policías que están inconformes con el actuar del militar y su escolta Jorge Aguilera.
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El grupo de colaboradores que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez importó de Zapopan y Guadalajara está a punto de colapsarse en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por su participación, activa o pasiva, en graves actos de corrupción que se cometieron en el gobierno municipal de la ex villa maicera, cuando su titular era el panista Juan Sánchez Aldana.

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Si algo le faltaba al coronel Silvestre Chávez para darle la puntilla al frente de Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, es verse involucrado en un delito en materia de Información Pública contemplado en el Código Penal de Jalisco, que sanciona con prisión de uno a cinco años y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada.

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La lucha con marchas, plantones y protestas que han emprendido los vecinos de Villas Universidad desde octubre del año pasado para que no se instale una gasolinera cerca de sus casas, pretende ser borrada de un plumazo por el procurador social del Ayuntamiento vallartense, Juan Hernández, al ofrecerles mejoras a su colonia, a cambio de que firmen el consentimiento para que entre en operación la estación de servicio de combustible, cuyo permiso fue otorgado por el ex alcalde Salvador González Reséndiz a tan sólo tres días de que concluyera su administración, es decir, el 28 de septiembre del 2012.